Coordinaciones por WhatsApp y reuniones secretas: los detalles del acuerdo colusivo entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas, por haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique inéditas multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo.

¿Qué implica esto? En simple, la FNE señala en su requerimiento que se generó un acuerdo colusivo entre las cadenas para renovar los permisos de operación de sus recintos, por precios considerablemente menores a los que habrían obtenido de llevar a cabo el proceso como corresponde.

De acuerdo al relato de la entidad, todo se remonta 2021. El día 4 de mayo de ese año Jaime Wilhelm, ex gerente general de Dreams, Henry Comber, ex presidente del directorio de Enjoy, y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, se habrían reunido en el domicilio del primero para conversar sobre la conveniencia de que todos los operadores de casinos instaran conjuntamente por la suspensión de los proceso licitatorios 2020 y 2021 ante la SCJ.

“Las constantes conversaciones entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol, sumadas al fracaso de las diferentes vías intentadas para evitar competir bajo el modelo de oferta económica −en sede administrativa, judicial y a nivel legislativo−, tuvieron como consecuencia la celebración y ejecución del acuerdo colusorio descrito en este requerimiento”, indicó la FNE en el documento.

Asimismo, plantea que “en la realización de esta conducta intervino Claudio Fischer, quien, en su calidad de presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados con ocasión de esta infracción, y Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, quien ejecutó actos que facilitaron la materialización del acuerdo”.

Días después de la reunión descrita, Jaime Wilhelm habría enviado un mensaje de WhatsApp a Nicolás Imschenetzky en el que sugirió la conveniencia de que cada compañía renovara sus respectivos permisos, para lo cual una coordinación entre las empresas resultaría necesaria.

En la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para los procesos licitatorios 2020 y 2021, las reuniones comenzaron a hacerse más constantes, y Wilhelm, Comber e Imschenetzky comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia a través de un grupo de WhatsApp denominado “Coord. Temas Industria”, detalla la FNE.

La entidad explica que, como consecuencia de este acuerdo colusorio, las empresas requeridas descartaron en algunos casos proyectos que tenían en análisis o desarrollo respecto de nuevas plazas, basando sus decisiones en supuestos aspectos técnicos o económicos.

Así, la primera de las audiencias de recepción de ofertas de la licitación 2020 fue el 18 de octubre de 2021, y tal como las firmas acordaron, no existió competencia entre ellas, postulando cada una respecto de los permisos que previamente mantenían o para disputar plazas de operadores que no eran parte del acuerdo.

En concreto, el acuerdo entre los casinos derivó en lo que se habían propuesto al comienzo, expone la FNE: “Dreams, Enjoy y Marina del Sol acordaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos de sus respectivos casinos de juego, sin enfrentar competencia de los otros partícipes del ilícito en sus respectivas plazas. Por lo anterior, en aquellos casos en que habían evaluado disputarse algunos cupos, las Empresas Requeridas detuvieron la preparación o presentación de sus respectivas ofertas. En palabras del gerente general de Marina del Sol, el acuerdo significaba que “el que tiene, mantiene””.

De esta forma, Dreams mantendría sus casinos en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas; Enjoy en Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles; y Marina del Sol en Calama, Talcahuano y Osorno.

Esto derivó en que las ofertas económicas que presentaron en los procesos de licitación de 2020 y 2021 representaran menos del 1% de sus ingresos brutos del periodo 2018-2019.

¿Por qué colusión?

John Herníquez, profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, comenta que en su acusación, la FNE “afirma que las empresas requeridas acordaron no competir en procesos de licitación, configurándose lo de se conoce como una colusión. Dicha materia está sancionada por el DL 211 con multas, pena de cárcel y otras sanciones”.

“En particular, la autoridad de competencia sostiene que las empresas requeridas habrían pactado que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia”, añadió.

Henríquez advierte que “los mercados que funcionan en condiciones de competencia son eficientes, pues permiten que los consumidores accedan, al menor costo posible, a una variedad de bienes o servicios ofrecidos por los productores. Por lo tanto, cuando no se compite, se afecta directamente a los consumidores”.

Mientras que Jorge Alé, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, dijo que “la FNE acusó las grandes empresas de casinos de haberse coordinado para no competir en lugares donde las otras ya operaban. Como dice el requerimiento, el lema era “el que tiene, mantiene”. Esto llevó a que los montos que pagaron las concesionarias involucradas por mantener la operación de sus casinos fue extremadamente baja comparado con los montos de años anteriores”.

La defensa de Dreams

La empresa de casinos Dreams salió a defenderse respecto de la denuncia de la FNE. “En relación al requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica contra operadores de casinos por su supuesta intervención en la coordinación para participar en determinadas licitaciones de casinos, Dreams S.A. rechaza cualquier actuación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”, indicó la firma.

“Como compañía lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención, y desde ya rechazamos toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos”, añadió.

Junto con ello, aseguran que han colaborado en la investigación desde un inicio al proporcionar todos los antecedentes disponibles para el esclarecimiento de los hechos, y que “en esta etapa procesal hará valer todos sus medios de defensa a fin de que el Tribunal de Libre Competencia desestime el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica”.

La condena del gran empresariado

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) abordó el tema, sosteniendo que lo denunciado por la FNE “da cuenta de un hecho gravísimo que condenamos enérgicamente”.

“Los atentados contra la libre competencia constituyen un abuso que daña profundamente la confianza y la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y la actividad empresarial, perjudicando el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones. Como todo acto de corrupción, la colusión también va minando nuestro sistema democrático”, aseveró el gremio presidido por Ricardo Mewes.

“Estos hechos deben ser investigados con profundidad, perseguidos enérgicamente, castigados con el rigor de la ley y comunicados con máxima transparencia”, acotó la CPC, agregando que “lamentamos que los delitos y faltas a la ética cometidos por unos pocos en el ámbito empresarial perjudiquen a un sector que está en su gran mayoría centrado en aportar al crecimiento sostenible, al desarrollo integral y al bienestar de las personas, poniendo a la persona al centro, respetando los principios éticos y las buenas prácticas”.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) emitió un comunicado en el que abordó la acusación de la FNE, afirmando que desde el gremio “condenamos y rechazamos enérgicamente cualquier conducta que afecte la libre competencia y la buena fe que deben primar en cualquier actividad económica”.

“Estos comportamientos de ser ciertos, según lo determine el procedimiento judicial en curso, nos parecen gravísimos y activarán todos los mecanismos pertinentes del gremio pues, además de obviamente distorsionar la libre competencia, tienen fuertes consecuencias en la imagen que proyectan las empresas a la ciudadanía, afectando a la inmensa mayoría de las empresas, empresarios y emprendedores que hacen sus mayores esfuerzos, día a día, por hacer mejor empresa y contribuir al desarrollo de Chile y su gente”, acotó la Sofofa.