Columna de Hugo Herrera: Un gobierno embaucador

El pueblo es indeterminable. No se sabe dónde está. De pronto, irrumpe, como en octubre de 2019, en las manifestaciones donde millones salieron a las calles. Otras veces es más difuso, como para las elecciones. Pero consta y se le respeta o incluso teme. El pueblo es arcano, misterioso. Las encuestas tratan de medirlo, pero no aciertan. Las disposiciones del orden público pretenden controlarlo. Pero en último término a Dios no se lo controla y el pueblo es, en su fuerza destructiva, en sus pretensiones de justicia, indomable, como un dios. 

El Frente Amplio emergió a la política para representar al pueblo. Jóvenes dirigentes universitarios y luego parlamentarios, después gobernantes, pretendían o siguen pretendiendo ser algo así como la vanguardia consciente del pueblo. Apuntan a ser una especie de conducción capaz de expresar, con una ideología de reglas estrictas – con una especie de remedo esclerosado del marxismo mucho más diferenciado de mediados del siglo XIX – los anhelos populares.

Pretenden terminar, de esas maneras, con la alienación a la que conduce el mercado, el “mundo de Caín”; dicen querer abrir espacios a la participación popular y la deliberación. De esa combinación sus ideólogos y sus dirigentes de punta pretendían avanzar en dirección a una situación revolucionaria.

Una de las medidas plenamente coherentes con tales ideas era abrirle al pueblo mayores espacios de participación institucional. Si un espacio de participación eminente son las elecciones populares, un paso consistente era volver al voto efectivamente obligatorio. De esa manera se permitía que el pueblo, incluso el menos comprometido políticamente, el menos ilustrado, los alienados de la política, el Lumpenproletariat, los postergados de siempre, se incorporasen en el cuerpo electoral, pudiesen ir siendo políticamente educados e influir, en igualdad de condiciones con todos los demás sectores, en las elecciones.

Todos los grupos políticos del país concurrieron a ese amplio acuerdo. Él mostraba una voluntad coincidente de los sectores de diversas tendencias con el significado político y nacional de que los habitantes permanentes del territorio participasen efectivamente en el deber primordial de la ciudadanía: votar. Eso cuando veníamos, precisamente, saliendo de una crisis provocada, entre otras razones, por las barreras a la participación.

Sin embargo, los otrora jóvenes del Frente Amplio se volvieron parte de una especie de establishment, de una auténtica casta política. En cierto sentido, siempre lo fueron. Provenían de la Universidad Católica y la Universidad Chile, no de universidades de clases pobres y medias emergentes, ni de institutos profesionales ni centros de formación técnica. Eran vástagos de la flor y nata de la oligarquía chilena, una especie de “juventud dorada” de rostros que un día fueron jóvenes y bellos. Y aunque ya no son jóvenes y la belleza se difumina, se han comportado como tales en su última decisión política relevante.

Ahora, en el poder, parecen temerle al pueblo, al insondable pueblo y sus pretensiones de plenitud. Lo que subyace a su decisión es que ellos sabrían, mejor aún que el propio pueblo, lo que el pueblo debiese querer. Por eso se sienten facultados para manipular una de las pocas instituciones que funcionan correcta y limpiamente en el país: el sistema electoral. 

Lo que diferencia las democracias razonables y bien asentadas de regímenes irregularmente democráticos o francamente autocráticos es el respeto a reglas electorales estables. Y es eso lo que están dañando los antaño jóvenes revolucionarios. Jugar con las reglas básicas del juego, tiene además la desventaja no solo de que perjudica al sistema en su conjunto, sino que puede volverse en el futuro contra los propios chapuceros.

Los partidos de gobierno lucen desconfiar del veredicto popular e incurren de maneras confusas y nada elegantes ni democrático-republicanas, en todo tipo de maniobras para trastocar, intervenir, desvirtuar, en último término, el sistema electoral. Las multas por no votar son reducidas al mínimo. Si Ud. tiene la suerte de poseer un automóvil y lo estaciona mal, tendrá que pagar más dinero que la multa por no votar: por no ejercer el deber cívico básico. 

No se trata, con la rebaja de multa, de aliviarle la carga a los más pobres, como han insinuado lindando en la patraña las autoridades. Es simplemente que hay un deber de votar y un sistema de excepciones justificadas. La multa viene recién después de eso. O sea, todos – pobres, ricos y clases medias – están en igualdad de condiciones para exceptuarse si los asiste una razón justificada.

El gobierno, las izquierdas presuntamente cercanas, aliadas con el interés popular, evidencian con esta decisión franco tono e interés de élite. Les queda, más de lo que se esperaba, eso de jóvenes ricos despreciando a lo que en su momento se denostó como “facho pobre”. Mirando en menos, así, al que ose, producto de algún tipo de razonamiento que no coincida con el pensamiento ilustrado de los iluminados de la izquierda académico-frenteamplista (los Jackson, los Atria, los Vallejo, los Boric), del que ose, digo, a querer votar distinto de sus ideas hípersofisticadas de futuro revolucionario.