Héctor Espinosa, ex director de la PDI

Agencia Uno

Los millonarios depósitos por los que investigan al ex director de la PDI: Fiscalía lo formalizará por malversación de caudales públicos

Héctor Espinosa es acusado de apropiarse de forma indebida de cerca de 140 millones de pesos a través de al menos 53 depósitos en dinero en efectivo.

La Fiscalía solicitó formalizar al ex director general de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, en el marco de la investigación que se desarrolla en su contra por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero.

De acuerdo a la información dada a conocer por La Tercera, este mismo lunes 16 de agosto el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lidera las diligencias, ingresó la solicitud de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por los hechos que se investigan además será formalizada la esposa de Espinosa y funcionaria del SII, María Neira Cabrera, a quien se le acusa de ser autora del delito de lavado de activos.

Además, se encuentra involucrado en la causa Eduardo Villablanca Inostroza, subcomisario de la PDI y ayudante del ex director de la policía civil al momento de la situación denunciada.

Según el citado medio, este último será formalizado como autor de lavado y cómplice del desvío de las arcas fiscales por la indagatoria en la que ha decidido colaborar para esclarecer los hechos apuntando a que él cumplió “órdenes”.

Respecto a los depósitos que levantaron la sospecha del fraude, se detalla que estos comenzaron a realizarse el mismo mes en que Espinosa fue nombrado en el cargo por la ex Presidenta Michelle Bachelet, en junio de 2015 y se extendieron hasta marzo de 2017.

Estos movimientos se hicieron por una suma total de 140 millones de pesos aproximadamente en lo que fueron al menos 53 depósitos en dinero en efectivo.

Estos además fueron a parar en las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y su esposa, además de otra cuenta del ex director en el BancoEstado, y por montos de un millón de pesos o más al mes, hechos que terminaron motivando una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

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