Entrevistas
10 de Diciembre de 2019Alberto Precht, director de Chile Transparente, por agenda antiabusos: “La corrupción es un delito que atenta contra la democracia”
El especialista en materias de transparencia y acceso a la información pública menciona que los más importante de los anuncios es la prisión efectiva para quienes cometan delitos de corrupción, además de que es necesario fortalecer al Ministerio Público.
Luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciará un paquete de medidas para resolver los problemas asociados a los abusos, varias fueron la críticas que llegaron debido a que no se tocarían los problemas de fondo.
Para comprender de mejor manera los anuncios del mandatario, The Clinic conversó con el Director Ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, quien explicó que con esto “se dio un paso importante en cuanto por primera vez se toca el tema del abuso como un todo y se hacen medidas en tres ámbitos que son importantes”.
Estos corresponden a los abusos en materia económica (los llamados delitos de “cuello y corbata”), los derechos de los consumidores, además de “otras materias relevantes en donde los chilenos nos sentimos bastante abusados, como la salud o previsión”, asegura.
Si bien Pretch recalca el hecho de que las medidas anunciadas se encuentran en el sentido correcto para superar estos problemas, estas no son completas y todavía muy genéricas, por lo que se hace imprescindible según el abogado poder avanzar hacia lo específico de cada una de ellas.
-¿Qué es lo que se puede destacar de los anuncios realizados por el presidente Piñera?
-Mira, primero el tono. Creo que ese es un cambio muy importante. Ya no estamos hablando de guerra y si estamos hablando de construir agendas hacia el futuro y que mejoren la situación del país. En las medidas en específico, nosotros recalcamos muchísimo que se crea un sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción. Por otra parte que las penas sean efectivas en el caso de los delitos de cuello y corbata y, además, creemos que es un muy buen primer paso que se cree un registro de beneficiarios finales en el caso de las empresas que transan en el mercado público
-¿Qué puntos estuvieron ausentes y son necesarios y urgentes?
-Bueno sin dudas faltan cosas. Lo primero que nosotros extrañamos es que para darle efectividad penal a la persecución, creemos que se le tiene que quitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Electoral la facultad que tienen para iniciar, mediante querella o denuncia, la persecución penal de los delitos tributarios y electorales respectivamente. También nos faltó un enfoque en la corrupción dentro del sistema público, mejorando por una parte el empleo público, por otra parte la calidad del gasto fiscal y una profunda reforma al congreso nacional.
-Usted ha afirmado en otra entrevista que “no basta con elevar las penas”, ¿por qué lo dice y cómo se va a asegurar la cárcel efectiva o multas equivalente al daño causado con las medidas anunciadas?
-El presidente ocupa un adjetivo que es muy importante: efectividad. Cárcel efectiva, penas efectivas. Qué significa esto, que sean penas que duelan, es decir, que por lo menos las personas que cometan delitos pasen un año en la cárcel o que las multas que tienen que pagar sean mucho más arriba del monto defraudado. Y eso lo tenemos que ver en la letra de los proyectos que se presenten, porque no basta con subir penas. Puedes tener penas de 100 años de cárcel, pero si al final van a existir eximentes que permitirán que esa persona la pueda cumplir en libertad, claramente la pena no va a ser efectiva. La cárcel para este tipo de delitos es un gran disuasivo, generalmente las personas que cometen los delitos de “cuello y corbata” a lo que le tienen más miedo, más allá incluso de la pérdida económica, es a pasar un día en la cárcel.
-A los anuncios realizados se le ha criticado que no tocan el problema estructural ¿Cuáles son los cambios que se deben hacer en ese sentido?
-Los delitos de “cuello blanco” son muy difíciles de investigar, por lo cual nosotros ayer le pedimos al Presidente que retome una reforma del año 2012 que crea una Fiscalía de Alta Complejidad. Es decir, que tengamos fiscales especializados en este tipo de delitos y, por otra parte, podamos generar toda la prueba para que estos delitos puedan ser probados en juicio. Esto qué significa: un sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción, generar mayores incentivos como la delación compensada en algún otro tipo penal y, por supuesto, hacer que la efectividad del procesamiento sea mucho mayor con fiscales más capacitados como decía anteriormente.
En concreto, generar una fiscalía de alta complejidad es fundamental el día de hoy, generar un buen sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción que tenga incentivos para que haya información y, por otra parte, darle al Ministerio Público la atribución de la persecución penal en delitos tributarios y electorales.
-¿Usted cree que después de la agenda anunciada la gente confiará en que realmente se combatirán los abusos y la corrupción?
-En este punto soy super enfático. Sin instituciones no se soluciona esta crisis, sin instituciones no se sale adelante. Aquellos que creen que se tienen que ir todos y que las instituciones son una porquería, la verdad que lo único que están haciendo es sembrar el camino del populismo o de una dictadura. Son las instituciones democráticas que tenemos y es por eso que es importante hacer un último voto de confianza para que sea el presidente de la República, el Congreso Nacional y los partidos políticos los que puedan solucionar la crisis. Por su puesto con participación ciudadana mucho más intensiva que la que hayamos tenido hasta el momento, pero sin instituciones no hay ningún tipo de solución.
-Reafirma entonces lo que menciona el Presidente de que se deben fortalecer las instituciones
-Absolutamente. Y uno tiene que confiar en que las instituciones también sean capaces de darse cuenta de que si no hacen cambios profundos, que les toquen a ellos sus bolsillos y también sus intereses, vamos a tener una democracia mucho más debilitada y que puede estar en un riesgo incluso mayor a lo que hemos vivido en las últimas semanas.
-¿Por qué tomó tanto tiempo lograr estos cambios en materia de abusos?
-La lucha contra la corrupción y el abuso es una lucha contra el poder finalmente. Cuando estás hablando por ejemplo que vas a poner penas de cárcel efectiva para aquellos que usan información privilegiada, tú estás tocando a los poderosos. Y cuando tocas a los poderosos evidentemente es mucho más lento el avance, por esta endogamia que lamentablemente ha existido en los últimos años, o quizás en la historia de Chile, entre poder y política que no es propia del país, pero que en otras partes está mucho mejor regulada. Es importante que la clase política se empiece a desarraigar de la clase económica y que cada uno, evidentemente, luche por sus intereses, pero que los intereses del bien común sean resguardados por la clase política de mucho mejor forma.
-Y en ese sentido, ¿la clase política o los poderosos han cedido hoy para que puedan ser mejor regulados?
-Creo que todavía es muy temprano para poder dar una respuesta definitiva, pero cuando uno escucha por ejemplo el día de ayer al presidente de Renovación Nacional que se abre a tener una cuota de participación de pueblos indígenas en la constitución; cuando uno ve que hay un acuerdo constituyente bastante transversal; cuando uno ve que el presidente de la República, que es además uno de los empresarios más millonarios del país, anuncia una agenda anti abusos económicos, nos damos cuenta de que era posible correr el cerco mucho más allá de lo que pensábamos. Por eso que una cosa son los anuncios, ahora tenemos que hacer que estas medidas efectivamente sean un león con dientes y garras que pueda perseguir los abusos y la corrupción.
-Otra crítica que se ha escuchado es la ausencia de anuncios respecto a los paraísos fiscales, hechos en los que el Presidente se ha visto envuelto ¿Cuál es su opinión al respecto?
-Bueno, con eso quiero ser muy enfático. La información que nosotros tenemos, y hay que ser muy serios, que a día de hoy ni Bancard ni el Presidente de la República tienen un peso en los paraísos fiscales. Estos, por Transparencia Internacional, siempre han sido perseguidos. Nosotros consideramos que los paraísos fiscales son un nido de ratas donde muchas veces se esconden los negocios más oscuros, pero también se mezclan con los negocios legítimos. Fueron muy utilizados, hasta Codelco tenía una empresa en las Islas Caimán para hacer algún tipo de inversiones. Sin embargo, hace pocos años los paraísos fiscales cambiaron su regulación y empezaron a irse en retirada, y entendemos que en su momento el grupo empresarial del Presidente terminó con cualquier tipo de relación con estos y por otro lado están los fideicomisos que uno puede revisar. Y eso es importante, no por defender a Piñera que no es el interés personal ni institucional, sino porque muchas veces se levantan noticias que no son del todo precisas. Nosotros como Transparencia Internacional y en lo personal, esperamos que los paraísos fiscales desaparezcan de la faz de la Tierra, porque se prestan para delitos de los más graves como el narcotráfico, la trata de personas, esclavitud moderna, al tráfico de armas u órganos, y eso es lo que tenemos que evitar.
-Pero haría falta un anuncio más concreto al respecto.
-La legislación chilena ha avanzado bastante en aquello y uno esperaría que los empresarios que tienen sus capitales en Chile tributen en el país completamente. Se hace un anuncio que toca tangencialmente este tema, que es la creación de un registro de dueños reales de empresas que transan con el mercado público. A nosotros nos gustaría que fueran todas las empresas, como en el Reino Unido, es decir que cualquiera pueda conocer quién es el dueño detrás de una empresa. Eso va a aumentar la recaudación fiscal, va a prevenir el lavado de activos y hará un mercado público mucho más competitivo.
-En una entrevista mencionaba que las medidas anunciadas tenían un carácter de corto plazo, ¿cuáles deberían ser las acciones a largo plazo que se deben tomar?
-Bueno, ¿por qué de largo plazo? Porque tenemos que entender primero que la corrupción no puede seguir siendo asociada solamente a delitos de funcionarios públicos. La corrupción es un delito que atenta contra la democracia y por ende debiese estar en el catálogo de penas en el código penal, vinculada a delitos mucho más importantes.
Hay medidas también de largo plazo que tienen que ver con que cada uno de nosotros en sus propios entornos es ciego a la corrupción. Cuando uno va al supermercado y escucha el “boleta o factura” y uno ve que en la caja están pasando un asado del fin de semana con la familia por la empresa, o cuando un niño que copia en el colegio se le premia y al que acusa al copión se le castiga y se le hace bullying, es que tenemos problemas de base bastante importantes.
Cuál es largo plazo: mayor control moral, es decir, que nosotros podamos internalizar que la corrupción es parte de cada uno de nosotros; mayor control social, osea que nos escandalicemos de las propias corrupciones y de las de otros; y mayor control legal o que podamos ver efectividad en la persecución penal como lo mencionaba anteriormente.
-¿Y el trabajo en la nueva Constitución con este tema?
-Fundamental. El artículo noveno de la Constitución actual establece que el terrorismo es una amenaza para la democracia, la gran corrupción también lo es. Nosotros desde Chile Transparente vamos a promover que la gran corrupción este en la nueva constitución como un atentado a la democracia y al estado de derecho.
-¿Cuáles son las expectativas luego de escuchar la medidas incluidas en la agenda “antiabusos”?
-Desde el primer día, no exentos de críticas, personalmente y también la institución que dirijo ha querido tomar un acercamiento a la crisis social más bien de colaboración, tanto con el gobierno como con la oposición. Y nos hemos dado cuenta que las coincidencias son mucho más que las diferencias y que podemos avanzar con decisión en una agenda que es muy sentida, que es una agenda “antiabusos” real.
Lo que no puede volver a ocurrir en Chile, es que un joven en prisión preventiva por haber vendido CDs piratas muera en un incendio en una cárcel, y que una persona que haya cometido, reincidentemente, delitos económicos por violación de secretos o mal uso de información privilegiada por estar vinculado a colusiones, diga tan campantemente que fueron errores y pueda seguir haciendo su vida de manera normal. Al menos a esa persona, si no va a pagar con cárcel, que pague con las multas que sean mucho mayores a lo defraudado y, por otra parte, que no pueda jamás volver a tocar un peso público, que no pueda volver a ser ministro ni funcionario público, que no pueda volver a contratar con el Estado.
Si no ponemos la corrupción en el centro de la definición de abuso, vamos a fracasar y volveremos a tener una crisis de desilusiones importante. Así que ahora es cuando. Si queremos cuidar las instituciones y la democracia es importante que hagamos estos cambios ahora y no mañana.
