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27 de Noviembre de 2020Del caso Corpesca al lobby de Iván Fuentes: Tres polémicos hitos que marcaron la Ley de Pesca
Antes de que se acabara el 2012, el Congreso aprobó la polémica Ley Longueira -nombre que recibió la nueva Ley de Pesca confeccionada por el entonces ministro de Economía de Piñera-. El cuerpo legal recibió la aprobación de un importante número de parlamentarios de la oposición, sin embargo, con los años se fue destapando que en su construcción intervinieron grandes pesqueras, a través de sobornos, cohecho y delitos tributarios, para influir en su propio beneficio. Actualmente, el poder legislativo está tramitando la anulación de la ley, mientras que el Gobierno pretende evitarlo llevando el caso al TC. Todo esto en medio de los procesos judiciales donde aún se espera sentencia en contra de los principales inculpados.
LAS SIETE FAMILIAS
La confección de una nueva Ley de Pesca se comenzó a trabajar durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, alrededor del año 2011, tarea que recayó en el ministro de Economía de ese entonces, Pablo Longueira, y el subsecretario de la repartición, Pablo Galilea.
El proceso se llevó a cabo con cierta tranquilidad a lo largo de un año, hasta que comenzó su trámite en el Congreso y comenzaron a organizarse protestas de pescadores artesanales, quienes acusaban que el cuerpo legal propiciaba la concentración de la explotación marítima.
La polémica se situó en torno a cinco artículos del proyecto de ley. Uno de ellos establecía que se entregaban licencias de pesca industrial por 20 años -renovables por 20 más-, lo que terminaba beneficiando a las “siete familias” que controlan cerca del 76% del rubro: Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.
El propio ministro Longueira era crítico de esta medida, pero porque su intención era que se tratara de licencias permanentes. En diálogo con CNN Chile aseguró que “desde el punto de vista económico, es mejor que las licencias sean indefinidas”.
Además, en la ley se descartó la reserva de cinco millas de protección para la pesca artesanal, permitiendo que buques industriales puedan explotar el mar cerca del borde costero. Tampoco se fomentaron las licitaciones industriales abiertas para descomprimir el mercado, ni se estableció una moratoria para la prohibición de la pesca de arrastre, ni se reconocieron los pueblos indígenas dedicados a esta actividad, como los lafkenches.
Durante esa época se realizaron varias campañas para criticar el proyecto de ley. Sin embargo, el Gobierno optó por desestimar los reclamos. El subsecretario Galilea argumentó que la iniciativa había sido discutida con dos organizaciones que representaban, según él, al 80% de los pescadores artesanales del país.
Además, fustigó a los grupos movilizados, a quienes llamó a deponer sus acciones, informarse mejor y no dejarse llevar por “intereses políticos financiados con recursos extranjeros”, según subraya una nota de Radio Bío-Bío.
EL CASO CORPESCA
La nueva Ley de Pesca fue aprobada por el Congreso un 19 de diciembre del año 2012. A favor del proyecto no sólo votaron los 15 legisladores del oficialismo, sino también ocho senadores de la oposición: Seis DC (Patricio e Ignacio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Hosain Sabag y Mariano Ruiz-Esquide) y dos PS (Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier).
Previamente, en la Cámara Baja se había dado un escenario similar, ya que 15 diputados de la Nueva Mayoría le dieron su venia a la iniciativa: Siete del PPD (Pepe Auth, Ramón Farías, Jorge Tarud, Adriana Muñoz, Enrique Jaramillo, Cristián Campos y Orlando Vargas), seis de la DC (Jorge Burgos, Jorge Sabag, Patricio Vallespín, Matías Walker, José Miguel Ortiz y Eduardo Cerda), una del PS (Clemira Pacheco) y un radical (Fernando Meza).
Sin embargo, una vez concluido el primer Gobierno de Piñera, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comenzó una investigación por el presunto financiamiento a parlamentarios -mediante boletas ideológicamente falsas- por parte de la empresa Corpesca, propiedad del Grupo Angelini, precisamente en el marco de la discusión de la Ley de Pesca.
Uno de los primeros formalizados del caso fue el gerente general de la empresa, Francisco Mujica, a quien se le imputaron los cargos de soborno y delitos tributarios reiterados entre 2009 y 2013. Entre los legisladores a quienes les habría depositado considerables sumas de dinero están la exdiputada Marta Isasi y el exsenador Jaime Orpis.
Ambos fueron formalizados por cohecho y delitos tributarios, aunque al exparlamentario también se le acusó de fraude al fisco y lavado de activos. En el marco de la investigación, fue citado a declarar el exministro Longueira, quien defendió a Orpis, pero se tiró una impactante frase sobre el financiamiento de la política:
“Bueno, hasta el año 2003, todos esos fondos se obtenían con boletas… todos… las campañas presidenciales, las campañas parlamentarias hasta el 2003, íntegramente, eran lo que hoy se llama las boletas ideológicamente falsas. O sea podríamos decir que hasta ese año todos los políticos chilenos eran corruptos”
Después de tres años de investigación, finalmente el Ministerio Público solicitó no perseverar en los casos de otros cinco parlamentarios por el caso Corpesca: Fulvio Rossi (PS), Antonio Horvath (RN), Hosain Sabag (DC), Carlos Bianchi (Independiente) y Alejandro García-Huidobro (UDI). Sin embargo, aún se está a la espera de las sentencias para los principales inculpados.
EL LOBBY DE IVÁN FUENTES
El año 2013, el dirigente del movimiento social de Aysén, Iván Fuentes, decidió dar el salto a la política y fue electo diputado por la zona. Sin embargo, tres años después, un episodio del programa Informe Especial de TVN reveló que el parlamentario había recibido dinero de empresas pesqueras para su campaña.
Las acusaciones fueron admitidas por el legislador, quien incluso reconoció que durante sus años como dirigente sindical recibió dinero por parte de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES) para viajar a Santiago y Valparaíso a participar de la discusión de la Ley de Pesca.
Días después, un reportaje de Ciper reveló que entre las demandas que trajo a la capital, Fuentes pidió al Congreso aumentar la cuota anual de merluza austral, que benefició directamente a la empresa Friosur, parte de la FIPES y propiedad de la familia Del Río, históricamente vinculada a la DC.
