¿Narcotráfico en la Araucanía? Informe Anual sobre DD.HH. de la UDP matiza asociación entre comercio ilícito de drogas y comunidades Mapuches

“El debate público ha estado enfocado en si existe o no una efectiva condena a la violencia en la zona de conflicto por parte de las autoridades, tornándose una discusión estéril donde parecieran que sólo fuera suficiente condenar los sucesos violentos para que estos desaparecieran definitivamente”.

Así, sin anestesia, termina el capítulo “Reflexiones sobre el conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche y las Violencias Múltiples en el Wallmapu”, realizado por la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR, Antonia Rivas, dentro del marco del “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021” que realiza la UDP y al cual The Clinic tuvo acceso exclusivo.

El informe, que reflexiona sobre las situaciones y hechos de violencia entre el Pueblo Mapuche y el Estado chileno, identifica cuáles son los puntos críticos del conflicto “que impiden la posibilidad de un diálogo político, fructífero y duradero, que permitan poner fin a las graves situaciones de violencias múltiples y el reconocimiento de las demandas de los derechos colectivos del pueblo mapuche”, según reza el documento.

Con esa intención, finaliza con un llamado de atención para la discusión pública, la que -a juicio de la autora- no se detiene “en las causas que es necesario comprender para prevenir y ejercer el rol garante del Estado”.

En este sentido, el estudio -que será difundido en su totalidad a inicios de Diciembre- reconoce que “la relación entre los pueblos indígenas, en particular el pueblo Mapuche, y el Estado chileno, es muy profunda y compleja y ha estado marcada por la desconfianza, dado el incumplimiento de los acuerdos y promesas y la falta de entendimiento mutuo”, concluye el informe.

Narcotráfico y movimientos mapuche: ¿Hipótesis o Realidad?

“Ha adquirido mucha fuerza, el último tiempo, la idea de una hipotética vinculación entre el narcotráfico y los movimientos que reivindican la causa mapuche mediante acciones violentas”, afirma el documento.

Para el informe, la asociación narcotráfico-comunidades mapuche se intensificó desde el 2020 y su origen estaría ligado a la criminalización del conflicto que -según se indica- “ha predominado en las últimas décadas”.

Así, en el informe la autora se basa en cifras del Ministerio Público para cuestionar la veracidad de esa relación. “Según la incautación de droga entre los años 2015 y 2019 en comparación con todas las regiones del territorio nacional, La Araucanía ocupa el onceavo puesto a nivel nacional, uno de los últimos lugares en incautaciones por cocaína, así como el noveno puesto cuando de marihuana se trata”.

Así, estas cifras, según afirma Rivas en el texto, “desmentirían, en parte, la gravedad que se atribuye a este fenómeno en la zona del conflicto”.

En tanto, la autora afirma en el documento que muchos de los allanamientos producidos en La Araucanía “han tenido como justificación declarada el desmantelar redes de narcotráfico y crimen organizado”. Aunque “hasta hoy, todavía no hay datos o antecedentes claros sobre la envergadura de estos casos, y si se trata de una práctica generalizada en las comunidades o de casos aislados”.

Sin embargo, en el informe se reconoce que “de comprobarse este vínculo, nos parece que el ingreso del narcotráfico a las comunidades podría ser un camino sin retorno, que deteriora las instituciones tradicionales y cosmovisiones, y dificulta el encuentro de una solución política para garantizar la autodeterminación y autonomía mapuche”.

En esa línea, dando cuenta de la complejidad del conflicto, según el informe “resulta particularmente claro que se ha renunciado a la búsqueda de una solución política integral al conflicto, tras el fallido intento del exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de llevar adelante un diálogo político en 2019 tras la lamentable y conocida muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca”.

“Lenguaje de conceptos bélicos”

Otro de los puntos críticos del conflicto, según se indica en el informe, es el lenguaje con el que las autoridades se refieren a el.

“La mayoría de las declaraciones del gobierno, en estos temas, se enfocaron en remarcar la gravedad de la situación que se vive en la Región de La Araucanía, y la necesidad de una respuesta penal firme, usando frecuentemente un lenguaje que hace alusión a conceptos bélicos”, afirma el documento.

Así, para ejemplificar esto, el informe cita declaraciones del ex minsitro del Interior, Víctor Pérez (UDI), quien “se refería constantemente a grupos ‘violentistas y terroristas’ o a la existencia de ‘grupos con capacidad militar’ y a la ‘política del terror’, afirmando, en múltiples ocasiones, que en este conflicto no hay presos políticos”.

De esta forma, el documento afirma que el foco del Ejecutivo “muestra una visión centrada en el despliegue de fuerzas policiales en la zona y en el incremento del presupuesto destinado a Carabineros y la Policía de Investigaciones, especialmente en uso de tecnología, vehículos y armamento”.

Con todo, el informe finaliza con una serie de recomendaciones al Estado de Chile para explorar un camino de solución.

Un de estas sugerencias, señala: “llevar adelante cambios institucionales que permitan comprender y reconocer la demanda territorial y política Mapuche, dejando de lado la mirada centrada únicamente en la seguridad y el orden público”.

En esa línea, el informe propone “propiciar un espacio de diálogo institucional que cuente con la presencia de todos los actores del conflicto”.

“Revisar la política de seguridad pública llevada adelante por el gobierno a través de las policías, con miras a garantizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza pública, la seguridad de la población, la no discriminación y la igualdad ante la ley”, reza otra de las recomendaciones.

A estas se suman “llevar a cabo medidas urgentes para cambiar los protocolos sobre actuaciones de Carabineros en territorios indígenas, modificándolos para su adecuación a los estándares de derechos humanos”. En la misma línea, el informe agrega: “Realizar acciones urgentes y concretas para terminar con los abusos policiales que se han reportado contra comunidades indígenas, en especial respecto a los niños, niñas y adolescentes mapuche”.

Recuperaciones territoriales: incremento del 688% en el último trimestre

Según el documento, algo que ha caracterizado el conflicto que mantiene el Estado con las comunidades mapuches este año, es “el aumento explosivo de las reivindicaciones y controles territoriales que comunidades indígenas reclaman como tierras ancestrales”.

Para poner esto en cifras, el informe pone sobre la mesa datos del Ministerio del Interior: hasta el 21 de marzo del 2021 se han registrado en total 389 casos de violencia rural en la Macrozona Sur del país (Araucanía, Los Lagos y Los Ríos). Sólo en La Araucanía, los casos de violencia rural desde 2013 a 2020, han aumentado un 241%.

Esto, dice el informe “se trata de incendios o ataques incendiarios, disparos o la presencia de armas de fuego, ataques o enfrentamientos con Carabineros, las Fuerzas Armadas o la PDI (…) Adicionalmente, según cifras reportadas por la unidad de Macrozona Sur que fueron entregadas por Carabineros y la PDI, tenemos que en total, durante este año, se han detenido a 304 personas por delitos relacionados con la ‘violencia rural’, un 407% más que en comparación al año pasado. La mayoría de los aprehendidos este año son por robo de madera (165) y por desórdenes públicos (17)”.

En esta línea, el estudio profundiza en las cifras de Interior: “de los 427 casos de ‘violencia rural’ en la Macrozona Sur, en el primer trimestre de 2021, 134 corresponden a lo que es denominado por el gobierno como ‘usurpaciones de predios’ y por las comunidades mapuche como ‘recuperaciones territoriales’”.

“En igual período de 2020, se registraron 17 ocupaciones o recuperaciones de terrenos en el mismo sector, es decir, se ha producido un aumento de un 688% de esta clase de hechos, de un trimestre a otro. Donde más se han registrado es en La Araucanía, región en la que se han contabilizado 129 ocupaciones”.

En base a esto, el estudio se aventura con una hipótesis: “este incremento de las reivindicaciones tiene relación con las denuncias de que la Conadi no ha ejecutado, en este período, la totalidad de los presupuestos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”.

Así, esto estaría relacionado, con que “el gobierno ha sido claro en declarar que entienden la demanda de restitución territorial como un asunto de pobreza y desarrollo económico, y no desde la óptica de reparación del territorio despojado, y menos desde la restitución colectiva”.

Forestales y comunidades: la interlocución ausente del Ejecutivo

“Las empresas privadas, especialmente forestales y de proyectos de inversión en tierras y territorios de propiedad legal u ocupación tradicionalmente mapuche, también han tenido un rol fundamental en la agudización del conflicto”, reza el informe.

Así, el estudio comenta que gran parte de los allanamientos que ocurren en la zona, “se dan en un contexto de recuperación y ocupación por parte de las comunidades mapuche, de tierras que están en manos de particulares o de empresas forestales”.

El impacto que las forestales tendrían en la zona, según el estudio, no es sólo por el impacto ambiental que las empresas provocan, sino que también “por el fuerte despliegue policial que se destina a su protección”.

Algo que, en todo caso, en el texto se contrapone a las declaraciones de Carlos González, General de Carabineros encargado de la Macrozona Sur, quien en Julio del 2021 dijo a La Tercera: “tenemos que resguardar víctimas, no cuidar un fundo de cuatro mil hectáreas”.

Así, un nudo crucial entre el conflicto de las forestales y las comunidades, sería la ausencia del gobierno como mediador entre ambas partes.

“Se puede apreciar la tendencia del gobierno a estar ausente en la intermediación lo que, a nuestro juicio, da la posibilidad a estas empresas de tejer redes clientelares más directas con algunas comunidades, lo que estaría propiciando problemas al interior de las propias comunidades mapuche”, concluye el estudio.

La senda institucional o el camino de la resistencia armada

El texto afirma que es posible distinguir dos “grandes grupos relacionados con la causa mapuche”, entre los cuales estarían “aquellos que optan por la senda institucional y los que toman el camino de la resistencia armada”.

Entre los primeros, estarían la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Lafkenche y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

En tanto, en el grupo de quienes han optado por la vía institucional, están los grupos Identidad Territorial Lafkenche, Ad Mapu, Consejo de Todas las Tierras, Alianza Territorial Mapuche y Red de Mujeres Mapuche, entre otras.

El primer grupo, en tanto, ha cobrado un “mayor protagonismo producto del incremento de sus acciones violentas”, afirma el texto. Esto puede verse según las cifras del gobierno que el documento pone sobre la mesa.

“Cerca de 121 ataques incendiarios se perpetraron en la región en 2019, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 172. Durante 2021 se han seguido produciendo atentados de este tipo: desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021 se registraron 19 ataques incendiarios, representando un aumento del 15% en comparación a los mismos meses del año anterior”.

A esto, el informe advierte que, según cifras de Carabineros, la “tendencia al alza de los episodios violentos, especialmente incendios y cortes de camino en la Macrozona Sur, es cercana al 71% en comparación a años anteriores”.

En la misma línea, el texto rescata datos del gobierno según los cuales, entre 2018 y 2021, “un 42% del total (de los hechos de violencia) corresponden a hechos verificados durante el primer semestre de 2021”.

A esto, además, el informe agrega cifras de Carabineros, las que indican que, hasta lo que va del año “se han registrado 105 ataques a camiones, lo cual se traduce en un incremento del 47% en relación con el año pasado en la misma fecha. Asimismo, la policía uniformada informa que 112 incendios han afectado a maquinarias, lo que significa un incremento del 38% en comparación al año anterior”.

Con respecto a los grupos que han optado por la vía institucional, el informe agrega que, para esta corriente, “el hito fundamental es sin duda el inicio del Proceso Constituyente”, que cuenta con 17 representantes de los pueblos originarios como escaños reservados, dentro de los cuales siete pertenecen al pueblo Mapuche.

Sobre las elección de estos convencionales, que se llevó a cabo el fin de semana del 15 de Mayo, el informe destaca que “dio cuenta de una baja participación del electorado mapuche, ya que votó sólo el 20% del padrón electoral compuesto por las personas que se reconocen como Mapuches, esto sin considerar a los miembros del pueblo Mapuche que optaron por votar por los constituyentes territoriales”

Sin embargo, según se lee en el documento, se rescata el hecho de que “dentro de este mismo contexto eleccionario, resultaron electos 14 alcaldes mapuche”.

En la misma línea, el informe valora la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional y rescata el discurso que dio en la ceremonia de inauguración de la instancia. “Las primeras palabras de Loncón al asumir la mesa directiva fueron en mapuzungun, las cuales fueron pronunciadas en compañía de la machi Francisca Linconao, también electa constituyente y figura emblemática por su absolución, en dos oportunidades, en el bullado caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay”.

“Loncón en su discurso envió un saludo a los pueblos de Chile, señalando que con la Convención se iniciaba el camino hacia un país plural y plurinacional”, afirma el informe, sobre este hito en la historia reciente del país.

Cabe señalar que el 13 de Octubre el gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional para las provincias del Biobío y Arauco (Región del Biobío) y Malleco y Cautín (Araucanía), medida que el Presidente Piñera quiere prorrogar para la Macrozona Sur, según expresó la mañana del 02 de Noviembre. Algo a lo que se suma un fallo de la Corte Suprema, emitido la semana pasada, donde se solicita al Ejecutivo la implementación de políticas de seguridad para las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, debido a la “violencia rural”.

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