Contraloría revela que ex alcalde de Algarrobo sustrajo $1.193 millones de fondos públicos: Primo y sobrino recibieron millonarios pagos

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló nuevos detalles del millonario fraude al fisco que ocurrió al interior de la Municipalidad de Algarrobo. A fines de noviembre del año pasado el ex alcalde José Luis Yáñez Maldonado y su pareja Belén Carrasco fueron formalizados por malversación de fondos. El ente contralor expuso en su informe que desaparecieron $1.193 millones, que fueron entregados a proveedores y personas que no prestaron servicios al municipio.

El documento, al que tuvo acceso Interferencia, destaca la falta de fiscalización y control de los fondos públicos dentro de la municipalidad, lo que facilitó la comisión de delitos. De esta forma, Belén Carrasco, en su calidad de ex tesorera municipal, efectuó 107 transferencias bancarias por una suma total de $1.193.292.004. Entre las personas que recibieron estos montos destacan Santiago Fuentes Yáñez y Juan Pablo Maldonado Aravena, que obtuvieron $137 millones y $125 millones respectivamente. Se trata de un sobrino y un primo del ex alcalde José Luis Yáñez Maldonado, y ninguno prestó servicios en el municipio de Algarrobo.

También se reveló que el municipio contrató a un funcionario en cuatro ocasiones para elaborar conciliaciones bancarias, por un total de $34.200.000 pesos. “No obstante, los informes de actividades por dicho servidor no demuestran que haya realizado la función”, afirma el informe.

Hubo una serie de irregularidades

Además del jefe comunal y su pareja, Contraloría también responsabilizó a la ex Directora de la Dirección de Desarrollo Comunal, María Gutiérrez Berríos, y al ex Director Jurídico, Cristian Celedón Salazar. Los funcionarios fallaron en tomar “las medidas de control suficientes para resguardar que tales giros se efectuaran de manera correcta”.

La auditoría también reveló que el ex alcalde presionó a un subalterno para favorecer a la empresa Amisoft, que tuvo acceso a información privilegiada antes del llamado a licitación pública para arrendar servicios informáticos. Esta acción motivó a la CGR a ordenar un sumario administrativo.

La Contraloría anunció que realizará un juicio de cuentas para recuperar el dinero desviado. Además, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa para fortalecer la indagatoria penal en curso. Además, el municipio deberá adoptar medidas de control para evitar la repetición de estas irregularidades.