Indicación sobre migrantes: Subsecretario Montt se cuadra con Kast y exministros de Salud respaldan la postura de la ministra Chomali

Continúan las repercusiones tras la indicación que añadió la Subsecretaría del Interior a un proyecto de ley de procedimiento de expulsiones administrativas, en la que se plantea una “obligación de entrega de información” por parte de instituciones del Estado -como centros de salud o educación-, sobre migrantes irregulares que se encuentren en el país.

Y es que el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se cuadró con el Presidente José Antonio Kast respecto a la legitimidad de este plan, pese al desmarque de la ministra May Chomali, quien planteó que la iniciativa puede vulnerar el secreto de la atención médica.

“El compromiso del Gobierno en relación con esta materia es hacer cumplir la Ley y esa ley está hoy en el Parlamento. Nosotros tenemos que ordenar la casa en materia migratoria y lo que vamos a realizar, desde el servicio de Salud, es cumplir con las indicaciones de la ley y las solicitudes de las autoridades que corresponda”, declaró el subsecretario Montt, en medio de una actividad de supervisión de avances de obras del nuevo Hospital del Salvador.

“Aquí lo que vamos a hacer es resguardar la política de gobierno en materia migratoria, pero que también va a resguardar los derechos de los pacientes. Aquí nosotros como servicios públicos vamos a cumplir con la ley”, insistió.

Montt fue más allá y aseguró que “no existe ninguna diferencia entre lo planteado entre el Presidente y la ministra de Salud, respecto de lo que son los resguardos de los derechos y la atención a los pacientes a lo largo del territorio”.

Exministros de Salud se pronuncian

En medio de este panorama, exministros de Salud se han pronunciado para cuestionar la indicación planteada por la Subsecretaría del Interior, como también para respaldar los cuestionamientos expresados por May Chomali.

“No puede ser que otros ministerios decidan colocar algún tipo de barrera al acceso a la salud de migrantes sin consultar al Ministerio de Salud y a su ministra May Chomali, colocando en riesgo la salud de toda la población chilena”, expresó a través de sus redes sociales Osvaldo Artaza, quien fuera titular del Minsal entre 2002 y 2003.

“Por ninguna razón se debe colocar ningún tipo de barrera al acceso a la salud de los migrantes, ya que ello no solo los coloca en riesgo a ellos, sino que aumentan las probabilidades de incremento de prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas a toda la población chilena”, añadió.

Por su parte Helia Molina, quien fuera ministra de Salud en el primer año del segundo mandato de Michelle Bachelet, expresó lo siguiente: “Es una aberración pensar que los establecimientos de salud y de educación sean  fuentes de información para tomar medidas en contra de migrantes irregulares. Eso es no entender nada de derechos humanos, en general, y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y derechos de pacientes”.

Mientras tanto Soledad Barría, quien estuviera a la cabeza de Salud entre 2006 y 2008, planteó que “toda la experiencia en salud pública concuerda en que no debe aprobarse la obligación de denuncia de migrantes. No solo va contra acuerdos internacionales y leyes, sino que va contra la humanidad y contra la misma salud pública. En salud nadie se salva solo”.

También se manifestó en contra de esta indicación Jaime Mañalich, quien fuera ministro de Salud en los dos mandatos de Sebastián Piñera. A través de una columna en The Clinic estableció que aprobar este plan “sería un error grave”, ya que “no solo vaciaría de contenido el derecho a la salud, sino que convertiría al consultorio en una trampa, alejando a personas enfermas del sistema con consecuencias de salud pública para toda la población”.

“Las enfermedades contagiosas no respetan estatus migratorio. Asimismo, la tardanza en atender condiciones puede traducirse en muerte o en complicaciones”, complementó.