Enel y la musculatura del Estado

La única manera de ganar musculatura es entrenando. Si no se va al gimnasio, o se trota por las mañanas, o al menos se juega una pichanga los domingos, es imposible ganar masa muscular. No hay atajos. Esto también vale para la discusión que se ha instalado luego del colapso de la red de distribución eléctrica, que ha puesto a Enel y a otras empresas regionales en el centro de las críticas de la ciudadanía.

Con la crisis de los apagones se ha instalado la posibilidad de que el Estado pueda recuperar su rol en funciones críticas, como la distribución de energía. Para eso sería necesario que participe en la propiedad de una de estas empresas o que se cree una empresa pública específica. Ahí empieza la conversación sobre músculos y ejercicios.

La ministra Camila Vallejo reconoció que actualmente “el Estado no tiene musculatura” para avanzar en la creación de una empresa estatal eléctrica, tal como lo propuso el ministro de Energía, Diego Pardow. Es obvio. Décadas sin entrenar han dejado esa musculatura flácida, casi atrofiada. Pero tampoco se pueden recuperar esas capacidades sin entrenamiento específico. La única manera de superar esta situación anémica es volviendo a la cancha.

Es obvio que, en lo inmediato, la prioridad del gobierno debe centrarse en garantizar que las empresas eléctricas cumplan con sus obligaciones legales y restablezcan el servicio luego de los recientes fallos en el suministro. Pero la pregunta de cara al futuro quedó instalada y es difícil evadirla. Más aún, si empresas como Enel son de propiedad estatal, pero de un Estado extranjero que actúa como un privado más en nuestro territorio.

Para entender el problema hay que ver como se juega ese partido. En este campeonato el Estado jugó por mucho tiempo como jugador principal, monopólico y absoluto. Hubo un tiempo en que jugaba en todas las posiciones: productor con Endesa, distribuidor con Chilectra y regulador desde el propio nivel ministerial y judicial. Nadie duda que la complejidad del sistema energético exigía dividir las tareas. La creación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles remplazó a un servicio llamado Inspección Técnica de Empresas y Servicios Eléctricos que se había creado en 1904. El Estado regulador empezó a jugar como un árbitro fortalecido y con mejores implementos. Pero al poco andar empezó a salir del partido.

El desplazamiento del Estado de todas las tareas empresariales lo fue dejando en la banca. Bajo una mirada mínima de su tarea, sólo se le llamaba cuando ningún otro jugador quería o podía jugar. El viejo Estado, desgastado y mal entrenado, hoy sale a jugar en tareas que nadie quiere realizar. El único puesto que conserva como titular es en el arco, es decir, en las tareas de defensa y seguridad que son indelegables. Pero en todo lo demás quedó de reserva, y no sale a la cancha más que cuando no hay otra alternativa.

Pero eso no tendría que ser siempre así. Tampoco es lógico que vuelva a monopolizar el partido, porque a pesar de la idealización del tiempo pasado, Chilectra tampoco era la maravilla que pensamos. La inversión en nueva infraestructura y la incorporación de tecnología moderna necesitaba enormes capitales privados que el fisco nunca podría haber aportado. Pero hoy estamos en otra etapa y la relación público-privada puede hacer uso de nuevas estrategias. Sería necesario sacarse las anteojeras ideológicas y pensar que, en esta cancha, tan sensible y riesgosa, hay que reservar al Estado funciones más inteligentes y ambiciosas, cuando así lo exija el interés general.

Un ejemplo reciente lo encontramos en España, en otro mercado similar. El gobierno de Pedro Sánchez decidió el año pasado comprar acciones de Telefónica, a través de una Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De esa manera el Estado español ingresó en esa compañía con una participación en el capital de hasta un máximo del 10 por ciento. Pero cuando acabe la operación convertirá al fisco español en el primer accionista, tras veintiséis años desde su completa privatización. ¿Por qué lo hizo? Porque la presencia de capital público en Telefónica refuerza su estabilidad y se preservan sus capacidades críticas y estratégicas.  Se garantiza que esa empresa clave se oriente según los intereses nacionales en múltiples ámbitos, y especialmente en el sector de las telecomunicaciones, seguridad y defensa.

En otros países esa misma fórmula, basada en el ingreso de capitales estatales en empresas privadas, es recurrente. Sólo en el sector telefónico los datos muestran que el Estado de Alemania posee un 13,8 por ciento del capital de Deutsche Telekom; Francia, el 13,4 por ciento de Orange; y en Italia, en 2023 se incrementó en un 20 por ciento la participación del capital estatal en los activos de telefonía fija de Telecom Italia. Si se revisa la propiedad de las empresas eléctricas en Europa y Estados Unidos, las cifras de participación del capital estatal son mucho mayores por el carácter crítico del área.

La mejor manera en que el Estado puede recuperar su musculatura en esta y otras áreas estratégicas no es volviendo a la cancha a jugar de delantero. A lo mejor basta con que se pueda incorporar al directorio de las empresas existentes como accionista. Y desde allí ser parte del equipo entrenador, del cuerpo técnico o tratando de alcanzar la presidencia del club, para incidir en sus decisiones de largo plazo. Se reforzaría así el sentido de servicio público de empresas esenciales, especialmente en ámbitos donde se dan monopolios naturales que impiden la plena competencia. En ese rol el Estado podría ser más útil, y se preservarían los intereses ligados a la seguridad nacional, junto a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores.