Agencia Uno

Columna de Fernanda Stang y Elizabeth Andrade: De la expulsión como espectáculo a la solidaridad como resistencia

La solidaridad no sólo es una reacción de subsistencia, sino una bandera de lucha que necesitamos que prime sobre las estrategias comunicacionales xenófobas y sus cálculos cortoplacistas.

La imagen está instalada: migrantes enfundados en overoles blancos, escoltados por representantes de “la ley y el orden”. Erradicación de la peste, de la lacra, para poner “la casa en orden”. La estrategia comunicacional se ha ido perfeccionando, encontrando mañosamente la manera de inmunizarse con artilugios falaces frente a los reclamos de organizaciones de y para migrantes, que hemos estado denunciando las violaciones de derechos humanos que suponen estas expulsiones MASIVAS que violan tratados internacionales de derechos humanos, aunque la autoridad de migraciones intente negar ese hecho con tecnicismos, instrumentalizando el concepto jurídico de expulsión masiva, mientras paradojalmente acusa de instrumentalización a las organizaciones.

El propósito de la estrategia es muy obvio, pero funciona porque se encuentra con un campo en barbecho para la xenofobia: las y los migrantes somos delincuentes, la parte por el todo, la metonimia es eficaz. Para hacer más eficiente el argumento, la política de expulsiones del gobierno ha tendido en el último tiempo a hacer expulsiones judiciales más que administrativas, como lo ha mostrado el Observatorio de Política Migratoria, que dirige Eduardo Thayer, de la UCSH. Como los temas de extranjería no gozan de un conocimiento muy difundido, resulta más fácil simplificar los hechos. Nadie se atreve a decir, porque es políticamente poco rentable, que de todos modos las personas que delinquen, sean nacionales o migrantes, son sujetos de derechos, y que esos procesos delictivos también se explican por las salvajes desigualdades que genera el capitalismo. Esto, no obstante recordar que la población extranjera encarcelada representa un porcentaje muy pequeño del total de extranjeros en el país, proporcionalmente menor al porcentaje de la población migrante sobre la población nacional.

La eficacia de esta estrategia, que se inició tempranamente en esta gestión gubernamental, se hace evidente además en la aprobación de una nueva ley de migración y extranjería después de años de intentos de actualizar este marco normativo. Lamentablemente, se trata de una norma basada en una lógica economicista y securitaria, que revela una falta de comprensión de los procesos migratorios, y que está condenada al fracaso.

Nadie se atreve a decir, porque es políticamente poco rentable, que de todos modos las personas que delinquen, sean nacionales o migrantes, son sujetos de derechos, y que esos procesos delictivos también se explican por las salvajes desigualdades que genera el capitalismo.

Pero frente a esta eficacia cortoplacista, frente a una mirada de las migraciones y los migrantes como problema, en el mejor de los casos, o decididamente como amenaza, se alzan respuestas “eficientes” para otro tipo de propósitos, miradas y temporalidades, de más largo aliento. Nos referimos a la organización reticular que, desde hace años, han estado hilvanando personas migrantes y nacionales, construyendo un tejido social que, intensificado con los acontecimientos de fines de 2019 (el llamado “estallido social”), han funcionado silenciosa e incansablemente para responder a las demandas acuciantes que ha amplificado la pandemia, ante una notable ausencia de las instituciones del Estado en muchos espacios. Una red de ollas comunes, ollas secas, “circuitos calle” (raciones calientes para personas viviendo en la calle), alojamientos improvisados para migrantes varados en Chile por el cierre de fronteras, queriendo regresar a sus países; estrategias para que mujeres migrantes embarazadas y con bebés recién nacidos reciban la alimentación que necesitan, atención médica, leche, pañales; sistemas de alerta y apoyo con clínicas jurídicas y organizaciones para migrantes ante el acecho de las expulsiones, que han separado familias, dejando en Chile a grupos familiares sin el jefe o jefa de hogar; todo un amplio abanico de acciones solidarias en las que la frontera entre nacionales y no nacionales se desdibuja. Las mismas redes que se han organizado hace tiempo, por ejemplo, para demandar viviendas, sumándose al histórico movimiento nacional de pobladoras y pobladores, y es esa calidad, la de poblador/a, la que articula luchas en las que la clase diluye la distinción entre chileno/chilena y extranjero/extranjera. Son esas estrategias, en las que la solidaridad no sólo es una reacción de subsistencia, sino una bandera de lucha -esas mismas que se tomaron las calles exigiendo dignidad a fines de 2019-, las que necesitamos que primen sobre las estrategias comunicacionales xenófobas y sus cálculos cortoplacistas. Por eso escribimos, para hacerlas visibles.

Las mismas redes que se han organizado hace tiempo, por ejemplo, para demandar viviendas, sumándose al histórico movimiento nacional de pobladoras y pobladores, y es esa calidad, la de poblador/a, la que articula luchas en las que la clase diluye la distinción entre chileno/chilena y extranjero/extranjera.

*Fernanda Stang es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, CISJU-UCSH, Santiago. Elizabeth Andrade es vocera de la Corporación Rompiendo Barreras/MPBD Arenales, Antofagasta.

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