Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

8 de Noviembre de 2019

Columna de M. Jesús Fernández y Amalia Valdés: No estamos todos/as, faltan los/as presos/as

"Golpes, humillaciones, agresiones sexuales y tortura ocurren día a día en cárceles, golpeando la dignidad de nuestro país. La mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad por diversos motivos, entre ellos, la dificultad para denunciar", escriben las profesionales.

M. Jesús Fernández y Amalia Valdés
M. Jesús Fernández y Amalia Valdés
Por

M. Jesús Fernández Gumucio, Abogada.

Amalia Valdés Riesco, Socióloga.

Estos días han mostrado cómo la ciudadanía rechaza de forma categórica la desigualdad, los abusos y la precarización de la vida. Hoy pareciera realmente haber un consenso respecto a que todas las personas deben contar con derechos sociales básicos que permitan desarrollar un proyecto de vida con dignidad. En este escenario, la población penal y quienes los rodean no pueden quedar fuera de esta demanda.

Como ha sido documentado por múltiples organismos tanto público como privados, las condiciones materiales en que viven miles de personas en las cárceles de nuestro país no alcanzan niveles mínimos de salubridad. Situaciones como falta de acceso a agua potable, temperaturas extremas y períodos de hasta 16 horas sin alimentos fueron descritas por la Fiscalía de la Corte Suprema el año pasado y han sido denunciadas reiteradamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, las personas privadas de libertad presentan factores de exclusión social muchísimo más altos que el resto de la población. De acuerdo a un estudio de Fundación Paz Ciudadana (2016), el 87% no contaba con escolaridad completa al ingresar a la cárcel y un 65% abandonó el hogar antes de los 18 años.

El trabajo, por otro lado, es más un privilegio carcelario que un derecho: solo un 33,8% accede a un trabajo para Gendarmería o una empresa, y dentro de quienes no han logrado obtener algún tipo de trabajo, la mayoría señala que no se les da la opción (Paz Ciudadana, 2016). Por lo demás, la condena carcelaria no solo es penal sino social, especialmente estigmatizante para mujeres. Y no se reduce a la privación de libertad, sino que atenta contra derechos civiles, políticos y sociales. Así, la cárcel genera múltiples efectos negativos, provocando incluso la transmisión intergeneracional de pobreza y marginalidad (Comisión Interamericana de DD.HH., 2016).

La indignación que la mayoría de los/as chilenos/as han expresado por las inaceptables violaciones a los derechos humanos conocidas estos días, no puede quedarse solo en lo que ocurre en protestas. Golpes, humillaciones, agresiones sexuales y tortura ocurren día a día en cárceles, golpeando la dignidad de nuestro país. La mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad por diversos motivos, entre ellos, la dificultad para denunciar. Muchos de los abusos provienen de Gendarmería, existiendo un conflicto evidente al no haber una instancia distinta para denuncias. Por otro lado, hay una normalización de la violencia como forma de vida, de resolver conflictos, de sobrevivencia. Esta no solo permea a quienes están dentro de la cárcel, sino también a quienes la miramos desde fuera, que pareciera nos acostumbramos a que a una parte de la población le toca vivir así.

Los altos muros que rodean las cárceles son además de materiales, simbólicos. Hemos optado por no mirar qué sucede con los hombres y mujeres que están ahí, ni qué pasa con ellos una vez que cumplen sus condenas. También dejamos de oírlos, ya que al ser condenados se pierde el derecho a voto. En Chile esta situación se extiende de facto a quienes están en prisión preventiva (sobre un 30% de la población penal) pese a que la Corte Suprema ha señalado que es ilegal, ordenándole a Gendarmería y al Servel tomar las medidas asegurar el sufragio, lo que no ha ocurrido. Hemos construido esa marginalidad con nuestras políticas, con falta de inversión, con falta de interés.

No dejemos de preguntarnos en este proceso colectivo qué le ofrece Chile a quienes están privados/as de libertad en la cárcel; qué buscamos al relegar a personas a tales niveles de violencia y exclusión; y cómo este régimen carcelario impacta no solo a ellos/as directamente sino también a sus familiares y cercanos. Si en el añorado Nuevo Pacto Social volvemos a dejar a las personas privadas de libertad olvidadas, Chile habrá seguido sin despertar.

LEASUR ONG

Bibliografía

• Paz Ciudadana. (2016). Estudio sobre los niveles de exclusión. Santiago: Fundación San Carlos de Maipo.  

• Comisión Interamericana de DDHH (2016). Informe Preliminar sobre pobreza, pobreza extrema y Derechos Humanos en las Américas.

Notas relacionadas