Columna de Catalina Littin: Casen 2020, lo urgente y las transformaciones por avanzar

Las futuras políticas públicas debiesen resguardar los modos económicos y productivos propios de cada localidad y territorio, y no verlos de manera estandarizada. Tenemos grupos de la población que son muy ricos en términos bioculturales y patrimoniales, pero que, paradójicamente, viven en situación de pobreza monetaria.

Los resultados de la encuesta Casen 2020 nos muestran una foto del preocupante momento que vive el país: por primera vez, desde que se aplica la Casen (1990), que la baja sostenida de la pobreza por ingresos sufre un quiebre, lo que no ocurrió ni con la crisis asiática en 1998, ni con la crisis subprime en 2009.

El retroceso de dos décadas también se ve en la desigualdad o distribución del ingreso, en que la brecha de ingresos del trabajo entre los más ricos y los más pobres supera las 416 veces. La pandemia afectó de manera más profunda a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y a diferencia de otras crisis, el empleo informal, por cuenta propia y doméstico retrocedió, provocando una caída abrupta y en algunos casos, de largo plazo en los hogares que viven en comunas afectadas por extensas cuarentenas.

Esta crisis no se vive de manera homogénea en todos los territorios del país. El caso de la región de Tarapacá es preocupante, así como el de la región de Antofagasta y la región Metropolitana, que registran las cifras más altas, por sobre el promedio nacional.

Adicionalmente, la medición de pobreza multidimensional refleja que las consecuencias de la crisis superan sus efectos en el empleo y los ingresos, y afectan a otras áreas del bienestar de las personas como lo es la educación, la salud, la calidad del empleo y la vivienda.

En síntesis, los resultados dan cuenta del aumento de la pobreza y la desigualdad, el bienestar humano decayó y el acceso a las oportunidades empeoró.

Con todo, creemos que las cifras deben ser miradas con cautela y ser complementadas con la información de estudios especializados, como las Encuestas Social Covid-19 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o los análisis especializados sobre seguridad alimentaria que ha realizado la FAO. Enriquecer este es relevante para tener una visión lo más completa posible y tomar decisiones consistentes con el tamaño y profundidad de la crisis sanitaria y social que vive el país.

En síntesis, los resultados dan cuenta del aumento de la pobreza y la desigualdad, el bienestar humano decayó y el acceso a las oportunidades empeoró.

Que la pobreza por ingresos suba, alcanzando a un 10,8% de la población es una mala noticia, la que en parte se vio atenuada por los subsidios estatales. Sin ellos, la cifra habría alcanzado cerca del 14%. Tenemos tareas urgentes.

Una de ellas es darle relevancia a la velocidad en la recuperación del empleo, especialmente el empleo femenino, el que se ha visto más afectado. Pero no se trata de cualquier empleo, se trata de una recuperación que ponga al centro la creación de empleos protegidos y de calidad.

Por ello, las ayudas estatales deben ser retiradas con una gradualidad que contemple no solo un mayor crecimiento en el país, sino que considere precisamente la recuperación del empleo. Así, es razonable plantear primero un retiro de ayudas a los sectores medios a medida que mejore la empleabilidad y ser muy precavidos en el necesario apoyo a los grupos más vulnerables, que se caracterizan por tener ingresos precarios e intermitentes. Cortar las ayudas de manera abrupta sería un error, al igual que sostener un desembolso tan alto de subsidios que sea poco sustentable en materia fiscal y que ahogue la necesaria autonomía que requerimos todos.

Dentro de las transformaciones a las que debemos apuntar, está adquirir un enfoque de políticas sociales que fortalezcan una mirada pro-desarrollo local y de cohesión social. No basta con entregar subsidios y recursos, debemos saber también cómo éstos afectan las dinámicas socioeconómicas locales. Así, las medidas que se implementen deben promover la equidad territorial y ser pensadas proyectando el tipo de recuperación y desarrollo que con claridad surgen desde los mismos territorios. En esta estrategia es clave que haya medidas diferenciadas para distintos rubros y territorios, de alcance local y regional, ya que los efectos de la pandemia han afectado a la población de manera disímil.

De ahí la importancia de potenciar todo lo que la pandemia también generó en materia de cooperativismo, asociatividad, economía circular, protección del patrimonio de los territorios, por poner solo algunos ejemplos.

Cortar las ayudas de manera abrupta sería un error, al igual que sostener un desembolso tan alto de subsidios que sea poco sustentable en materia fiscal y que ahogue la necesaria autonomía que requerimos todos.

Por esta razón las futuras políticas públicas debiesen resguardar los modos económicos y productivos propios de cada localidad y territorio, y no verlos de manera estandarizada. Tenemos grupos de la población que son muy ricos en términos bioculturales y patrimoniales, pero que, paradójicamente, viven en situación de pobreza monetaria.

A la luz de los resultados de la encuesta Casen, tenemos la oportunidad de hacer las transformaciones necesarias para que la política social fortalezca la cohesión social y el desarrollo local y enfrentar con colaboración, pero también con inclusión, la difícil tarea de recuperar lo perdido, mejorando en el camino la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ampliando y mejorando las oportunidades para el necesario despliegue de las capacidades humanas y estableciendo los derechos sociales que aseguren un piso de dignidad para todos.

*Catalina Littin es Directora Ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza – SERVICIO PAÍS.

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