Denunciante anónimo y fin de la exención tributaria a compras menores de US$ 41: los ejes de la nueva ley antievasión

El Congreso aprobó el proyecto antievasión del Ejecutivo, que busca fortalecer el cumplimiento de obligaciones tributarias, despejando con ello un foco de incertidumbre que mantenía La Moneda sobre la disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuestos 2025, proyecto que debe ser presentado a más tardar el próximo lunes de 30 de septiembre.

Y es que, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades, la nueva normativa permitiría aumentar la recaudación fiscal en cercan de US$4.500 millones, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). De estos, unos US$1.200 millones se destinarán íntegramente al erario fiscal del próximo año.

En el detalle, el oficialismo ha explicado que el monto liberado se distribuirá en 2025 al aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, la reducción de las listas de espera en los hospitales y el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno adquirió en materia de seguridad.

Sobre esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró ayer que la aprobación del proyecto de ley antievasión “es parte de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social”.

¿Qué establece la futura ley antievasión?

El gran objetivo del proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que se transformará en ley una vez publicado en el Diario Oficial, es combatir la elusión y la evasión de impuestos, para lo que se establecen una serie de mecanismos que fortalecen la fiscalización, modernizan la administración y combaten la informalidad.

En esa línea, destaca la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), que además de contar con un comité ejecutivo -integrado por el director de la entidad y los subdirectores. Estos últimos llegarán a sus puestos mediante concurso en Alta Dirección Pública (ADP)-, tendrá como misión tomar decisiones respecto a asuntos claves, como la presentación de querellas.

Junto con ello, la nueva gobernanza del SII contará con un consejo tributario, integrado por consejeros externos a la entidad, que también llegarán por ADP.

A su vez, la propuesta contempla que la aplicación de la Norma General Antielusiva (NGA) se mantenga en sede judicial.

Por otro lado, se incluye una norma que establece el fin a la exención tributaria a importaciones de menos de US$41, lo que implica que las compras por menos de este precio ahora tendrán que pagar IVA. Este aspecto afecta principalmente las ventas de empresas como Shein, Temu o Aliexpress, que se caracterizan por esta modalidad.

A este respecto, Marcel explicó que “actualmente en Chile existe una exención que se aplica tanto al IVA como a los aranceles tal que para las compras por valores inferior a los US$41 dólares no se pagan impuestos. Esto es una norma bien inequitativa respecto de los productos locales porque quien vende en Chile sí tiene que pagar IVA, quien compra a un productor nacional sí tiene que pagar IVA, aunque se trate de una compra de bajo valor”.

“La existencia de esta exención ha generado que haya millones de transacciones que, justamente, se ubiquen bajo ese valor. De 20 millones de paquetes que llegan a Chile desde el exterior como compras individuales, más del 90% se ubica bajo los US$41”, añadió.

Y mencionó que “este proyecto lo que hace es eliminar esa franquicia para el IVA, pero sube la franquicia para los aranceles. ¿Qué implicancia tiene esto? Que fundamentalmente las empresas que se dedican a la paquetería, al transporte de esos productos, no tienen necesidad de hacer ningún procedimiento especial”.

Otro aspecto que contempla la normativa dice relación con el levantamiento del secreto bancario, estableciendo que este será vía judicial y con plazos acotados. De esta manera, se fijan dos procedimientos: el primero apunta a delitos tributarios de distinta índole y otro a delitos más graves, como el crimen organizado y el lavado de activos.

En cuanto a la figura del denunciante anónimo, se acordó que recibirá una recompensa, que equivaldrá al 10% de la multa al contribuyente denunciado. En todo caso, se dictamina que perderá su calidad de denunciante anónimo en caso de renunciar al anonimato o hacer publicidad de la denuncia.

Respecto del uso de efectivo, la norma determina nuevos controles del SII a transacciones que oscilen entre 50 UF y 135 UF, de manera tal que, cuando eso se lleve a cabo, se debe registrar la identidad del pagador, según determine el director del SII.

Para las pymes, se establecen ciertos mecanismos para facilitar el cumplimiento tributario, entre ellos, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII, y que se permitirá a las pymes acceder a convenios preferentes para el pago en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de interese y multas.

Asimismo, otros nuevos puntos de la ley antievasión incluyen nuevas facultades de fiscalización de grupos empresariales, los cambios al impuesto al lujo, y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) -esta figura representará judicialmente a personas y pymes que se vean en controversia con el SII, Aduanas y Tesorería-.