Caso Democracia Viva: Revolución Democrática solicita suspensión de militancia de diputada Catalina Pérez

Este viernes el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, anunció una querella en contra de “quien resulte responsable” por los polémicos convenios entre la Fundación Democracia Viva y exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras.

Además, el parlamentario también informó que se solicitó la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez, quien es pareja de Daniel Andrade, el representante legal de la organización sin fines de lucro involucrada en los acuerdos por más de 400 millones de pesos chilenos.

“Acá ya se incluyó la Fiscalía de Antofagasta, ya está investigando potenciales delitos, eso lo tendrá que determinar el Ministerio Público. Tendrá que haber un debido proceso ciertamente, pero nosotros como partido hemos definido ser parte de esa querella“, mencionó el legislador.

Además, señaló que “el día martes la vamos a presentar. Ya tenemos a un equipo jurídico trabajando en aquello y contra quien resulte responsable, caiga quien caiga sin doble estándar, sin silencios cómplices, sin esconder bajo la alfombra nada”.

En detalle, Latorre también indicó que “como segunda decisión, hemos definido en el Consejo Político presentar ante el Tribunal Supremo una medida cautelar de suspensión de militancia, eso es algo que finalmente lo tiene que acoger el Tribunal Supremo contra la diputada Catalina Pérez mientras duren las investigaciones”.

En cuanto a la diputada, el senador aseguró que “ella ha manifestado toda la disposición a que la investiguen, a abrir sus cuentas corrientes, sus equipos electrónicos, computadores, WhatsApp, etcétera. La versión de ella es que no tuvo nada que ver en la firma de este convenio. Pero eso será parte de la investigación”.

Los posibles delitos que se indagan

Tal como mencionó el presidente de Revolución Democrática, el fiscal jefe de la región de Antofagasta, Cristian Aguilar, confirmó la apertura de una investigación de oficio para indagar la eventual comisión de delitos como tráfico de influencia, malversación de caudales públicos o fraude al fisco.

El proceso quedará a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y se solicitó información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la respectiva seremi del sector y a la Contraloría Regional de Antofagasta.

Además, Aguilar mencionó que, en caso de que se pueda verificar la culpabilidad de los responsables, se arriesga privación de libertad que va desde los 541 días hasta los diez años.