Columna de Álvaro Ramis | Boric, el estabilizador

En marzo de 2022 el clima político del país transitaba entre las expectativas de cambio en la izquierda y los temores al cambio en la derecha. Con miedo o con esperanza, lo que se auguraba era un ciclo de transformaciones profundas para el país. De manera explícita y convencida, el nuevo gobierno declaraba con fuerza su carácter transformador.

Pero en la trastienda, el equipo de la campaña presidencial ya percibía que los vientos empezaban a cambiar. Si se lee con atención el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, anterior a la primera vuelta, declaraba que se realizaría una gestión “que brinde certeza de cambios y traiga estabilidad a nuestro país”.

Por supuesto, esta frase no es la que lució en la publicidad electoral ni fue la promesa de campaña más resaltada por Gabriel Boric. Pero entre líneas, el programa estaba asumiendo que en estos cuatro años las trasformaciones serían pocas y el mayor aporte que se podría realizar sería estabilizar un país que se había alejado del quicio regular que le había caracterizado.

Luego de las elecciones parlamentarias, en diciembre de 2021, se podía anticipar que cualquier cambio legislativo propuesto en el programa presidencial enfrentaría una ruta cuesta arriba, y que probablemente terminaría en un callejón sin salida. La dolorosa derrota del 4 de septiembre de 2022 puso término anticipado a un proyecto político que cambiaba profundamente el diseño institucional del país y que se necesitaba aprobar como parte central de los cambios que se anhelaban hasta 2026. Fue en ese momento que el programa transformador se convirtió en proyecto estabilizador.

Como proceso de recuperación macroeconómica las cifras no pueden ser mejores. Mario Marcel ha estado a cargo de una sólida recuperación del crecimiento con muy baja inflación, disipando las proyecciones negativas del mercado. Esto ha alentado la inversión privada internacional, en el marco de unas políticas monetarias y fiscales muy ortodoxas, que permitieron reconducir positivamente la economía sobrecalentada y exhausta de la pandemia. 

Pero ese éxito estabilizador contrasta con la falta de avance en la trasformación de la matriz productiva nacional. El anuncio del cierre indefinido de las operaciones de Huachipato, filial de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), es solo la evidencia de la crisis terminal de los últimos restos del desarrollo industrial que se había intentado instalar en algunas regiones. La industria nacional ha pasado de un 20% del PIB en 1990 a un 9.7% el 2022, sin que se vean políticas activas del gobierno que enfrenten este fenómeno.

El cierre de Huachipato no solo involucra la pérdida de 20.000 puestos de trabajo y una afectación indirecta a unas 350 empresas relacionadas. Lo que se evidencia es la pérdida de hasta un 3% del PIB de la región del Bio Bio, a causa de su menor capacidad productiva y de su mayor dependencia respecto de la competencia transnacional. Mientras, la crítica a la desindustrialización, el extractivismo y la apertura indiscriminada de la economía, esbozada en todos los documentos fundacionales del Frente Amplio, se ha apagado de forma alarmante.  

En el ámbito social el gobierno ha logrado reconducir al país al marco institucional. Plaza Dignidad volvió a ser la Plaza Italia. Lo que no es un dato menor, dada la polarización extrema que se incubó en el tiempo anterior a octubre de 2019, y con toda la ebullición callejera que se desencadenó desde esa fecha en adelante.

Entre 2019 y 2020 Chile fue el país con el mayor número de manifestaciones públicas en el mundo, por recurrencia y volumen de participación. Las huelgas aumentaron 68% durante 2019, llevando la conflictividad laboral a niveles nunca vistos en las últimas décadas. La pandemia apaciguó de forma forzada, pero las condiciones para el recrudecimiento del clima explosivo estaban dadas si no se mantenían las condiciones generales, tales como la falta de liderazgo efectivo, la polarización política, la violencia de los agentes del Estado, entre otros factores.  

El presidente Boric también ha logrado estabilizar la política migratoria, caotizada en el período de Piñera debido a la “visa de responsabilidad democrática” para venezolanos. Pero junto a la tesis de “ordenar la casa”, no se ha logrado implementar una política de integración de esta enorme masa de nuevos migrantes, ya convertidos en residentes permanentes. No se ha logrado sacar a la migración de la esfera de las crisis y la delincuencia, olvidando sus potencialidades y aportes al país en materia económica, productiva y cultural. 

Las fuerzas policiales del Estado son hoy más fuertes y capaces que nunca. Se las ha dotado de un presupuesto inédito, con amplias facultades de administración y gestión directa. Pero no se ha logrado superar la agenda mediática de la paranoia securitaria, que avanza día a día sobre las libertades y los derechos ciudadanos.

En el actual trimestre los hechos de violencia rural en la Araucanía disminuyeron un 35% y las causas judiciales ligadas a este contexto bajaron en un 64%, según el Ministerio Público. Pero este apaciguamiento será episódico si no se da curso al trabajo de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, que debe entregar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche. Si no se aborda esa transformación crucial, al poco andar se recrudecerá la conflictividad. 

Se ha recuperado notablemente la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad para gobernar garantizando el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Pero a la vez se ha deteriorado fuertemente la gobernanza, entendida como el proceso de toma de decisiones oportunas para lograr soluciones consensuadas y sostenibles a problemas complejos. Hoy el Estado posee mayores capacidades para garantizar el orden y la estabilidad. Sin embargo, ha deteriorado su capacidad de aunar intereses, generando mecanismos participativos que involucren diversos actores y consideren múltiples intereses y perspectivas.

Este deterioro de la gobernanza no solo se debe al bloqueo parlamentario. La crisis del proceso de cambio constitucional ha devuelto la esfera política a una élite de “expertos”, y ha puesto en duda el aporte de cualquier voz que apunte al reconocimiento de demandas sectoriales. Se ha vuelto a identificar a los movimientos sociales, sindicales o territoriales con intereses particulares. La Moneda es hoy tan impermeable a la incidencia de la sociedad civil como en tiempos de Frei Ruiz Tagle o de Sebastián Piñera. 

El programa del presidente Boric, el transformador, no tendrá lugar. A menos que consideremos que estabilizar un país políticamente convulsionado, económicamente inestable y socialmente inseguro es una transformación sustantiva. Si cambiar un país es darle estabilidad, sin duda el balance será positivo y quedará en la memoria como su gran aporte. Pero si se trata de transformar las estructuras profundas de injusticia e indignidad, el gobierno más progresista de los últimos treinta años solo mostrará una gran deuda.