Columna de Luis Eugenio García-Huidobro: ¿Cuánto importa, realmente, el orden y la seguridad?

Debemos hacer un balance positivo del reciente aniversario del 18 de octubre, sobre todo si consideramos que el mantenimiento del orden público tuvo un desenlace mejor de lo que muchos temíamos. Pero este alivio tampoco puede traducirse en optimismo, porque difícilmente podría considerarse éste como un punto de inflexión en la deriva de nihilismo callejero, impunidad criminal y anomia en que nos encontramos sumidos.

Salir de una situación como esta supone, antes que cualquier cosa, reconocer la multiplicidad de sus causas y su carácter estructural. Durante años, muchos en la clase política han preferido reducir este problema a recriminaciones cruzadas. Desde un lado, se denuncia –con razón– la problemática relación de Apruebo Dignidad con el orden público. También se acusa –con razón– que el Socialismo Democrático muchas veces ha preferido guardar un silencio errático ante el comportamiento de quienes tiene a su izquierda. Desde otro lado, se recrimina –también con razón– la incapacidad de la centroderecha para proponer soluciones reales a las problemáticas de orden y seguridad, no obstante reivindicar constantemente su importancia en el debate público. Se los acusa de priorizar medidas erráticas y pirotécnicas que poco contribuyen a solucionar el problema en su dimensión real, como evidencia el procedimiento de ‘aula segura’. 

Al definir el Estado, Max Weber incluía como elemento constitutivo de éste la capacidad de reclamar para si ‘el monopolio de la violencia física legítima’. Por manida que sea esta caracterización, conviene recordarla para entender algo que tal vez por obvio muchas veces olvidamos: la preservación del orden público y la seguridad nacional –y el legítimo uso de violencia física que muchas veces ellos suponen– es un desafío que involucra las diversas dimensiones del Estado. No se reduce a quien se encuentre en el gobierno en un momento determinado, puesto que ese es sólo uno de los muchos componentes que involucra. Probablemente cualquier intento de solución que omita esta evidente realidad será incapaz de abordar el problema en su dimensión sistémica. 

Ciertamente un aspecto fundamental de este desafío pasa por una urgente modernización de las fuerzas policiales, con un aumento de su dotación y equipamiento, un perfeccionamiento en su formación, una mejora en las condiciones materiales –muchas veces paupérrimas– que deben enfrentar para cumplir sus labores y la creación de mecanismos de control que permitan evitar la corrupción que tristemente parece ser más extendida de lo que nos gustaría reconocer. Pero también pasa por muchas otras causas. 

Por ejemplo, son muchos los episodios que sugieren la necesidad de promover una profunda agenda anticorrupción y de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los desafíos en materia de seguridad nacional evidencian la urgencia de avanzar en esto, sea potenciando a la Contraloría General de la República y la Unidad de Análisis Financiero, sea buscando otras soluciones. Una condición de posibilidad para que el narcotráfico, bandas organizadas y el terrorismo puedan germinar en nuestro país es que diversas instancias estatales sean cooptadas. Muchos testimonios de la experiencia mexicana sugieren que el primer paso de esta ‘captura’ estatal ocurre a nivel del gobierno y administración local (alcaldes y concejales, comisarías, funcionarios públicos de ventanilla, etc.). El lamentable episodio del ex alcalde de San Ramón debe servir como advertencia en este sentido.  

A esto se suma la inexistencia de servicios de inteligencia en nuestro país, tal vez como consecuencia de los traumas legados por la dictadura. Basta recordar en este sentido el polémico informe del Ministerio del Interior con el que se quería vincular las movilizaciones de 2019 con el K-pop (género musical coreano). Si el trabajo de las fuerzas policiales ya es de por sí difícil, sin el apoyo de inteligencia se vuelve difícil o imposible. No en vano todavía no sabemos qué ocurrió con la mayoría de las estaciones de metro quemadas hace tres años. En ello, la clase política tiene parte de la culpa: salvo por algunas excepciones, quienes han encabezado la Agencia Nacional de Inteligencia han sido personas cuyo nombramiento se explica por razones políticas antes que por su experiencia en la materia. 

Por otro lado, el Ministerio Público ha sido absolutamente incapaz de hacer frente al aumento desmedido del crimen organizado Su estructura de carácter territorial probablemente no facilita la persecución de criminalidad organizada nacionalmente, pero también hay muchas causas en su funcionamiento que contribuyen a este fracaso en la persecución penal. Tampoco ayuda la jurisprudencia errática de la Corte Suprema, cuyos pronunciamientos zigzagueantes difícilmente proporcionan estándares predecibles a las fuerzas policiales sobre cómo proceder en el cumplimiento de sus tareas. No debemos olvidar que la jurisprudencia de esta Corte está llamada a tener un rol eminentemente demarcatorio: sus precedentes deben fijar parámetros a quienes están sometidos a su control sobre cuáles conductas resultan o no admisibles. Pero las oscilaciones jurisprudenciales de los supremos producen incógnitas antes que certezas y dificultan seriamente cualquier posibilidad de establecer protocolos de actuación que aseguren a policías que sus actuaciones no les reportarán posteriormente consecuencias adversas. 

Como las descritas, son muchas las dimensiones involucradas en la solución de este complejo problema. Entenderlas facilitará comprender cuán superficial y estéril es aproximarse a éste a través de las usuales recriminaciones cruzadas. Pero también permitirá entender que la solución al problema del orden público y la seguridad nacional no pasa por elegir como presidente a autócratas con visiones románticas de la represión policial como dispositivo de orden público. Tampoco pasa por apoyar a parlamentarios populistas que aboguen por la creación de nuevos delitos, el aumento de las penas o incluso el restablecimiento de la execrable pena de muerte. Antes bien, la solución a este problema comienza con alcanzar entendimientos mínimos en estas materias, que sean compartidos y defendidos transversalmente por gran parte de la clase política y en los que se eviten incentivos de corto plazo que naturalmente se producen al estar en oposición al gobierno de turno. 

¿Les importa realmente tanto a nuestros representantes el orden público y la seguridad nacional, como dicen señalar, para actuar en tal sentido? Por nuestro bien, ojalá así sea. 

*Luis Eugenio García-Huidobro es Investigador de Centro de Estudios Públicos y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.