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Nacional

10 de Julio de 2024

Estudio de abogados Caucoto revela que 18 condenados por lesa humanidad están prófugos de la justicia

Esposado

En noviembre de 2023, el mismo estudio publicó un listado de 14 fugitivos, de los cuales cerca de la mitad ha sido capturado. Sin embargo, otras diez nuevas personas se agregaron a la nómina.

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Dieciocho exuniformados condenados por diversos delitos de lesa humanidad continúan prófugos por la justicia. Esto lo dio a conocer el estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos.

Algunos están involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso Quemados.

Según el listado publicado por el estudio jurídico en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad ha sido capturado. Sin embargo, se agregan a lista diez nuevas personas que, habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos.

Listado de los sentenciados

  • Rubén Aroldo Morales López (oficial (r) de Carabineros). Condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.
  • Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario). Condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.
  • Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial (r) de Ejército, DINA). Condenado en el episodio Conferencia II. Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.
  • Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial (r) de la Armada). Sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días, respectivamente.
  • Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial (r) del Ejército). Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.
  • Guillermo Salinas Torres (oficial (r) del Ejército).
  • Pablo Belmar Labbé (oficial (r) del Ejército).
  • René Patricio Quilhot Palma (oficial (r) del Ejército).

    Estos tres últimos, condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman los nuevos prófugos:

  • Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial (r) de Carabineros). Condenado en el Episodio Mulchén, como coautor  de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias; también en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.
  • René Riveros Valderrama (oficial (r) de Ejército). Sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.
  • Jaime Ojeda Torrent (oficial (r) de Ejército). Condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio
    Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.
  • Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros). Condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por los homicidios calificados de Héctor Marín Álvarez, don José Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo, el día 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.
  • Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial (r) de Ejército). Condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.
  • Juan Daniel Marambio López (suboficial (r) del Ejército). Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.
  • Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército (r) – CNI). Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.
  • José Isaías Vidal Veloso (comisario (r) de la Policía de Investigaciones de Chile – CNI). Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.
  • Luis Raimundo Quezada Chandía (exconscripto). Condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.
  • Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

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