El fin de la transición y la necesidad de una nueva constitución

Por John Charney, Laura Mayer y Enzo Solari*

Después de la histórica marcha en Santiago que congregó a más de un millón de personas, y de multitudinarias marchas en otras ciudades y capitales regionales (así como conviene hablar con conciencia de género, también es preferible hacerlo con conciencia de las desigualdades territoriales chilenas), va cristalizando el sentido de la protesta social que comenzó hace más de una semana y que ha llevado al país a la crisis más aguda desde el retorno a la democracia. Conviene detenerse reflexivamente para auscultar al menos una parte de tal sentido.

Ante todo, habría que decir que esta crisis no es primariamente el producto de la subjetividad de una generación que transforma su percepción del mundo en verdades objetivas e intenta imponerlas sin deliberación al resto, como dijera Carlos Peña (una necesaria crítica sociológica de sus tesis sobre la modernización capitalista chilena es esta). Más bien se trata de una crisis constitucional, en la que las bases de legitimidad que dieron forma y sustentaron la carta fundamental que nos gobierna desde la dictadura alcanzaron un punto de ebullición que hace imposible restituirlas a su estado anterior. Este es un momento histórico que representa el fin de la transición, el ocaso de la legitimidad del pacto político impuesto en la dictadura militar y vigente en una significativa medida durante los últimos treinta años. Y precisamente porque las soluciones a este conflicto no podremos encontrarlas en el orden institucional vigente, meros cambios ministeriales y agendas sociales que no toquen aspectos fundamentales del modelo político y económico chileno serán insuficientes e incluso podrían ser frustrantes y contraproducentes.

La crisis constitucional se expresa en al menos dos elementos que son fundantes de ese arreglo impuesto. El primero es lo que podríamos llamar la constitución social. La queja que nítidamente ha expresado la ciudadanía en las calles es en contra de un sistema de pensiones básicamente fundado en capitalización individual administrada por empresas privadas con enormes ganancias; en contra del exorbitante precio de los remedios ofrecido por farmacias en parte coludidas para tal efecto; en contra de la precariedad y segregación de nuestro sistema público de educación y salud; en contra de la desigualdad entre empresarios y trabajadores en los procesos de negociación colectiva; en contra de la inequidad estructural de nuestra sociedad y de un sistema tributario débil, poco progresivo y magramente redistributivo; en contra de la privatización de facto de recursos naturales tan fundamentales como el agua y de la depredación ambiental y la creación de obscenas zonas de sacrificio humano; en contra del modo violento, sin reconocimiento y culturalmente tosco en que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas: dicha queja constituye un repudio al modo en que la Constitución configura los derechos sociales, económicos y culturales. Un sistema que, al mercantilizar esos derechos sociales, asegura su satisfacción sobre todo de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno, y poniendo en el centro a la propiedad privada, la cual funciona exorbitantemente como un límite a cualquier posibilidad de transformación política fundada en la solidaridad y el reconocimiento del otro.

La crisis se expresa además en la constitución política. Nuestra actual organización constitucional no hace posible que las diversas demandas por reconfigurar el pacto social creado durante la dictadura puedan encausarse institucionalmente. Aun desaparecidos los senadores designados y buena parte del sistema electoral binominal, la rigidez (supramayoritaria) de la Constitución y de multitud de leyes decisivas que organizan las bases políticas y económicas del modelo chileno, más un Tribunal Constitucional hipertrofiado y vulgarizado tanto por su propia configuración cuanto por sus mismas prácticas, no permiten reformar el núcleo más duro del antiguo régimen contra el cual hoy buena parte del país se ha levantado. 

A esto bien podrían añadirse otras cuestiones difícilmente negables: una centralización política, administrativa y financiera delirante; un bicameralismo injustificado comparadamente si se considera que entre nosotros no hay una cámara estrictamente atenida a una representación territorial; un hiperpresidencialismo que -como ahora mismo- no permite abordar agudas crisis político-institucionales con herramientas como la disolución parlamentaria y la censura del jefe del gobierno (lo que decía Kelsen de la constitución de 1925 es perfectamente aplicable a la actual: “la […] Constitución chilena es un producto de aquel movimiento antiparlamentario que hoy se propaga también en Europa […] La Constitución incluye una serie de disposiciones que conducen desde ahí hasta muy cerca de las fronteras de aquella forma que hoy se acostumbra a denominar una dictadura. Esto se observa especialmente en el campo legislativo […] La tramitación legislativa está regulada en una forma que asegura al presidente una influencia decisiva”). Así, este es un sistema constitucional que impide la conducción de la demanda ciudadana y que ha permitido que la injusticia estructural heredada de la dictadura (así como de otras tendencias chilenas de larga data) no haya podido ser corregida sustantivamente en más de treinta años.

La solución a una crisis de esta naturaleza debe ser de la profundidad de la crisis misma. Desgraciadamente, hay motivos para dudar de las capacidades de un gobierno de derecha como el que tenemos para procesar estas demandas de cambios estructurales; aunque, todo hay que decirlo, también es cómodo echarle la culpa de todo a la derecha, pues mucho paño habría que cortar en relación con la exconcertación (como acaba de decir Gabriel Palma). Y es que resulta difícil de imaginar que un gobierno todavía tan centrado en la propiedad privada, incluso por sobre otros derechos de muchísima mayor relevancia, tan convencido de que la estabilidad política implica mantener intocables una serie de dogmas, así como el grueso de la actual institucionalidad, esté en condiciones de dar respuesta a una crisis de la envergadura de la que hoy vivimos.    

Y, sin embargo, hemos de tomar decisiones fundamentales que nos permitan constituir un marco común y para todos. No otra cosa es un proceso constituyente, porque todas las cuestiones de constitución social y política antes aludidas remiten a una constitución como a su base: la constitución por cierto no es suficiente para abordar nuestros conflictos y desafíos colectivos, pero sí es estrictamente necesaria. Decíamos hace cuatro años que esta es “también y sobre todo una crisis de fidelidad a un pacto que no constituye sino que entorpece la vida en común”. Lo interesante, e incluso terapéutico, que tendría el desencadenar una extendida y organizada discusión constitucional es que implicaría realizar un ejercicio no monopolizado por abogados ni economistas ni miembros de las élites, sino protagonizado por la comunidad política a través de su propia autorreflexividad, un ejercicio de reconfiguración de nuestra estructura política básica y de nuestros derechos fundamentales. Después de todo, la constitución del poder, de sus condiciones y límites es algo que está en las manos del mismo pueblo. 

Recuérdese en este sentido que El Gatopardo no solo contiene la famosa afirmación de Tancredi (cínicamente referida a las luchas entre el antiguo régimen y los republicanos durante la reunificación italiana): “si queremos que todo siga igual es necesario que todo cambie”, sino que también incluye ese (previo y precioso) intercambio entre Fabrizio Salina y su cuñado Màlvica que permite -¡algo tan necesario aquí y ahora!- subrayar la historicidad de las decisiones y formas políticas: “‘pero razona un poco, Fabrizio […], puede que determinado soberano no esté a la altura de la idea monárquica, pero esta, sin embargo, permanece inalterada; es independiente de las personas’. ‘También eso es verdad; pero no es posible que los Reyes, que encarnan una idea, desciendan durante generaciones por debajo de cierto nivel; si no, querido cuñado, también la idea se deteriora’”.

*Los autores son docentes en Derecho PUCV.