[Columna de Javiera Toro] Intervención civil de Carabineros: una tarea urgente

Javiera Toro – Presidenta Partido Comunes

Carabineros de Chile asesinó este martes a Jorge Mora Herrera, hincha de Colo Colo a las afueras del Estadio Monumental. Un camión lo atropelló y luego se dio a la fuga. Guanacos y zorrillos impidieron que se le practicarán de forma oportuna acciones de reanimación. El atropello, se asemeja al que sufrió Óscar Pérez en Plaza de la Dignidad el día viernes 20 de diciembre. El impedimento al trabajo de reanimación, al fallecimiento de Abel Acuña el 15 de noviembre, también en la ex Plaza Italia. 

Hechos que, lejos de representar casos aislados, hacen indesmentible la responsabilidad de Carabineros en las violaciones a los derechos humanos durante la actual crisis social. Diversos organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, lo han establecido en contundentes informes. Como resultado, la necesidad de una reforma profunda a Carabineros es ineludible, así como la revisión de los protocolos sobre el uso de la fuerza, la certificación de armas disuasivas o los criterios del mando para tomar decisiones para mantener el orden público.

El actuar constante, reiterado y sistemático da cuenta que esto no se trata de una suma de errores individuales a la hora de manejar escopetas y vehículos antidisturbios, bombas lacrimógenas o la fuerza bruta. Muchas de las prácticas aplicadas intensiva y masivamente por Carabineros los últimos meses han sido de utilización recurrente durante la post-dictadura contra diversos grupos sociales. Nadie sabe más de perdigones disparados directamente al cuerpo y ejecuciones extrajudiciales que niñas, niños y jóvenes comuneros mapuche; de apremios ilegítimos y torturas, que adolescentes pobres involucrados en conflictos menores con la justicia y personas privadas de libertad; de detenciones ilegales y abusos en comisarías, que estudiantes movilizados; de violencia sexual, que liceanas, feministas y defensoras medioambientales.

La “autonomía indebida” de Carabineros, al decir del INDH, es sólo una parte del problema. Teniendo la capacidad y responsabilidad constitucional y legal de poner freno al abuso de atribuciones y la comisión de delitos por parte de las fuerzas de orden y seguridad, el actual y los anteriores gobiernos han tolerado sistemáticamente estas prácticas. De tal suerte, Carabineros ha sido formado por la autoridad civil de la transición en el uso discrecional y abusivo de sus facultades. 

Diversas medidas administrativas y legislativas impulsadas por el gobierno de Piñera desde 2017 -y otras con anterioridad- sembraron las condiciones para los atropellos cometidos por efectivos policiales. La promulgación de Aula Segura, la instalación de policía militarizada en liceos, el proyecto para legalizar los controles de identidad a adolescentes, la vista gorda del Estado ante el ejercicio de facultades ilegales por parte de las policías, han terminado por ampliar la discrecionalidad del actuar policial.

Por eso resulta tan contradictorio y poco creíble que el Gobierno pretenda reformar Carabineros y, al mismo tiempo, impulse una agenda de seguridad basada en el aumento de penas y la entrega de más atribuciones a las fuerzas de seguridad y orden. A una policía que ya está convencida de que parte de su misión es castigar a las personas que alteran el orden público, hayan o no cometido delitos, sea o no parte de sus atribuciones, esta arremetida de populismo punitivo sólo les dice una cosa: sigan así, abusando de sus facultades y ensañándose contra las personas.

En definitiva, una reforma que transforme Carabineros en una institución eficaz, proba y respetuosa de los derechos humanos debe ir íntimamente ligada a un nuevo trato del Estado con la ciudadanía y sus derechos humanos, especialmente en el pleno respeto del derecho a reunión pacífica, libertad de expresión y a recibir un trato digno por parte de los agentes de seguridad -existan o no actos constitutivos de delito-, erradicando toda práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y a este respecto son los partidos que han ejercido la autoridad civil y no sólo Carabineros los responsables, especialmente esta derecha cada vez más adicta a instrumentalizar los miedos e inseguridades de las personas a punta de populismo punitivo.

En este contexto, como Frente Amplio hemos planteado principios y propuestas para una necesaria refundación de Carabineros en una policía civil y no militarizada, profesional, transparente y legítima, que ofrecemos para el debate entre expertos, sociedad civil e institucionalidad política. 

Sin embargo, la situación actual no puede esperar el resultado de un largo e incierto debate. Las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Por eso es tan importante y urgente la propuesta que hemos hecho para una intervención inmediata de Carabineros por un equipo independiente de especialistas que supervise su apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos. Un equipo con facultades para intervenir las unidades policiales con mayor cantidad de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, que pueda poner freno a las violaciones más graves que hemos visto los últimos meses, supervisar las necesarias modificaciones a los protocolos de actuación que han recomendado los organismos de derechos humanos y emitir recomendaciones desde la realidad para la refundación de Carabineros que deberá emprenderse en el mediano plazo.