Estallido social desde una perspectiva feminista

El estallido de las últimas semanas ha logrado trizar el modelo político, económico y social que, pese a que se veía sólido y estable, venía cuestionándose hace décadas. El deterioro de instituciones como la Iglesia Católica a partir del destape de casos de abuso sexual; la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y policiales -paco y milicogate-; el financiamiento irregular de la clase política y su íntima relación con el poder empresarial, son sólo algunas de las expresiones de la crisis institucional que afecta a Chile desde hace ya varios años. 

La respuesta de las instituciones ante este escenario no ha sido otra que la impunidad. Las clases de ética en casos de corrupción, castigos insignificantes en delitos tributarios y los perdonazos estatales a empresas del retail son parte del pacto de protección que ha establecido el poder político y económico. Impunidad que se ha arrastrado por más de 30 años en crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y que se ha mantenido en los asesinatos de dirigentas/es sociales y políticos en democracia. 

La crisis descrita no habría sido posible sin las diferentes formas de organización social y acción política que han proliferado en Chile durante los últimos años. Las distintas organizaciones y movimientos han tenido un rol clave en posicionar una mirada crítica al modelo actual, denunciando situaciones de desigualdad, injusticia y además generando conocimiento y propuestas por una vida digna. La experiencia y aprendizaje de los años de movilización se ha visto reflejada en la negativa a aceptar medidas parciales para calmar el descontento. Existe claridad en que es necesario un cambio profundo y estructural.

Este contexto ha venido acompañado de una cada vez más palpable precarización de la vida, a partir de un modelo neoliberal instaurado en dictadura, pero profundizado y agudizado durante los 30 años de transición democrática. Las desigualdades sociales han generado un descontento masivo que se ha traducido en diversas acciones de protesta: manifestaciones acotadas y específicas, como pañuelazos por la autonomía de las mujeres, concentraciones, caminatas; la resistencia del pueblo mapuche en Wallmapu, grandes movilizaciones territoriales en Aysén, Chiloé, Freirina, Arica, Punta Arenas, TilTil, entre muchas otras; movilizaciones masivas y sostenidas en el tiempo como la revolución pingüina, el movimiento contra el lucro y por la gratuidad en la educación, el “No+AFP”, la histórica marcha “Ni una menos”, las tomas feministas en liceos y universidades y el reciente y masivo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

Todas estas acciones, organizaciones y adhesiones masivas han demostrado que “lo político” no se define solo en los elegantes salones del Congreso que habitan las élites, sino que tiene lugar en los territorios, en las calles, en la protesta y en la construcción de espacios de organización. En definitiva, en la acción de las comunidades.  

Ante el actual estallido social, la primera respuesta del gobierno – como históricamente lo ha hecho la derecha- ha sido la represión al pueblo que se manifiesta. Por primera vez en democracia le dieron el control del país a los militares y establecieron toque de queda y estado de emergencia a un pueblo marcado por la dictadura militar y los crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Sebastián Piñera le dio la venia a las fuerzas armadas y policiales para atropellar los derechos humanos de manifestantes y transeúntes en nombre del orden. Y, a pesar de que días más tarde ambas medidas fueron retiradas, la represión no ha cesado. El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fechado hasta el 4 de noviembre, da cuenta de la violencia desproporcionada: 181 acciones judiciales por homicidio, violencia sexual, torturas y otras querellas y acciones. 4.364 personas detenidas, de las cuales 1.149 son mujeres, niñas y niños. 1.659 personas heridas por armas y 160 personas con heridas oculares.

Dentro de otras prácticas utilizadas por el gobierno figuran las detenciones ilegales, persecuciones, secuestros. Así como la vigilancia por parte de los servicios de inteligencia de Carabineros sobre personas, nominadas “blancos de interés” y organizaciones gremiales, sindicales y sociales como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre varias otras. El control del gobierno se extendió también al tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación hegemónicos, llegando a citar a una reunión a los directivos de los canales nacionales, según denunció la Federación de Trabajadores de la Televisión Chilena (Fetra). Criminalización de la protesta y la anulación de los movimientos sociales como interlocutores válidos del acontecer nacional son algunas de las trabas que medios comunitarios, alternativos y organizaciones sociales, de derechos humanos y feministas se han empeñado en reivindicar.

Por su parte, el movimiento feminista ha insistido en que la violencia contra mujeres es un problema político, continuo y estructural. En momentos de masiva participación política, los agentes del Estado utilizan la violencia sexual como un arma de guerra contra mujeres, niñas, cuerpos racializados y disidencias. El legado de las feministas se hace imprescindible. Las mujeres sobrevivientes de la represión de la dictadura se encargaron de relevar la gravedad de las distintas formas de agresión sexual usadas para castigar su ejercicio político. Prácticas que hasta antes de ese momento eran completamente invisibilizadas, inclasificables, descartables. Hoy las feministas estamos alerta, no solo denunciando, también tejiendo redes para la protección de las personas, en un gesto claro: no vamos a tolerar la impunidad de estos crímenes. 

Durante los últimos años, el movimiento feminista se ha transversalizado: las mujeres no estamos aisladas, sino que constituimos las diferentes luchas políticas y sociales, demostrando que las propuestas feministas contribuyen a socavar las estructuras del sistema patriarcal y neoliberal. La acción política de las mujeres ha planteado nuevas formas de organización que cuestionan las jerarquías, los liderazgos individuales y, en definitiva, las formas patriarcales. Esta politicidad de las mujeres potencia la deliberación colectiva, los diálogos horizontales y propicia espacios de cuidado colectivo, que marcan un avance en cómo debiesen ser las condiciones básicas para la participación política de todas, todos y todes. 

En el marco de estos avances, continúa siendo urgente que las feministas profundicemos en los contenidos estratégicos que están en disputa. Porque no hay transformación posible sin mujeres JUNTAS NADA NOS DETIENE.

*Por Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.