Columna de Gloria Hutt: conducta, orden y responsabilidad, las notas al final de la libreta

Después de contabilizar 18 fallecidos por actos violentos en cinco días, surgen explicaciones diversas. En el mundo político se construye la tesis de responsabilidad del gobierno anterior, la inmigración o la falta de voluntad para aprobar leyes. Cuando estaba en el colegio, muchas décadas atrás, se calificaba el rendimiento en los ramos y además, había nota para Conducta, Orden y Aseo y Responsabilidad. Para mi papá, esa última especialmente, era la calificación en que no podíamos fallar. No estaría demás que en la evaluación a los poderes del estado se usara un criterio similar, midiendo resultados en el cumplimiento en su tarea concreta, y además, su conducta, orden y responsabilidad.

Como lo indicó Carlos Peña con claridad en una de sus últimas columnas, la cantidad de muertos registrados por violencia en un lapso tan corto, es un problema político, y coincido con eso. La responsabilidad por el orden público le corresponde al Presidente de la República, y para eso la constitución le asigna facultades, recursos y organizaciones de las que puede disponer para hacer su trabajo. Es el gobierno en ejercicio el encargado de que los ciudadanos y ciudadanas puedan circular libremente, y que puedan ejercer en plenitud todos sus derechos, limitados ahora por el miedo a algo tan básico como desplazarse por la ciudad.

Esa responsabilidad no se ha asumido en plenitud. La escalada delictual ha alcanzado niveles críticos, y el gobierno mantiene una estrategia adecuada para abordar delitos comunes. En febrero, Chilevamos junto a Demócratas emitimos una declaración levantando la alerta y recomendando reforzar el alcance y composición del Cosena, dado el evidente riesgo que el crimen organizado y las redes de narcotráfico implican para la seguridad nacional y la estabilidad democrática. Lamentablemente, nada de lo sugerido se acogió.

Más recientemente, cuando la Alcaldesa Evelyn Matthei propuso centrar los esfuerzos de los candidatos a Alcaldes en la seguridad, se le descalificó y en lugar de analizar sus propuestas y la viabilidad y resultados de las mismas, se le atribuyó un interés electoral vacío.

Cada vez que se refuerza la urgencia de contar con la herramienta más básica que permite cierto grado de control en todo el mundo desarrollado, como es un sistema nacional de inteligencia, tramitándose en el Congreso desde 2021, surgen voces que insisten en abrir el secreto bancario, con una evidente intencionalidad de tratar la discusión desde la vereda ideológica y no en el mérito que cada tema requiere.

No puedo dejar de recordar al Presidente Piñera y su reconocida capacidad de gestión. Frente a un tema de esta magnitud, el hubiere conformado una fuerza de tarea especial, con un encargo claro y con plazo para resultados. Y se habría encargado personalmente de dar seguimiento al trabajo. El gobierno ha anunciado medidas, entre ellas la construcción de una cárcel de alta seguridad, con plazo indeterminado, reuniones entre instituciones y urgencia a proyectos cuyo compromiso de acelerar tenía plazo en diciembre de 2022, según lo afirmó la Ministra Tohá a la Mesa de Seguridad que se interrumpió en el incidente de los indultos. A pesar del intento, de cuya buena intención no dudamos, sigue ausente una línea estratégica. La delincuencia sigue tratándose como un tema habitual, solo con mayor frecuencia de casos, las instituciones no cambian sus roles y requerimientos y la tarea parlamentaria avanzará lo posible sin que la discusión inmediata resuelva las necesidades, si no se ha acordado previamente la forma de avanzar.

Aquí es cuando se requiere asumir la responsabilidad, dejar de culpar a otros, asegurar mejor coordinación, establecer metas claras y genuinamente abrir un trabajo coordinado entre todos los sectores, evitando las oportunidades de reforzar posiciones ideológicas, como lo hace consistentemente el Partido Comunista.

Por lo anterior, la calificación en Conducta, Orden y Responsabilidad, es aun deficiente. No se cambia el tono, no se alinean las fuerzas ni se asume la responsabilidad. Es muy complejo en este escenario anticipar mejores resultados o al menos la sensación de control que la ciudadanía espera.

La misma responsabilidad aplica en otro ámbito que ha evolucionado con menos titulares pero con enorme impacto institucional: las investigaciones del Comité de Ética de la Corte Suprema pueden marcar la línea entre recuperar la estabilidad y confianza en el Poder Judicial, o entregarnos a otra zona de incertidumbre para la confianza pública. El Presidente Blanco tiene ante sí la delicada tarea de proteger el marco clave para nuestra convivencia, también aquí recuperando el orden y revisando con rigor la conducta de los jueces, sin espacio alguno para defensas corporativas.

Las personas esperamos la aplicación de justicia en todos los casos y sin diferencias, una justicia ecuánime y equilibrada, en que las víctimas puedan denunciar con confianza y los jueces revisen los casos con independencia del rol o posición de quien sea juzgado, y en que las penas sean proporcionales al daño causado.

Por todo lo anterior es que esas notas al final de la libreta, Conducta, Orden y Aseo y Responsabilidad, que se informaban cada trimestre a nuestros padres, cobran tanta fuerza en nuestra vida ciudadana como el conocimiento específico, y más si consideramos que tienen impacto en el bienestar de otros.