Tomás Laibe, vicepresidente de la CC: “En ningún caso está en riesgo la aprobación de la nueva Constitución”

Durante la última semana de enero y la primera de febrero, la Convención Constitucional logró la aprobación de las primeras normas en sus comisiones. Si bien aquellas iniciativas aún deben ser discutidas en particular y después lograr dos tercios de apoyo en el Pleno para entrar en la nueva Constitución -en caso de que logre la aprobación en el plebiscito de salida-, algunas de ellas han despertado una encendida polémica debido al alcance de sus contenidos.

Una de estas normas fue la que propone un Congreso unicameral con 205 representantes, que fue criticada por la Asociación Chilena de Cientistas Políticos. “Manifestamos nuestra preocupación ante la metodología empleada para llegar a acuerdos políticos”, dijo el gremio a través de un comunicado, cuestionando que las votaciones sobre el régimen político hayan sido desarrolladas “como elementos aislados de la regulación institucional”

Otra propuesta fue la que busca la nacionalización de la minería, aprobada el pasado miércoles 02 de febrero. “No tenemos estimaciones, pero la Contraloría tiene que basarse en las ganancias históricas que han tenido las empresas para declarar el costo de las indemnizaciones”, dijo la convencional Ivanna Olivares, para luego aventurarse con el costo de su idea: “no supera los 500.000 millones, que equivale a diez presupuestos nacionales”, ponderó.

Suma y sigue. Otra norma, impulsada por los convencionales por María Rivera, Francisca Linconao y Elsa Labraña -entre otros-, que propone una amnistía “total y sin condiciones” a “presos políticos”. Un beneficio que incluye, por ejemplo, al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena -involucrado en el asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán- y a Francisco Solar, autor confeso del intento de asesinato contra el ex ministro Rodrigo Hinzpeter.

Como corolario a una semana compleja, se sumó la renuncia de la periodista Lorena Penjean a la dirección de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención. Una salida marcada por críticas a la voluntad de la mesa directiva de desarrollar una estrategia de comunicacional basada en un presupuesto “inexistente”, según calificó la profesional. Los hechos anteriormente descritos, al menos evidencia la ausencia de un plan de comunicaciones para informar de mejor manera el desarrollo del órgano constituyente.

Es en este crítico contexto que Tomás Laibe, representante del Colectivo Socialista y vicepresidente adjunto de la mesa directiva, reconoce en esta entrevista que la Convención -por ejemplo- tiene “un déficit comunicacional”, para luego profundizar en la contingencia de los últimos días del Proceso Constituyente.

-Ya se están aprobando o discutiendo las primeras normas de las comisiones, siendo que muchas de ellas han generado polémica en el debate público. ¿Cuál es su balance?

-Tenemos normas de todo tipo. Hay algunas un poco más conservadora, otras más radicalizadas, pero creo que eso da cuenta de la diversidad de integrantes que tiene esta Convención y también de algo muy valioso que tiene este proceso: que no tiene límites predefinidos. Están todos los temas puestos sobre la mesa, por lo tanto, se están poniendo en discusión algunas cosas que quizá nunca habíamos puesto en debate.

Eso es bueno para el país, porque fruto de esa discusión va a salir una nueva Carta Magna que sea verdaderamente representativa del sentir de todos los chilenos y chilenas. Simplemente, hay que esperar que ese debate se dé, estamos recién en una fase de discusión en general. Luego, ya en particular, se verá con mayor detalle cuáles son las diferencias y los consensos. En base a eso podremos tener una mejor imagen de cuáles son los primeros componentes de esta nueva Constitución.

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-De las primeras normas aprobadas por las comisiones, algunas han sido ampliamente criticadas, como la propuesta de unicameralismo o la nacionalización de la minería. ¿Teme que ese tipo de iniciativas generen un ambiente favorable al rechazo en el Plebiscito de salida?

-Yo desdramatizaría lo que ocurre, porque son propuestas que tenemos sobre la mesa. Evidentemente hay sectores que plantean algunas iniciativas de norma que yo no comparto porque creo que no es lo mejor para el país, pero ese debate se tiene que dar en las comisiones y tiene que ser fruto de esa deliberación de la que surja un consenso al respecto.

De todas maneras, me parece que la preocupación es válida. Lo que tenemos que hacer es tratar de incluir a los poderes constituidos, a los distintos actores que están mirando con preocupación o que quieren hacer su aporte para mejorar estas normas, para que también tengan un espacio en esta discusión de normas, especialmente en particular, para mejorar los proyectos. Pero no hay que satanizar las primeras luces porque no es el resultado final.

“(Ivanna Olivares) comete un error porque se adelanta al resultado de la deliberación. Las cosas no van a ser como un convencional u otro quiera, van a ser como el consenso de esta Convención resuelva”.

-La constituyente Ivanna Olivares, que impulsa la norma de nacionalización de la minería, aseguró que partiría por aplicarse en la minera Escondida. ¿Este tipo de declaraciones contribuye a las dudas sobre el trabajo de la Convención?

-No comparto sus declaraciones. Ella, además, comete un error porque se adelanta al resultado de la deliberación. Las cosas no van a ser como un convencional u otro quiera, van a ser como el consenso de esta Convención resuelva. Y lo que va a generar es que posiciones más radicalizadas se moderen, y otras más moderadas se acerquen también a la transformación que muchos de nosotros esperamos.

Esperaría que cada uno de nosotros y nosotras entendamos que tenemos que jugar un rol más cauto en nuestras declaraciones públicas, y tratar de avanzar en mayor información a la ciudadanía sobre nuestro trabajo. En segundo lugar, también tenemos que optar a un mayor acercamiento de las posiciones políticas que tenemos entre todos.

-Respecto al Congreso unicameral, Alondra Carrillo calificó al Senado como representante de una “democracia tutelada y excluyente”. ¿Qué apreciación hace de esas declaraciones?

-Creo que Alondra se equivoca, al menos los datos no nos permiten sostener una afirmación como esa. Con esa mismas razones soy muy crítico del proyecto que ella ha presentado, que además incorpora algunos elementos del sistema electoral que para mi es un error; creo que no hay que dejar una nueva Constitución más rígida de lo que ya es. Evidentemente hay una crítica de la ciudadanía a ciertas instituciones y el Senado es una de ellas.

Por esa razón, nosotros también como Colectivo Socialista hemos planteado cambios a esa institucionalidad, no estamos planteando dejarla tal como está. Hemos planteado un bicameralismo asimétrico, que significa que el Senado y en la Cámara no van a tener las mismas funciones, porque esa es la principal crítica a la ciudadanía de esto, de que se dilata la tramitación de los proyectos eternamente. Haciéndonos cargo de esa crítica, estamos planteando un bicameralismo con funciones diferenciadas: una proporcional a la población y otra territorial para que la Cámara Alta sea el espacio de igualdad entre las regiones.

“Tenemos un déficit comunicacional (…) eso no significa que exista un riesgo de rechazo (a la nueva Constitución)”

-Quien fuera la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención, Lorena Penjean, renunció a su cargo criticando la voluntad de la mesa para instalar un plan de comunicaciones para el órgano. ¿Cómo evalúa esa crítica?

-Primero, lamento la renuncia de Lorena. Ella ha levantado esta Secretaría de Comunicaciones desde cero y merece todo el reconocimiento por eso, y también porque es una gran profesional con una destacada trayectoria y que ha tenido un compromiso irrestricto con el Proceso Constituyente.

Lo segundo, creo que evidentemente tenemos un déficit comunicacional, lo ha dicho la presidenta (María Elisa Quinteros) también desde el primer día. Lo que tenemos que ver es cómo construimos una estrategia comunicacional que dé cuenta de la diversidad de visiones que hay en la Convención, de los diferentes canales que requiere esta Convención para llegar a la ciudadanía con mejores explicaciones respecto al proceso.

Esto es una estrategia que requiere diferentes elementos que no radican solamente en el rol de la presidenta o de la Secretaría de Comunicaciones, sino que es algo que debemos construir entre todos. Desde las distintas unidades técnicas de la Convención, los coordinadores juegan un rol, y los propios convencionales no tenemos que dedicarnos a desinformar, sino a contribuir a que la ciudadanía esté mucho más informada del proceso, pero con información fidedigna.

-Usted dice que “hay que ver cómo construimos una estrategia comunicacional”. A siete meses de la Convención, ¿no hay siquiera algún lineamiento preliminar?

-Estamos construyendo una estrategia comunicacional, es parte del trabajo que nos dejó Lorena Penjean. Tuvimos un par de sesiones de la Mesa Directiva en la que se discutió esa estrategia, se hizo un balance y un diagnóstico sobre lo que teníamos hasta ese momento y evidentemente se han ido generando acciones para que esa estrategia pueda implementarse.

Por ejemplo, a cada comisión se le ha asignado un periodista, a la Comisión de Participación Popular y también a la de Consulta Indígena, porque eran dos áreas que estaban también flaqueando, por lo tanto se está avanzando. Lo que pasa es que hay mucho más por hacer. Queremos salir a distintas plataformas, desplegarnos en redes sociales, necesitamos también ocupar más las radios comunitarias. Hemos ido generando acuerdos con Archi y Anatel. Es decir, hay que ocupar diferentes formas y mensajes para subsanar el déficit comunicacional que tenemos.

“Tenemos un déficit comunicacional por resolver y también el diagnóstico que muchos compartimos es que esta Convención tiene que salir a la calle. Pero eso no significa en ningún caso que exista un riesgo de rechazo“.

-Carecer de una política comunicacional robusta favorece la desinformación y expone las polémicas que puedan surgir. ¿Advierten que eso pueda generar una pérdida de respaldo en la gente?

-No creo. Tenemos un déficit comunicacional por resolver y también el diagnóstico que muchos compartimos es que esta Convención tiene que salir a la calle. Pero eso no significa en ningún caso que exista un riesgo de rechazo, al menos en mi parecer. Te doy un ejemplo: tenemos un millón de personas registradas en la plataforma Iniciativas Populares. Setenta y ocho de las iniciativas entraron con más de dos 2,8 millones de firmas. Es decir, hay interés de la ciudadanía en este proceso.

Estamos en la primera etapa de esta discusión de normas para la nueva Constitución y todavía queda mucho por ocurrir: vienen cabildos en distintos lugares del país, tenemos la Jornada Nacional de Liberación que estamos preparando para marzo y abril. Nosotros, particularmente como equipo, hemos trabajado en cabildos penitenciarios también, para llegar a los lugares más marginados de la sociedad. Hay mucho por ocurrir todavía para fortalecer este proceso y eso es lo que garantizará el apruebo en el Plebiscito de salida.

-¿Consideran, como convencionales, que las críticas a estas iniciativas favorezcan el rechazo en el Plebiscito de salida?

-Hay ciertas críticas que pueden generar distancia o algún resquemor sobre la Convención, pero en ningún caso está en riesgo el resultado o la aprobación de la nueva Constitución. Aquí hay que mirar los temas en su conjunto y cuando tengamos los temas evidentemente más avanzados y consensuados. Ahí recién vamos a poder evaluar, no solamente los convencionales, sino que el conjunto de la sociedad, cómo se pondera este nuevo texto constitucional. Es muy temprano para hacer esa evaluación y no comparto con quienes ven en riesgo el proceso.

“Tenemos una hoja en blanco, por lo tanto, no es que la norma que se aprueba va a ser la norma final, sino que todas la normas tienen que discutirse y ,sobre la base de eso, generar la norma final”.

-¿Han conversado entre convencionales sobre resguardar el Plebiscito de salida?

-Desde que asumí como vicepresidente adjunto dije que uno de los desafíos que tenía esta mesa directiva y la Convención en particular, era sacar precisamente la Conversión a la calle. Y eso invitaba a ampliar los espacios de participación para que la ciudadanía pueda incidir en el debate constitucional, pero también comunicar más y mejor nuestro trabajo para que la ciudadanía pueda entender de qué se trata cada uno de los trámites que estamos realizando en la Convención. Porque pasa que esto se asimila de repente con el Congreso Nacional y no es lo mismo.

Tenemos discusiones, por ejemplo, sobre el Banco Central, pero sin una norma preexistente. Tenemos una hoja en blanco, por lo tanto, no es que la norma que se aprueba va a ser la norma final, sino que todas la normas tienen que discutirse y ,sobre la base de eso, generar la norma final. Lo mismo con las normas de iniciativa popular, algunas personas pensaban que solamente con las firmas éstas se convertían en norma de la nueva Constitución.

Creo que hay que hacer más pedagogía y explicar cada una de las fases en la que está esta Convención, para que la ciudadanía también pueda formar parte e involucrarse en la discusión.

-En una crónica periodística, el convencional Patricio Fernández contó que entre los convencionales “abunda el cansancio”. ¿Afecta esto el trabajo de los convencionales, en el sentido de entregar el texto final en el plazo establecido?

-Hemos estado sometidos a un trabajo extenuante y que ha supuesto un desgaste de los profesionales, asesores, equipos y funcionarios. Eso es una realidad, pero de todas maneras queremos cumplir el plazo establecido en la reforma constitucional. Es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, que hagamos todo el esfuerzo posible para entregar lo antes posible esta nueva Constitución que pueda ser sometida a Plebiscito y empezar con la pronta implementación y materialización de todos los cambios que queremos impulsar. La ciudadanía espera que algunas materias podamos resolverlas lo antes posible: pensiones, educación, descentralización.

“Tenemos una Convención relativamente fragmentada y eso hace que tengamos que generar muchos espacios de encuentro entre los colectivos para llegar a este quórum de dos tercios”.

-¿Cómo proyecta la capacidad de lograr acuerdos para alcanzar el quórum de dos tercios para las normas que se han propuesto?

-Los dos tercios suponen un desafío. La realidad es que tenemos una Convención relativamente fragmentada y eso hace que tengamos que generar muchos espacios de encuentro entre los colectivos para llegar a este quórum de dos tercios. Si tú ves el trabajo de las comisiones, a pesar de las diferencias que puedan reflejarse hacia el exterior, ha habido un encuentro entre los colectivos para proponer normas en conjunto.

Lo estamos haciendo en la Comisión de Justicia y la de Derechos Fundamentales, desde Movimientos Sociales, Chile Digno, Escaños Reservados, el Colectivo Socialista y el Frente Amplio. Estamos permanentemente en diálogo, trabajando juntos para tratar de generar normas para la nueva Constitución. Ahora, cuando eso llegue al Pleno, va a ser otra discusión. Pero tenemos que profundizar estos espacios de encuentro, sin vetos o tratando de superar nuestras diferencias políticas.

-Otro desafío que tendrá la mesa directiva será implementar la Consulta Indígena. ¿Contribuye esta consulta a contener las expectativas de los pueblos originarios respecto de la nueva Constitución?

-La Consulta Indígena es parte de las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro país en materia de pueblos originarios y, precisamente, en el marco del Proceso Constituyente. Por lo tanto, no es una decisión solamente de esta Convención, sino tratamos de ceñirnos al cumplimiento de esa normativa. Evidentemente que eso supone un desafío, porque las consultas indígenas requieren mucho tiempo de preparación, un gran presupuesto y un tiempo de ejecución también mucho más largo del que nosotros tenemos, que es un plazo más acotado.

Lo que hemos estado trabajando es que los propios pueblos en la Comisión de Pueblos Originarios han definido un cronograma de una consulta indígena abreviada, pero que cumple con los requisitos y con el estándar de otras consultas indígenas. Es un desafío y quizás va a ser diferente a las otras consultas que se han hecho.

“Hay una coalición que construir entre Apruebo Dignidad y los sectores que se han incorporado al gobierno”

-Para el Colectivo Socialista, ¿cómo debe ser la nueva Constitución: maximalista o minimalista?

-Muchos de nosotros tenemos una aproximación más minimalista, pero esto no es un criterio absoluto, en el sentido que hay algunas materias que requieren una mayor profundidad. Por ejemplo, la consagración de los Derechos Sociales, o el capítulo de Derechos de nuestra nueva Constitución, requiere de un mayor desarrollo. Y esto no solamente por la exigencia que nos ha hecho la ciudadanía, sino también para ponernos a tono con el desarrollo de los derechos a nivel mundial. Así que ahí hay que ser conscientes de que probablemente vamos a necesitar un texto más largo.

En otras materias, en cambio, hay que ser mucho más minimalista. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia que yo integro, tenemos que discutir órganos autónomos. Ahí yo espero que seamos muy restrictivos a la hora de consagrar ciertas autonomías de manera constitucional, porque entendemos que esto es excepcional: las instituciones pueden tener autonomía legal y muchos de estos organismos pueden estar sujetos a la legislación. Entonces, el debate va a depender de qué materias estemos discutiendo.

-Durante la primera mitad de la Convención, el Colectivo Socialista estuvo aliado con el Frente Amplio. ¿Las diferencias ideológicas que tienen, por ejemplo sobre el sistema político, han distanciado el eje PS-FA?

-Son diferencias que naturalmente se producen en la discusión de un proyecto de sociedad para los próximos 30 años. Pero así como podemos tener diferencias para la nueva Constitución en un régimen político, tenemos muchas similitudes y proyectos en conjunto. En materia de derechos fundamentales, por ejemplo, los convencionales de esa comisión deben trabajar codo a codo para abordar los derechos sociales, o en la Comisión de Forma del Estado donde hay un trabajo muy de cerca entre independientes No Neutrales, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista para consagrar un Estado Regional. Hay materias en las que vamos a tener diferencias, pero en lo sustancial tenemos muchas más similitudes para la nueva Constitución.

Sobre la salida de Jorge Baradit del Colectivo Socialista: “Hay personas que no se sienten cómodas con esa construcción colectiva y está bien que puedan optar por otros caminos”.

-Jorge Baradit renunció al Colectivo Socialista acusando diferencias políticas y de conducción con la dirigencia. ¿Qué lectura hace de esa salida?

-Lo lamento, porque cualquier salida de un integrante del colectivo requiere también que hagamos una autocrítica y pensemos también cómo hacer que no se produzcan nuevas. Pero al mismo tiempo, muchos de nosotros entendemos el trabajo en el colectivo, precisamente como un trabajo que se construye de forma colectiva y no con las individualidades de cada uno.

A veces podemos estar en desacuerdo con las posiciones que tenemos, pero en general tratamos de que funcione y se enriquezca nuestro debate, y en función de las posiciones que tengamos en común, salir adelante a trabajar y a deliberar y votar cada una de las normas. Hay personas que no se sienten cómodas con esa construcción colectiva y está bien que puedan optar por otros caminos.

-El sociólogo Alfredo Joignant calificó el paso de Jorge Baradit por el Colectivo Socialista como “tóxico” y “oportunista”. ¿Coincide con esa crítica?

-No voy a comentar declaraciones como esa. Yo ya he señalado cuál es mi opinión de su salida y lo dejaría hasta ahí.

-A partir de marzo, el PS, el FA y el PC, serán gobierno. En este primer periodo de votación de iniciativas se evidenciaron diferencias entre estas fuerzas como, por ejemplo, en la propuesta de unicameralismo. ¿Pueden estas desavenencias en la Convención impactar en la relación en el próximo gobierno?

-La Convención y el gobierno están en niveles diferentes. El gobierno se desenvuelve en una cierta coyuntura y está sujeto a los sucesos políticos y a la discusión política. También hay una coalición que construir ahí entre Apruebo Dignidad y los distintos sectores que se han incorporado al gobierno. Pero en la Convención hay una discusión que es más bien ideológica y que tiene que ver con el proyecto que queremos para el país en los próximos 30 años en la nueva Constitución. Por lo tanto, no está mirando necesariamente lo que ocurre en el Congreso, en los municipios, sino que está mirando cómo se proyecta el país más allá de la contingencia.

Evidentemente que en ese marco vamos a tener diferencias, porque tenemos una visión diferente de la sociedad, por ejemplo, la que hemos tenido siempre con el Partido Comunista. Pero eso no ha impedido que tengamos encuentros permanentes en la historia con el PC, porque más allá de esas visiones diferentes, tenemos un proyecto de transformaciones que nos une.

Sobre el régimen político hemos tenido diferencias, pero con el Partido Comunista compartimos la visión sobre un régimen presidencial atenuado, o sea, modificando los problemas que tiene nuestro régimen actual en la nueva Constitución. En el Frente Amplio hablan de un régimen parlamentario, pero se ha ido moviendo esa posición en función del debate que se ha ido desarrollando en esa comisión. Hay que ver cómo se desarrolla el debate.

-¿Cree que el PS, el FA y el PC deben formar una nueva coalición?

-No me corresponde eso, estoy en la Convención Constitucional. Aquí el debate tiene otras características. Estamos mirando los próximos 30 años en la nueva Constitución, no a la coalición de gobierno que se va a sostener para estos cuatro años. De todas maneras, creo que tenemos coincidencias profundas con el Frente Amplio y el Partido Comunista para la nueva Constitución, y eso es lo que nos ha llevado a compartir un espacio en el gobierno. Pero ese espacio se tiene que fortalecer, se tiene que construir. Hay actores que están llamados a hacer esa construcción colectiva.

-Con su ingreso al gobierno, el Partido Socialista quebró su eje histórico con la DC. ¿Cree que esta decisión pueda paralizar proyectos emblemáticos del gobierno en el próximo Congreso?

-Decidimos en esta Convención formar un Colectivo Socialista que nos permitiera definir cuál iba a ser el proyecto socialista que nosotros queremos ver en esta nueva Constitución y, desde ese lugar, definir cuáles van a ser nuestras afinidades y alianzas con los otros colectivos. Por lo tanto, obedece al razonamiento de la Convención Constitucional.

Otra cosa va a ser lo que suceda en el Parlamento o en el gobierno, donde las lógicas de negociación y de trabajo conjunto obedecen a otras razones. Ahí espero que sí se produzca un diálogo amplio, donde confluyan las distintas fuerzas políticas para un programa transformador como el que tiene el Presidente electo, Gabriel Boric. Pero eso ya es materia que deben resolver los propios congresistas.

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