Crisis migratoria en Iquique: las reservadas gestiones del equipo de Boric para abordar el polvorín del norte

El pasado miércoles 26 de enero, en la antesala de una crisis migratoria que reventó desde las primeras horas de ayer, lunes 31 de enero, con distintas manifestaciones en la ciudad de Iquique, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se contactó con los equipos de La Moneda Chica, ahí donde el Presidente electo, Gabriel Boric, afina los preparativos para asumir el gobierno el próximo 11 de marzo.

Fuentes que conocieron el enlace, señalan que Carvajal se comunicó con Roberto Estay, colaborador de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, desde el Colegio Médico. El mensaje se resumía así: la situación en la capital regional no daba para más. Días después, los hechos le darían la razón.

El pasado miércoles 26, Carvajal se comunicó con Roberto Estay, colaborador de Izkia Siches, para solicitar una reunión con el futuro gobierno de Boric sobre la crisis migratoria. La respuesta fue que se haría después de la nominación de subsecretarios.

En esa conversación, el gobernador de Tarapacá, solicitó una reunión con las futuras autoridades de Interior, donde también participarían los otros gobernadores del Norte Grande: Jorge Díaz (Arica y Parinacota) y Ricardo Díaz (Antofagasta).

Sin embargo, la respuesta que tuvo Carvajal fue que aquella reunión se afinaría una vez que esté avanzado las nominaciones del próximo gobierno -aseguran las fuentes-, lo que para el caso de los subsecretarios, debería ocurrir durante la jornada de hoy, martes 01 de febrero.

Menos de una semana después, el tema se tomó la agenda con una fuerte reacción por parte de los habitantes de Iquique. En ese contexto, Izkia Siches salió jugando al constatar lo evidente: aún no asumen el gobierno. “Hay que preguntarle al gobierno. Ir a preguntarle al ministro Delgado qué medidas se van a tomar”, dijo a los medios, mientras salía desde la sede del gobierno en construcción en calle Condell, comuna de Providencia.

La respuesta por parte del gobierno llegó poco después a través del mismísimo ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

“Yo les pediría una definición, porque hay 42 parlamentarios, entre ellos autoridades electas y ministros designados, que estuvieron en contra de herramientas para que policías frenen la migración en las fronteras. Si hubo cambio de postura, es una buena pregunta”, dijo el jefe de gabinete, apuntando -sin mencionarlos- a los todavía diputados Boric, Jackson y Fernández. Junto a ello, amplió sus competencias hacia un radio indeterminado: “Aquí todos somos responsables”.

Con ese emplazamiento, Delgado se refirió a la tramitación de la Ley de Migraciones, que se aprobó durante el 2021 en el Congreso.

Aquella ley fue llevada al Tribunal Constitucional por un grupo de 42 parlamentarios de oposición, tratando de impugnar, sin éxito, 14 artículos del proyecto por presuntos vicios de constitucionalidad. En este caso, Delgado se enfocó en la norma que permitía la “reconducción”, símil de “expulsión”.

“La reconducción viene en la nueva ley que se acaba de promulgar y estamos a la espera de que salga ese reglamento de Contraloría. Va a permitir que una persona migrante que está ingresando por paso irregular clandestino a Chile y que cruce la línea de frontera, mediante un protocolo y resguardando todos sus derechos, esa persona va a ser reconducida a donde venía. Vale decir, de vuelta al otro lado de la frontera”, detalló Degado.

En esa frase, Delgado dejó entrever que parte de la paralización de la ley pasa porque Contraloría no ha hecho toma de razón de esta, ya que se encuentra analizando el reglamento que presentó el gobierno en diciembre del año pasado. Y sin reglamento, por cierto, la ley no se puede ejecutar.

Justamente con ese argumento respondió al titular de Interior el futuro ministro Segpres, Giorgio Jackson. “La cantidad de meses que ha estado paralizado el reglamento respecto a la Ley de Migración, no tiene absolutamente nada que ver con lo que haya sido un control de constitucionalidad de esa ley”, dijo.

Mientras se sucedía el cruce de recriminaciones en la Capital, un grupo de camioneros y taxistas tenían cortadas las rutas, evitando el funcionamiento del Aeropuerto. En la ciudad se desplegaron distintas marchas como, por ejemplo, frente a la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá. Paralelamente, la Zona Franca de Iquique (Zofri) se declaró paralizada.

Derrota en el norte y el ingreso de Siches al comando: la crisis migratoria en la campaña de Boric

En su condición de Presidente electo, Gabriel Boric condenó recientemente el ataque que sufrieron dos Carabineros por parte de migrantes venezolanos durante la semana del 24 de enero, momento en que la crisis migratoria se intensificó.

Aquella condena lo hizo conversando con un hombre que llegó hasta La Moneda Chica a pedirle que se hiciera cargo de la seguridad durante su gobierno, poniendo como ejemplo la crisis migratoria en el norte.

“El tema de la seguridad es prioritario”, “tenemos que dotar de mayor eficacia a la policía en las denuncias”, y “fortalecer los aspectos culturales de vida comunitaria para quitarle las calles a la delincuencia y al narco”, fueron algunas de las ideas esbozadas por Boric en la improvisada instancia.

Con todo, las cifras sobre migración y seguridad en la región de Tarapacá asoma como un quebradero de cabeza para el gobierno entrante. Ejemplo de esto fue la cuenta pública anual del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, donde informó de un inquietante alza, por ejemplo, de los delitos violentos como los homicidios (183%) y precisamente el tráfico de migrantes (501%)

El problema de la crisis migratoria, en todo caso, fue una piedra en el zapato de Boric durante el periodo de campaña. Ahí tuvo que precisar su discurso respecto de la migración irregular debido a las dudas que generan sus propuestas en el periodo de primarias. Una de ellas era garantizar el acceso a la vivienda y establecer un proceso de regularización, independiente de la forma de ingreso al país.

Muestra de ello fue un encuentro que sostuvo el entonces abanderado de Apruebo Dignidad junto a gobernadores regionales, realizado en la ex oficina salitrera de Humberstone, Región de Tarapacá.

Ahí, Boric acusó recibo de lo que a la fecha era un flanco de campaña. “Desde nuestro sector no hemos sido lo suficientemente claros, quizás. Para que haya un desarrollo justo, equitativo y derechos humanos para quienes migran, debemos tener fronteras ordenadas y migración regular”, dijo en la ocasión.

Luego llegaron los resultados de la primera vuelta presidencial, donde Boric fue derrotado por Franco Parisi (Partido de la Gente) y José Antonio Kast (oficialismo), quienes a partir de un discurso más duro en el ámbito de la migración, ambos contrincantes lograron buenos desempeños electorales en las regiones del norte grande.

Lo anterior fue señal clara de la necesidad de hacer un giro en la postura sobre la crisis migratoria.

En el contexto de dar respuestas a la crisis migratoria, Boric reclutó a Izkia Siches como su jefa de campaña, una persona originaria de la zona y que comenzara su gira en Arica, su ciudad natal, para desplegar su periplo por el resto de país durante el balotaje presidencial.

Actualmente, Siches se encuentra en el rol de futura ministra del Interior, por lo que tendrá que enfrentar este problema apenas asuma su cargo. De hecho, en el cónclave de ministros realizados en El Cañaveral el pasado viernes 28 de Enero, se fijó migraciones como una de las áreas prioritarias, junto a “educación, desarrollo productivo, seguridad y la situación del Wallmapu”, según informó la próxima vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Junto a ello, otro antecedente: la doctora Siches es vista como la persona más influyente en el gabinete de Boric según la última encuesta Cadem, con un 33% de las preferencias de los encuestados.

Catastro y reubicación laboral: las recomendaciones de los expertos

En el contexto actual de las manifestaciones en Iquique, y sumando las declaraciones cruzadas entre el gobierno entrante con el saliente, se reconoce que la crisis migratoria en el norte será uno de los primeros desafíos para Gabriel Boric y, sobre todo, para las autoridades que asumen la cartera de Interior, como Izkia Siches, su recién nombrado subsecretario, Manuel Monsalve (PS) y su par de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD)

En esa línea, los expertos en la materia observan cuidadosamente el fenómeno que vive la Región de Tarapacá, extensible también a las regiones de Arica y Antofagasta.

La socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, dice que “uno esperaba que, teniendo un conflicto de esta dimensión, el gobierno fuera a la zona, que conversaran con los distintos estamentos, los gremios”, sugiere.

María Emilia Tijoux sugiere “hacer un catastro para saber cuántas personas hay, cuántos miembros tiene cada familia. Quiénes son y cuál es su situación”.

Respecto de las acciones que deberá tomar el próximo gobierno de Gabriel Boric sobre la crisis migratoria apenas asuma su mandato, Tijoux agrega que “si pensamos en los derechos básicos de las personas, que se les pueda dar algún lugar para albergarse, o para hacer frente a situaciones médicas”.

“También hacer un catastro para saber cuántas personas hay, cuántos miembros tiene cada familia. Quiénes son y cuál es su situación”, añade la coordinadora de la cátedra “Racismos y Migraciones Contemporáneas” de la Casa de Bello.

En tanto, el Doctor en Sociología de la U. Complutense de Madrid, Luis Eduardo Thayer, coincide con el enfoque planteado por Tijoux.

Thayer, también militante de Convergencia Social y que integró el equipo encargado del programa de migraciones de Gabriel Boric en el periodo de campaña de primera vuelta, califica los conflictos en el norte del país como una “crisis humanitaria” y asegura que la posible solución “tiene dos planos”.

“Un plano es el de la emergencia, porque hay una situación crítica que hay que resolver de forma urgente. Todo lo que tiene que ver con descomprimir los territorios y resolver el problema de la seguridad, que no tiene que ver necesariamente con el tema migratorio”, agrega el ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración

Esa solución”, continúa, “no se resuelve con más policías en la calle, solamente. Necesita una solución integral”.

De forma más concreta, propone una fórmula similar a la de Tijoux: “De alguna manera, hay que poner a las personas en condición de movilidad en un sistema para que se sepa quienes son, hacer un empadronamiento, o un catastro, para ver si están en condiciones de quedarse: si tienen hijos en Chile, si están en situación de requerir protección por persecución política, por ejemplo. Hay que revisar eso junto a los papeles de antecedentes”.

Eduardo Thayer, quien participó en la creación del programa de migraciones de Boric, dice que “se tiene que aplicar una política migratoria más racional que mire lo que está pasando con los mercados de trabajo”.

Para el mediano plazo, Thayer propone “desarrollar una política migratoria que sea concordante con las necesidades del mercado laboral. Aquí hay regiones que están en déficit de trabajadores para ciertas actividades y hay otras que están en colapso, como Tarapacá. Entonces se tiene que aplicar una política migratoria más racional que mire lo que está pasando con los mercados de trabajo. Sin eso, la situación de dejar que todo lo solucione el mercado va a seguir generando problemas y se va a trasladar para otros lados”.

Y, aquí, el experto en migraciones ejemplifica con un ejemplo cercano: “Brasil tiene un sistema de gestión de la frontera donde a las personas, una vez que las empadronan, les preguntan las calificaciones: como si tienen familiares, ver si tienen alguna posibilidad de inserción en algún lado. Y, al mismo tiempo, hay que medir los mercados laborales, es decir, las oportunidades que hay”.

Por último, Thayer asegura que hoy en día hay un abandono por parte del gobierno en la zona: “No lo digo solo yo, lo dice el alcalde, el gobernador. hay un abandono de parte del Ejecutivo”

En ese sentido, propone involucrar a todos los actores en una mesa de trabajo, pero con “decisiones vinculantes”.

“Aquí tienen que estar las organizaciones sociales y gremiales, las juntas de vecinos, el Poder Judicial y la Fiscalía, para ver las situaciones judiciales y, por ejemplo, si hay niños y niñas que están solos. Porque se ha invisibilizado que hay muchos jóvenes de 16 a 17 años que llegan solos y que no tienen ninguna trayectoria laboral. Y están en situación de mucha vulnerabilidad para ser objeto de que los capturen las bandas narcos, o los reclutan como ‘soldados’. Es un riesgo importante”, remata el experto.

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