Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Reportajes

2 de Julio de 2020

Al borde del olvido: la solitaria rehabilitación de las víctimas de trauma ocular

Acostumbrarse a usar una prótesis es lento, describen las víctimas de daño ocular durante el estallido social. Quienes consiguieron la suya antes de la pandemia, aseguran que se sienten mejor. Pero se complica todo, hasta llevarse un vaso con agua a la boca. Resienten que acceder a una hora para el sicólogo se haya puesto tan difícil en tiempo de coronavirus: abundan las cancelaciones y no a todos les han ofrecido consultas online. Deprimirse, tener deudas por tratamientos y cambiar de trabajo por discapacidad, son algunas experiencias de siete personas heridas en las manifestaciones sociales y que reclaman haber quedado en el olvido. 

Por

Manuel Veliz tiene 22 años y en su casa vive junto a otras 16 personas. Entre ellas un primo que pesa 120 kilos, por quien su familia debió extremar las medidas para enfrentar el coronavirus. Su hermana de 18, con quien comparte pieza, abandonó por este semestre los estudios porque no tenía cómo conectarse a internet. El único computador que había en la casa era el de Manuel, pero se descompuso. Antes del estallido, él trabajaba de maestro enfierrador y le iba bien. Le alcanzó en 2018 como para comprarse un computador propio, “la única compra cara que he hecho en mi vida”, dice él, riendo pese a todo.  

Desde que perdió la visión de su ojo derecho, todo en la vida de Manuel cambió. “No hay plata para gas hoy día”, dice, “no hay ni para mercadería”. Vive en Cerro Navia y no ha podido trabajar, “sólo rompí la cuarentena para hacer trámites en la municipalidad por culpa del ojo”, explica. 

Manuel Veliz, 22 años.

La tarde en que Manuel tuvo un estallido ocular por un perdigón, el 15 de noviembre pasado en las cercanías de la Plaza Baquedano, recuerda que sangraba mucho y que, pese a lo aturdido que lo dejó el proyectil, él sabía que subir a una ambulancia le podía salir plata que no tenía. Intentó rehusarse, pero le dijeron que la Ley de Urgencia costearía los gastos de la Clínica Alemana, donde finalmente pasó una noche y un día completos. “Yo dije que no tenía plata para pagarlo”, explica hoy Manuel, angustiado porque hace unas semanas le llegó una carta de Fonasa en la que decían lo siguiente: “Informamos que recibió atención de urgencia generando una deuda total de $1,2 millones”. 

“En la carta dice que si no pago, cuando trabaje me van a descontar la plata desde mi sueldo. No sé qué hacer. Tengo que anular este pago”, puntualiza.

Manuel Véliz consiguió una prótesis ocular un poco antes de que la pandemia paralizara todo, en marzo. Lo hizo a través de la Unidad de Trauma Ocular (UTO), del Hospital Salvador. Asegura que su vida es un poco mejor desde que la tiene.  

“Antes era un joven alegre”

Diego Foppiano es hoy un joven triste. Una depresión lo tiene abatido a sus 23 años. Su madre, Marcela Jara, acusa que fue una mala experiencia esperar que el Ministerio de Salud se hiciera cargo del apoyo sicológico de su hijo porque no funcionó. Según reclama, perdieron tiempo valioso de rehabilitación: el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) que implementó el Minsal en diciembre 2019 para víctimas de las manifestaciones incluía ayuda psicológica y psiquiátrica, pero ella está segura que los profesionales no dieron abasto. “El tratamiento ofrecía sólo una consulta al mes y este tipo de terapias requiere mucho más”, explica. 

Diego Foppiano, 23 años.

Diego había resultado herido el 19 de octubre. Salió de su casa en Puente Alto para tomar fotos de las protestas con un amigo y a los 15 minutos llamó a su madre desde un SAPU: un proyectil lo había herido y estaba abrumado. Él asegura haber visto a un carabinero apuntándole, una imagen que todavía le provoca angustia. 

Ante la demora en el programa especial del gobierno para los lesionados como él, actuó la Universidad Diego Portales. Allí el el joven estudia Ingeniería en control de gestión. Según su madre, gracias a la gestiones universitarias hoy su hijo recibe apoyo de un psiquiatra y un psicólogo en forma fluida. 

“Él quedó sin el ojito y en el hospital le pusieron un conformador”, explica la madre, respecto a la argolla de plástico transparente que le ponen a las personas tras haber perdido un globo ocular y previo a la implante de la prótesis. Marcela resiente que después de eso postergaran la  operación: “En diciembre le dijeron que el protesista se iba de vacaciones y que le iban a dar hora para marzo. Fue terrible pensar que iba a estar cuánto tiempo más sin su ojo. Ahí fue que se nos acercó una doctora de San Vicente de Tagua Tagua y ella le puso una prótesis provisoria, de su bolsillo. Hasta hoy está con esa prótesis, porque todavía no recibe una definitiva del Hospital Salvador”. 

Marcela está preocupada por la salud mental de su hijo. Le duele que se encierre en la pieza por periodos de dos a tres días sin querer hablar con nadie. Ella también está estresada. Según explica a The Clinic, todavía no sabe qué pasos seguir frente a una deuda de $7 millones que tiene con la Clínica Santa María producto de la atención a su hijo. Le dijeron en el recinto que harían todo lo posible porque fuera admitido por Ley de Urgencia, porque Diego no llegó con riesgo vital como exige la ley, pero ella cree que la idea fue sólo una buena intención del médico.  

La angustia de Marcela se resume en esta frase: “No se ha considerado que son personas, que están mutiladas y no se les ha dado una solución rápida. Esto no sirve de aquí a un año. Es un tema muy complejo, siento que no han tomado el peso de la parte humana, sobre lo que a estas personas les ha sucedido. Diego antes era un joven alegre”.

“Todo está congelado” 

Lo que más le cuesta a Nicolás Flores (27) es sortear los desniveles en los terrenos de su trabajo. Perdió el 90% de la visión de su ojo izquierdo y después de varios meses desempleado volvió hace poco a su oficio de maestro trazador en una construcción en San Fernando, donde vive. 

Nicolás Flores, 27 años.

“Ahora estoy trabajando en lo mío, con harto cuidado por los cambios de niveles, el terreno, hago todo con harta precaución”. Su labor consiste en indicar con exactitud el emplazamiento de lo que se va a construir en la obra, manteniendo la orientación que indican los planos. Pero la exactitud es hoy una habilidad doblemente difícil para Nicolás. 

“Yo tenía hora para una operación de córnea en la UTO, pero está todo detenido, paralizado; tenía una hora para el 30 de marzo”, dice, sin fecha todavía para volver a viajar a Santiago. “Me prometieron que iba a tener un tratamiento con sicólogos para aprender acerca de las distancias y todo eso, pero está todo congelado”.  

Cada vez que Flores recibe atenciones oculares resulta una odisea para él, porque está obligado viajar a Santiago.  Desde que fue herido el 20 de octubre en San Fernando -cuando él estaba protestando- ha tenido que recorrer distancias para tratarse: de la urgencia del Hospital de San Fernando lo derivaron con un  especialista en Rancagua; y para acceder al programa implementado por gobierno, debía atenderse en la UTO en Santiago.    

“Muchos quedamos súper tirados”

“A mí en la UTO me dijeron que mejor me fuera donde me correspondía por mi isapre. Todavía no partía el programa para trauma ocular”, recuerda Natalia Aravena, enfermera, 25 años, quien perdió su ojo derecho tras ser impactada en el rostro por una lacrimógena. Fue el 28 de octubre, en una marcha frente a La Moneda. 

Natalia se atendió primero en la Clínica Indisa y su cirugía se realizó en la Clínica Pasteur. Tuvo que recurrir a la Superintendencia de Salud porque le apareció el cobro del traslado en ambulancia entre ambas clínicas -de Providencia a Vitacura- por más de $500 mil.

Natalia Aravena, 25 años.

Después de atenderse en forma privada, Natalia volvió a la UTO para hacer uso del programa PIRO (Programa Integral Reparación Ocular) y recibir atención sicológica. Pero todo se dilató: “Fue más o menos nomás, porque con la cuestión de la pandemia empezaron a suspender las horas, las de la sicóloga y la terapeuta ocupacional. Recién ahora pude tener atención por videollamada con la sicóloga, pero después de dos meses.  Además, pucha, yo me había hecho una prótesis que no quedó muy bien, me iban a hacer una segunda, pero todavía no pasa nada. Muchos quedamos súper tirados”, dice Natalia.        

“No siento que vaya evolucionando bien”

Carlos Álvarez, 31 años, sabe que para ir a atenderse a la UTO hay que disponer, al menos, de unas tres horas. Como en muchos centros asistenciales del sistema público, tener una hora pedida no salva de que sea el orden de llegada lo que determine finalmente su turno.    

Él perdió el 80% de la visión en su ojo derecho luego de haber recibido, el pasado 10 de enero, una lacrimógena mientras acompañaba a un primo a tomar fotos en Plaza Baquedano. 

Carlos Álvarez, 31 años.

Le parece extraño que lo dieran de alta el 22 de mayo, tan poco tiempo después de producida su lesión. Su ojo le arde mucho y acusa que no recibió ayuda sicológica ni tampoco la de un terapeuta ocupacional como señala el programa de rehabilitación. “Me hubiera gustado seguir controlándome. No siento que vaya evolucionando bien lo que tengo. Poco menos uno tiene que ponerse a pelear para que me pasen las gotas, porque estoy de alta. Pero yo estoy empezando a vivir con esto y me siento botado, dejado de lado”, dice. 

Carlos era cocinero, pero antes del estallido social ya se encontraba sin trabajo, por lo que ser chofer de Uber significaba algún ingreso para él. Tras perder la visión de su ojo, el riesgo de retomar el volante era muy alto; así que con su pareja decidieron que ella, profesora de Matemáticas, solventaría los gastos de ambos hasta que la situación mejore.  

“Me gustaría que me hicieran el escáner”

La bomba lacrimógena que el 2 de marzo pasado le llegó a Osvaldo Muñoz en la cara, mientras se manifestaba en Melipilla, no sólo terminó con la visión de su ojo izquierdo. También le provocó un derrame en el cerebro que hoy, a sus 20 años, lo imposibilita de hacer fuerza. 

Osvaldo Muñoz, 20 años.

Antes trabajaba de temporero en el campo, pero tuvo que dejarlo. Gracias a las rifas que le organizaron en el Hospital de Melipilla, donde vive, pudo reinventarse como vendedor de ropa. Sus tratamientos hoy los realiza entre la ex Posta Central y en la UTO. Pero está preocupado, porque todavía no se toma el  escáner que determinará si el derrame está controlado o no.

“Tenía que ir a sacarme los puntos de la reconstrucción del párpado, pero no se ha podido. En la UTO me iban a llamar”, dice. Por suerte, la hermana de una amiga es enfermera y le hizo el favor de quitárselos. En su caso, la pérdida de visión no comprometió el globo ocular que todavía mantiene. Pero a Osvaldo le preocupa lo otro: “Lo que sí me gustaría es saber el tema del escaner, para saber si el derrame se fue o quedó”. 

“Yo asumí todo”

Andrés Arriagada tiene 47 años y se siente distinto al resto de las personas que resultaron con trauma ocular en medio de las manifestaciones: dice que su lesión en el ojo derecho no fue producto de una acción de carabineros. O mejor dicho, no tiene certeza de aquello, porque él recibió una piedra  y no un balín.

Ese día, 20 de octubre del año pasado, estaba con lentes y el impacto le quitó el 60% de la visión de su ojo derecho. Según dice, cuando llegó herido a la UTO, le dijeron que como tenía isapre era mejor que se atendiera en forma particular. “Nunca me sentí cómodo en la UTO”, dice hoy. Lo llamaron una vez, cuenta, una asistente social primero y una sicóloga después, pero explica que finalmente no recibió ayuda de ningún tipo. “Tuve que hacerme cargo de todos los trámites en forma particular, tuve que pagar como $500 mil para la operación. Yo asumí todo”.

Andrés Arriagada, 47 años.

Trabaja en publicidad y, al igual que le ocurre a varios chilenos independientes, el negocio no ha repuntado desde el estallido social. Sus deudas desde entonces se alzan por sobre los $8 millones.  “Fueron displicentes en la UTO, hubo falta de interés, no sentí apoyo real”, acusa enojado.

Tanto Andrés Arriagada como las otras seis personas contactadas por The Clinic para este reportaje han realizado acciones legales para que la justicia investigue y apunte a los responsables de la acción que los dejó lesionados. Todos reportan un lento avance en esas tramitaciones, por lo que estiman lejano el día en que podrían recibir una reparación por lo sucedido. Para ellos la vida se había puesto difícil al final de 2019, pero con pandemia el 2020 se ha vuelto todavía más gris de lo que creían.  

Lee la segunda parte de este reportaje sobre los resabios del estallido social para las víctimas de trauma ocular: Sólo la mitad de los afectados han recibido prótesis. Ingresa acá


Notas relacionadas

Deja tu comentario