Senador Daniel Núñez (PC), en tres preguntas: “El Gobierno no mira con prejuicio a los grandes empresarios o a los grupos económicos”

A sólo horas del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, el senador Daniel Núñez (PC) es categórico con el sector empresarial. “Todo lo miran con mucho prejuicio“, dijo el parlamentario en conversación con El Siglo.

Y es que para el senador, el gremio aún no comprende “en profundidad” la mirada que tiene el Gobierno sobre la economía, y asegura que sólo se afirman en discursos en los que no se hace un “debate serio” ni profundo.

En tres preguntas con The Clinic, Núñez aborda los “prejuicios” que aseveró sobre el empresariado, la presión social —postura que sigue defendiendo— y el rol de los movimientos sociales en la vida política.

—En una entrevista reciente usted dice “no hemos visto una actitud abierta de las grandes empresas. Todo lo miran con mucho prejuicio”. ¿No se dio el mismo caso pero en viceversa al inicio del mandato del Presidente Boric?

—Esto siempre puede uno relativizarlo desde el punto de vista que se mire. La reflexión que yo hago tiene que ver con el debate que se ha abierto en materia económica, donde se culpa al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y a su reforma tributaria de todos los males por los cuales atraviesa hoy la economía en el país. Cuando se ve que permanentemente se repite ese tipo de aseveración y no se hace un debate serio, profundo, uno se da cuenta que al final se convierten esas frases casi en consignas, en prejuicios, o en lo que yo llamo dogmas neoliberales.

Lo que yo estoy reflexionando es que hagamos un debate serio respecto a cuales son los problemas que tiene la economía chilena y, por supuesto, en la base de ese diagnóstico serio podamos también buscar las soluciones. Pero, si se parte de versiones prejuiciadas o sobreideologizadas es muy difícil avanzar en la discusión. Esa es la reflexión que yo hago. La que hagan los grandes empresarios respecto al Gobierno de Boric o si Boric los mira con desconfianza es algo de lo cual ellos ya han dicho bastante.

El Gobierno no mira con prejuicio a los grandes empresarios o los grupos económicos. El Gobierno tiene una mirada respecto a los problemas de la economía chilena. La mirada del Gobierno hoy todavía no logra ser comprendida en profundidad por el gran empresariado. Ahí está la tensión. Mi invitación es a que hagamos un debate serio, reflexionado a fondo con respecto a cuáles son los problemas de la economía chilena, porque por supuesto que creo que hay grandes empresas que están acostumbradas a la ganancia fácil, que no quieren innovar, que no están dispuestos hacer inversiones en capital, y también hay grandes empresas que se han aprovechado de una posición dominante en la economía para imponer sus condiciones.

—Hace un tiempo atrás sus dichos sobre la presión social causaron algo de revuelo, sobre todo en la oposición, que con su frase recordaron los episodios dados en el estallido social. Además, se puso en cuestión las credenciales del PC. Ante la perseverancia de su mensaje ¿qué responde al reproche? ¿Esa presión social le salpicaría al Gobierno?

—La historia de Chile está llena de demostraciones prácticas del compromiso irrestricto de los comunistas chilenos con la democracia. Eso se dio tanto en gobiernos como el de Eduardo Frei Montalva, en donde salimos a rechazar la asonada golpista en ese minuto, como también en todos los minutos en los cuales luchamos por el retorno a la democracia y los comunistas pusieron todo su empeño. Por lo tanto, no existe ningún elemento serio que avale este cuestionamiento que hace la derecha al compromiso democrático de los comunistas.

Lo que ocurre, y es donde ocurren las diferencias con algunos analistas o pensadores, como Carlos Peña, es que los comunistas entendemos y concebimos la democracia no sólo como el acto de la democracia representativa de participar en una elección, sino que también como el ejercicio de la democracia directa de los mecanismos de participación ciudadana que permiten hacerse parte de las decisiones.

Desde ese punto de vista, obviamente creemos que ser parte de una sociedad democrática también implica que los ciudadanos opinen, se manifiesten frente a lo que pasa en el país y frente a las decisiones que toma un Gobierno o los parlamentarios. Mis palabras no tenían nada de escandaloso. Fueron interpretadas en formas muy malintencionadas por la derecha, pero creo que es muy importante tener presente que en democracia el derecho a manifestarse, a expresarse por parte de la sociedad civil es una condición consustancial a ella.

Ningún Gobierno democrático puede pensar que va a hacer su gestión sin que haya el derecho de expresión legítima de la ciudadanía. El Gobierno siempre tiene que estar llano a escuchar las demandas ciudadanas, y más aún cuando ellas se expresan con legitimidad democrática en forma constructiva. El mejor ejemplo de ello es el paro que realizó la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) este mes, que se hizo de forma pacífica, ordenada, y que expresa la necesidad de avanzar, por ejemplo, en mejores pensiones, en salarios dignos, que reinstala el debate de mejorar el salario mínimo, o, incluso, de cómo se hace eficaz la entrada en vigencia de las 44 horas. Son demandas legítimas que el Gobierno debe atender.

—Cuando mencionó esa frase de la presión social lo decía en alusión a que la confianza en el Senado estaba rota y que podría afectar el destino del pacto fiscal, la reforma de pensiones u otras que resultan clave para el Ejecutivo. ¿Es la presión social el único camino restante para que pueda salir adelante el programa de gobierno?

Hay una realidad que no podemos desconocer: la derecha ha hecho una política obstruccionista muy irresponsable, que ha impedido avanzar, tanto en materia de reforma tributaria, como en mejorar las pensiones. Ahora, en este minuto, la derecha la derecha intenta bloquear que despachemos la ley corta de Isapres. O sea, además quiere ponernos, incluso, un desacato judicial frente a un fallo que establece como fecha de cumplimiento el 12 de mayo.

Frente a esa situación y considerando que no tenemos los votos, al menos en el Senado para avanzar, uno dice: o nos inmovilizamos, aceptamos un bloqueo, que en nuestra opinión posterga demandas ciudadanas, o la gente legítimamente tiene el deber de expresar y el derecho que necesita esas mejoras hoy. El hecho que la ciudadanía se exprese y manifieste su voluntad por supuesto que es algo legítimo y válido y es un camino posible que la ciudanía tiene que ocupar y que puede ayudar a destrabar las reformas. Yo encuentro que es tremendamente válido y justo.