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11 de Noviembre de 2019

El caso de Jonathan Ortiz: vivir con las consecuencias de la violencia policial

A Jonathan le amputaron el brazo derecho a sus 19 años después de que lo atropellara un vehículo policial y según su relato, pasara las ruedas por encima de todo su costado derecho. Cuatro años después, vive con las consecuencias de haber perdido una parte fundamental de su cuerpo y lucha para que la justicia falle a su favor. Su principal anhelo es que den de baja al carabinero que conducía el auto, Diego Rivas Leal, que sigue trabajando en la 38 comisaría de Puente Alto. Su caso se suma a un centenar de hombres y mujeres que han sido mutilados y heridos por Carabineros en medio del estallido social.

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En tres semanas de manifestaciones, ya son más de 180 las personas diagnosticadas con daño ocular severo. De ellas, son más de un centenar las que perdieron completamente la visión en un ojo, en su mayoría, debido a los balines de goma que Carabineros ha lanzado incansablemente a la población. “La única estadística mundial que se acerca un poco a lo que hemos visto en Chile, es de Israel, donde hubo 154 pacientes con ojos lesionados, pero en seis años de movilizaciones”, declaró alarmado el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza. 

Alarmantes son también los 1915 heridos en hospitales por disparos de balas, perdigones, armas de fuego, balines y las 223 querellas impuestas por el INDH por homicidio, violencia sexual y torturas. 

Sin embargo, mucho antes del Estado de Emergencia, el toque de queda y los militares en la calle, Jonathan Ortiz también perdió una parte fundamental de su cuerpo por una negligencia policial. “Todas esas personas que quedaron con una discapacidad como la mía, saben lo que siento. Esto es de por vida, no se quita, es un dolor que se mantiene para siempre”, dice.

Sábado, 17 de enero 2015.

El destello de los focos lo encandiló. Alcanzó a correr unos metros, pero el rugido del motor fue más rápido y el impacto lo lanzó cinco metros más allá. Inconsciente por un par de segundos, Jonathan yacía debajo de un árbol y aunque quedó aturdido por el golpe, asegura que la imagen que vino después fue clara: el vehículo de Carabineros retrocedió en su dirección y pasó las ruedas por el costado derecho de su cuerpo, sobre su pierna y brazo.

Dos funcionarios descendieron del auto. “Al Sótero”, dijeron y lo levantaron bruscamente del suelo para subirlo a la parte de atrás del carro policial. “Yo creo que tienen que haber visto como  me colgaba el brazo”. En ese momento Jonathan sintió un golpe en su espalda cuando cerraron la puerta detrás de él, pero para ese minuto ya todo había cambiado. “Lo único que veo es un hueso de pollo, como grifo saliendo sangre”.

Cuando entró al quirófano del hospital Sótero del Río a las 2:30 de la madrugada, estaba solo y lo único que escuchó de la boca de los doctores fue la palabra “amputación”. Hoy agradece haber conocido su diagnóstico antes de que la anestesia lo durmiera por completo. “Se creó una fortaleza en mi mente (…) El hecho de haber visto un hueso saliendo con sangre, y tener esa imagen en tu mente todos los días y todas las noches, no se olvida. Ese día cuando desperté, me miré y dije: ‘ya, esto es’”.

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A sus 23 años y con su brazo izquierdo, Jonathan Ortiz acuna a su hija de dos semanas, Ainhoa Ortiz Fuentes, en la misma casa ubicada en Puente Alto en la que vivía cuando hace cuatro años tuvieron que amputarle el brazo derecho después de ser atropellado por un vehículo de Carabineros.

En ese entonces estaba sacando el tercero y cuarto medio. Su sueño era estudiar gastronomía, pero ahora “no puedo pelar una cebolla tranquilo”, dice. “Tengo que aprender a sujetar la fruta y tengo que aprender a cortar con la prótesis, pero nunca lo dominé, el peso me cansa y el dolor es harto”.

Menciona que solo ocupa la prótesis para ir a su nuevo trabajo como guardia de seguridad en el Comité Olímpico de Chile. “La pega es cómoda, me respetan. Tengo una compañera que le falta un dedo, imagínate. Ahí va gente discapacitada que ha ganado medallas olímpicas, entonces se entiende que a lo mejor por eso me aceptaron”, dice. Sin embargo, encontrar trabajo no fue fácil. Diestro por naturaleza, ha tenido que aprender a funcionar con el lado izquierdo de su cuerpo. Fue inspector de volante en las micros y trabajó en el local de comida rápida, KFC, pero asegura que no recibió buenos tratos.

Cuando salió del colegio, entró el 2017 a estudiar al Inacap, pero no estuvo más de tres meses, fue difícil adaptarse. Hoy su sueño es retomar los estudios. Pensó en agronomía, pero la crisis medioambiental lo ha hecho considerar topografía. Aun así, reclama que su nueva vida tiene complejidades: “Te encargo que te falte una extremidad de tu cuerpo, porque yo no nací así. Tu estándar de vida baja, tu ego baja”.

“Ese día salí y lo único que hice fue ir a la plaza a estar con mis amigos, a compartir algo, obviamente había un par de chelas”, dice Jonathan, cansado de que la gente lo pueda juzgar porque había alcohol involucrado. “Es que creen que porque se estaba tomando algo es un delincuente, entonces ‘se lo merecía’”, afirma a su lado Damaris Fuentes, su polola y mamá de Ainhoa.

“Por querer compartir una chela te miran como un delincuente, pero me gano mi sueldo, tengo una hija”, reclama Jonathan y vuelve sus pensamientos cuatro años atrás: “En esos tiempos el lugar se llenaba, no éramos solo nosotros, había gente, nos conocían como ‘los raperos de la plaza’ y ese día llegó carabineros a tomar control de identidad”.

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Eran las dos de la mañana cuando Jonathan salió con sus amigos de la plaza Los Dioses en Puente Alto, después de escuchar que alguien dijera: “Los que no tienen carnet, váyanse”. Aunque para ese entonces aún no entraba en vigencia la ley de control de identidad, sabían que por lo menos, podrían ser llevados a la comisaría.

Hasta el día de hoy no recuerda bien si la orden vino de los carabineros o de una de las aproximadamente 30 personas que se encontraban en el lugar, pero Jonathan acató. Junto a sus amigos Dante, Cristoffer, Vicente, Simón y Franco se alejaron rápidamente, pero los últimos dos, que venían un par de pasos más atrás, fueron interceptados por un carro policial y apuntados con armas. Les ordenaron detenerse.

El resto huyó, pero en los acalorados pasos, Vicente tropezó y fue alcanzado por los funcionarios. “Yo vi que se cayó, lo pescaron, le dislocaron el hombro, se pusieron en filita a pegarle, entonces yo me fui no más. Para qué voy a quedarme ahí y dejar que me peguen si yo no estaba haciendo nada, para qué iba a tener problemas con ellos”, recuerda.

Minutos más tarde, aquellos que pudieron librarse de carabineros, caminaban por la calle Elisa Correa, cuando una “chancha”, como le llaman al auto de la institución, apareció sorpresiva y velozmente en la oscuridad. De repente, los focos se encendieron.

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Hace cuatro años que comenzó el proceso legal en contra de los responsables del accidente, pero aún no hay una resolución. La investigación sufrió demoras cuando, tanto la Justicia Militar como la Justicia Civil Ordinaria, se declararon competentes para llevar el caso en materia penal, hasta que la Corte Suprema declaró recién en 2017 a la segunda apta para aclarar lo sucedido.

Es por eso que después de tres años de ocurrido el incidente, en noviembre de 2018, se pudo formalizar al conductor del vehículo policial, Diego Rivas Leal, por cuasidelito de lesiones graves, según el artículo 490 del código penal.

El caso ha tenido especial complejidad, ya que en palabras del abogado de Jonathan, Alfredo Morgado “tienes a funcionarios de Carabineros que dan una versión de los hechos y por otro lado, tienes la versión de un joven que con su verdad ha estado luchando para que se establezca lo que realmente ocurrió”.

Según afirma Jonathan, después de ser atropellado por el vehículo policial, este habría pasado por encima del costado derecho de su cuerpo, causando la amputación del brazo. 

“Él es solamente un paco al que le regalaron el título. Hubiese sido uno más inteligente, hubiese pedido refuerzos y me hubiese interceptado por otro lado si es que yo me hubiera estado arrancando”, dice enojado Ortiz.

En la otra vereda, Carabineros niega la última parte y también declara que el atropello fue producto de que la víctima se habría lanzado contra el retén de manera abrupta, sin posibilidad de alcanzar a detener el auto. Además, afirman que la persecución se habría iniciado porque Jonathan poseía un arma blanca, hecho que él niega hasta el día de hoy y a pesar de que la Fiscalía tiene incautada un arma, no se ha podido comprobar quién es el dueño de ésta. 

Morgado afirma también que “la naturaleza de las lesiones no se condicen con un impacto, sino más bien, con la fricción que genera el paso de una rueda sobre el cuerpo y el cemento. El que el día de hoy esté desmembrado, a nuestro juicio, es producto de eso”.

Además, el abogado querellante espera que el Fiscal a cargo, Cristián Suárez Pérez, reformalice al funcionario por delito de lesiones graves de acuerdo al artículo 396 del Código Penal, que estipula que “cualquiera otra mutilación importante de un miembro que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia” será penado con cárcel desde un mínimo de tres años y un día.

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Viviana Vache se enteró de que su hijo estaba en el hospital un día después del incidente. Había salido de su trabajo y se dirigió a la casa de su pareja para almorzar. Hubiera sido un día como cualquier otro, si su celular no hubiese comenzado a sonar incansablemente. “Yo cuando desconozco los números no contesto”, afirma Viviana. Sin embargo, tantas llamadas captaron su atención. Amigos de Jonathan estaban intentando contactarla, pero cuando respondió, era el hospital. “Si digo que en el auto nos demoramos 15 minutos desde Macul hasta el Sótero, es mucho”, relata.

Después de ver a su hijo en Urgencias, con heridas en el rostro, máquinas conectadas a todo su cuerpo y su brazo amputado, Viviana se dirigió a la comisaría a preguntar qué es lo que había pasado. Asegura que en un principio la institución estaba dispuesta a colaborar, lo que no se vio reflejado con el paso del tiempo. “Nos ofrecieron ayuda, nos ofrecieron todo, todo, tener un diálogo, pero nunca vimos nada”, afirma Viviana.

En la querella penal impuesta el 2017 contra “todos quienes resulten responsables del delito de lesiones graves gravísimas”, el informe médico indica que Jonathan Ortiz Vache ingresó a las 2.30 horas aproximadamente al Servicio de Urgencias del hospital Sótero del Río con “diagnóstico de Amputación Traumática de Brazo derecho”, donde “se procedió a realizar regularización de partes blandas, ligadura de vasos y cierre de muñón”.  Además, el informe del Servicio Médico Legal del 10 de agosto de 2015, concluye que las lesiones son de carácter graves – gravísimas.

Viviana asegura que aún ve rondando a los carabineros acusados, Diego Rivas Leal, conductor del vehículo y a Felipe Vidal Otárola, jefe de patrulla. La 38 comisaría de Puente Alto no ha dado de baja a ninguno de los dos funcionarios, a pesar de que el primero lleva un año formalizado por cuasidelito de lesiones graves.

“Dios algún día se va a encargar de ellos, porque nadie está seguro en este mundo. Y que le pidan perdón a Dios, porque a mí no. Una madre nunca los va a perdonar”, doce hoy Viviana.

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El fiscal a cargo del caso, Cristián Suárez Pérez, llamó a una audiencia de reformalización al carabinero Diego Rivas, que se realizará el 20 de noviembre de este año. Esto, después de que ordenara realizar una segunda reconstitución de escena con el objetivo de precisar los hechos, ya que “las versiones del imputado y de la víctima no cuadran” explica.

Ahora espera que el informe de personal especializado, pueda determinar cómo Jonathan llegó a perder su brazo derecho y hacer coincidir estas apreciaciones con uno de los relatos.

Ganar la querella penal podría facilitar la resolución de la demanda civil, donde se solicita al fisco pagar una suma de 300 millones de pesos por daño moral. “Yo no estoy pidiendo que me hagan millonario, pero por último asegúrenme con una casa, si me quitaron la mitad de mi vida. Si lucho por ese dinero que a lo mejor me pueden dar, va a ser solo para mi hija, mi mujer, mis estudios, pero bueno, la justicia es la que sabe”, aclara Jonathan y agrega: “aunque si a mí me preguntan qué es lo que me convendría más, es la baja de los carabineros involucrados. Yo con eso quedaría feliz”.

Aunque esta decisión no compete a la fiscalía, sino a la institución de Carabineros, Suárez sostiene que “hay un actuar negligente a lo menos por parte de un funcionario que efectúa una persecución de una persona que va corriendo, en un vehículo policial a alta velocidad en un pasaje reducido”. Sin embargo, a fines de este mes, el fiscal va a determinar si mantiene la calificación de los hechos como cuasidelito o podría cambiar el curso de las cosas y reformalizar al carabinero por delitos graves, lo que significaría una pena mucho mayor para Diego Rivas, partiendo de los tres años y un día en la cárcel.

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Cinco gatos maúllan por la casa donde vive Jonathan junto a su polola, su hija y su papá. Son los animales favoritos de Damaris, que anhela estudiar veterinaria, pero por el momento trabaja como ayudante de cocina en un casino. 

Sin embargo, para Jonathan hay algo que nunca volverá a ser igual. Sus ganas de estudiar gastronomía se desvanecieron ese 17 de enero de 2015, cuando perdió su brazo derecho para siempre. Dice que “lo que ellos me hicieron perder es la mitad de mi vida. Yo estaría en un crucero ahora, o quizás en otro país. Lo que tenía adentro mío se perdió”. 

Y lo que pudo ser un caso aislado, dejó de serlo cuando al agua y a las lacrimógenas, se les sumaron los balines y perdigones, las violaciones a los derechos humanos y los abusos, que muestran un excesivo uso de la fuerza por parte de carabineros en medio de las masivas manifestaciones de octubre. “En vez de apoyar a pueblo, lo que está haciendo es reprimiéndolo” afirma Ortiz. 

Y concluye: “Cuando se celebre el día del carabinero ya no lo van a celebrar, al contrario, va a ser un día de negro. Se van a recordar los muertos y todas las personas que quedaron ciegas”. 

 *The Clinic contactó a Carabineros para conocer su versión de los hechos, pero la institución rechazó la solicitud.

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