Carta abierta de exconsejeros del INDH a la opinión pública

Nos dirigimos a la opinión pública en nuestra calidad de ex consejer@s del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  en el complejo contexto de derechos humanos que vive Chile.

Las  masivas protestas sociales  que se han verificado a lo largo del país  y se han prolongado ya por más de tres semanas han visibilizado las profundas fracturas existentes en la sociedad chilena, así como los enormes desafíos que Chile tiene en materia de derechos humanos.

En efecto, constatamos que las protestas sociales, con sus expresiones pacíficas y también manifestaciones de violencia,  son expresión del malestar y cansancio de la población frente a las múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación existentes en el país  por largo tiempo. Ellas han develado los profundos déficit que nuestro país tiene en materia de derechos humanos. Por otro lado, también constatamos que la respuesta del Estado a dichas protestas, la que ha incluido  la declaración del estado de emergencia, toque de queda, la salida de los militares a la calles, el uso abusivo de la fuerza pública, que ha resultado a la fecha en más de 20 muertes, miles de detenidos, incluyendo a niños y niñas,  centenares de heridos, en hechos muchas veces constitutivos de tortura, ha sido de una violencia inusitada, la que no observábamos desde la dictadura cívico militar de décadas pasadas.

Muchos de los déficit que el país tiene en materia de derechos humanos, sin embargo, venían siendo identificados y representados por el INDH, como institución nacional de derechos humanos encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile, a los distintos órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto. Así, desde su creación, hace ya casi una década, sus informes señalaban que estos déficit no solo estaban determinados por la lentitud en el establecimiento de la verdad, la realización de justicia y reparación frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado, sino también estaban relacionados con la persistencia de un marco jurídico institucional constitucional y legal que no reconoce ni protege adecuadamente estos derechos. Ello incluyendo en materias tan importantes como el derecho de participación política, el derecho a la manifestación pacífica, y en particular en lo referido a los derechos económicos sociales y culturales de la población. También en lo referido a los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas que habitan en Chile y sus integrantes, así como de sectores vulnerables como los niños y niñas, adultos mayores y migrantes, entre otros. 

Es en el complejo contexto que vivimos que consideramos que al INDH le cabe un doble rol. Por una parte debe proteger y defender los derechos de las personas en toda circunstancia, y en particular, cuando los  derechos más elementales, como la vida y la integridad física y síquica, se ven vulnerados por el Estado y sus agentes. Valoramos enormemente en este sentido la labor que han desempeñado los equipos de trabajo del INDH a lo largo del país en las últimas semanas permitiendo la identificación  y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como desarrollando acciones administrativas y legales para la defensa y protección de estos derechos, en particular frente a la actuación abusiva de agentes del Estado.  

No podemos dejar de manifestar, sin embargo, nuestra molestia  y preocupación frente a las afirmaciones de Sergio Micco como director institucional,  quien en relación al actuar de las fuerzas armadas y de orden y seguridad en el contexto de la protesta social, negó que estemos en presencia de violación sistemática de derechos humanos, agregando  que quien afirme lo contrario debe probarlo.

Dichas declaraciones resultan contradictorias no solo con el análisis del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a este tipo de situaciones, sino también con las cifras de hechos represivos imputables a agentes del Estado que han afectado  los derechos de las personas que el propio INDH ha visibilizado desde los inicios de la protesta social al momento, las que dan cuenta de su carácter masivo y sistemático.

No obstante las aclaraciones que el director Sergio Micco formulara a sus dichos con posterioridad reconociendo que estamos frente a violaciones graves de derechos humanos y que no se puede descartar su sistematicidad, sus declaraciones iniciales nos resultan enormemente preocupantes, toda vez que minimizan la gravedad de las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo, así como la responsabilidad que en ellas cabe a las autoridades de gobierno de las que dependen las fuerzas armadas y de orden y seguridad que las han perpetrado. Dichas declaraciones, además, debilitan el valioso trabajo que los equipos del INDH a lo largo del país viene realizando, desacreditándolo y poniéndoles en peligro, en particular teniendo presente que algunos de ellos ya han sido también víctimas del actuar abusivo y represivo de los agentes del Estado.

Junto a ello queremos llamar la atención  sobre lo que consideramos constituye una grave omisión del INDH y de su dirección en el complejo contexto que hoy vive el país al no desempeñar un rol que vaya más allá de la mera denuncia de las violaciones de derechos humanos,  y al no asumir un rol de promotor de las transformaciones institucionales que sus propios informes identificaron como indispensables para una vigencia plena de los derechos humanos en el país y que hoy la población demanda con urgencia. 

Nos referimos al rol que consideramos el INDH debería desarrollar en la activa promoción de un diálogo para avanzar hacia un  pacto social para la construcción de una nueva institucionalidad basada en derechos humanos, y expresado en una nueva constitución,  como es hoy demandada por una enorme mayoría de la población. Igualmente relevante es a nuestro entender el rol que el INDH debería impulsar en la promoción de un debate que permita identificar mecanismos que sean acordes con los derechos humanos para materializar las transformaciones institucionales antes referidas.   Tal tarea, que es consustancial a una institución de derechos humanos, resulta aún más necesaria teniendo presente la evidente pérdida de credibilidad y de confianza de la población en las instituciones del Estado y de los partidos políticos.

Es por ello que llamamos al INDH y a su dirección a fortalecer el trabajo de   identificación y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como a seguir desarrollando acciones administrativas y legales que sean necesarias para la  protección y defensa de estos derechos frente a la actuación abusiva de agentes del Estado en el contexto de la protesta social.  

De la misma manera llamamos al INDH y a su dirección a jugar un rol activo en la promoción de un diálogo para avanzar hacia la construcción de un pacto social e institucional  basado en derechos humanos que resulta fundamental para lograr la superación de la situación de enfrentamiento que hoy vivimos y lograr una convivencia más justa, democrática y respetuosa de tod@s.

Solo así recobrara el prestigio que ha logrado como institución pública autónoma de promoción y defensa de derechos humanos tras casi una década de funcionamiento.

Firman:

José Aylwin

Carolina Carrera

Lorena Fries

Roberto Garretón

Claudio González

Enrique Núñez