Municipalidad de Estación Central pone fin a cuestionado convenio con Recoleta por el que la Contraloría derivó antecedentes a Fiscalía y al CDE

Una denuncia proveniente de un funcionario de la Municipalidad de Estación Central y de un representante de tres inmobiliarias fue lo que recibió hace tiempo atrás la división de gobiernos regionales y municipalidades de la Contraloría General de la República.

La ofensiva —que terminó en un informe del ente contralor— fue contra la administración municipal de Estación Central, en manos del alcalde Felipe Muñoz, y de Recoleta, en tiempos en que la comuna estaba bajo la tutela del hoy exalcalde Daniel Jadue (PC).

Los denunciantes —Héctor Adarmes, del municipio de Estación Central, y David Cademartori, representante de las Inmobiliaria Amengual SpA., Inmobiliaria Federico Scotto SpA. e Inmobiliaria Recreo 321 SpA— iniciaron la acción luego de que considerasen que había irregularidades en un convenio de apoyo firmado entre los municipios de ambas comunas.

Este consistía en el “convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua”. El mismo les permitía a ambos alcaldes prestar apoyo mutuo entre municipios. Ello a través de asesoría técnica y con la disposición de recursos para lograr acuerdos “con enfoque social”.

No obstante, los reparos de los denunciantes guardaron relación a dos eventos concretos. El primero tiene que ver con la designación, subrogación y continuidad en su cargo del Director de Obras Municipales (s) de Estación Central, Juan Hernández Zepeda, quien arribó al municipio mediante la utilización de dicho convenio.

No obstante, y ante la emisión de un oficio por parte del entre contralor, la Municipalidad de Estación Central terminó ayer lunes 14 de octubre con el convenio, atendiendo el informe.

Mientras, el segundo tema, —levantado por Cademartori— tiene que ver con la petición por parte de la Municipalidad de Estación Central de “prestaciones pecuniarias” (bonos, subsidios, entre otros) para obtener autorizaciones urbanísticas en la construcción de proyectos inmobiliarios. Dicha situación fue derivada a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado por parte de la Contraloría “para los fines que
resulten pertinentes”.

Desde el municipio de Estación Central consultados por The Clinic señalaron que están preparando una respuesta institucional. Eso sí, hacia la Contraloría y en el plazo de 10 días que establece la normativa.

El motivo del convenio pausado

Como un texto con especificaciones de “manera genérica”. Eso fue lo que determinó la Contraloría sobre el “convenio de asociatividad” firmando en agosto de 2021 entre los municipios de Estación Central y Recoleta. Por ese entonces, los jefes comunales eran Muñoz y Jadue, respectivamente. Ambos pasaban por los primeros días a cargo de sus municipios a partir de sus nuevos mandatos.

No obstante, dicho convenio fue considerado por el ente contralor como como uno que no se ajustó al “marco legal”.

Ello lo dejó en evidencia cuando reprodujo en su oficio una parte textual del convenio. El mismo se identificaba “con el objeto de alcanzar logros comunes y soluciones para sus municipalidades y vecinos, acordando mutuamente realizar intercambio de iniciativas, proyectos, programas, equipos de trabajos e ideas destinadas a la atención de servicios comunes (…)”.

Por lo mismo, la Contraloría mandató, en un plazo de 10 días hábiles, a que el convenio se regularizara para cumplir con dicho ítem. No obstante, Estación Central desistió de él.

La contratación indebida

Con respecto a Juan Hernández, DOM de Estación Central, el ente contralor también fue categórico en su momento.

En su oficio, además de detallar que las nominaciones para ese cargo deben cumplir con requisitos técnicos (como títulos profesionales particulares), también rescataron que para la subrogación de dicho cargo debe seguirse el orden jerárquico de tal unidad. Independientemente a la planta que se pertenezca.

El motivo de la ofensiva de los patrocinantes del oficio contra las municipalidades —y en contra de Hernández— respondió a que el DOM (s) de Estación Central —Hernández— era anteriormente el Jefe de Inspección de Obras Municipales de Recoleta.

En esa línea, el reproche vino porque para la subrogancia del cargo de DOM, Hernández pasó de Recoleta a Estación Central sin seguir el conducto regular establecido por normativa. Ello a pesar de haber funcionarios que cumplían con los criterios para liderar dicha subrogancia.

En todo caso, la municipalidad de Estación Central dio sus argumentos a la Contraloría para explicar la situación de Hernández. Allí apelaron a que su antigua DOM fue suspendida del cargo por un sumario administrativo. Además, comentaron que a raíz de denuncias de vecinos, consideraron “indispensable” efectuar un cambio en la DOM. Allí, como solución, recurrieron al convenio cuestionado.

Sin embargo, Contraloría se sostuvo en que la contratación de Hernández como subrogante —celebrada en noviembre de 2021 y renovada sucesivamente— “no resultó procedente”. Y, aunque Estación Central argumentó el motivo de su actuar, el ente contralor se apegó a la normativa, cuestionando que, aunque se hayan realizado procesos disciplinarios en la DOM, no se siguió el conducto regular.

Por lo mismo, tampoco respaldaron cuando Hernández fue, a partir de 2024, designado como el titular en ese cargo.

Proyectos inmobiliarios

Aunque por el caso de Hernández no derivó la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, Contraloría sí lo hizo en lo que se denunció por parte de Cademartori, el representante de las inmobiliarias.

La situación guardó relación con la queja que manifestó Cademartori respecto a un presunto trato desigual que ha tenido la Municipalidad de Estación Central con otras inmobiliarias —que no son de su representación—. Allí apeló a “resoluciones manifiestamente injustas” y con delación indebida. Ello a diferencia de proyectos inmobiliarios de características similares.

No obstante, la Contraloría determinó remitir la información a la unidad de Planificación y Gestión de Procesos de la división de gobiernos regionales y municipalidades del órgano. Ello como antecedentes de una futura investigación. A su vez, derivó la información a la Fiscalía y al CDE “para los fines que resulten pertinentes”.

Misma situación se dio respecto a las denuncias del propio Cademartori sobre prácticas delictivas llevadas a cabo entre Estación Central y Recoleta. En lo mismo, el denunciante habló de “esquema defraudatorio”, graficado en presuntas “prestaciones pecuniarias a cambio de autorizaciones urbanísticas”.

Por lo mismo, apelando a que se estaba conversando sobre prácticas delictivas, la Contraloría señaló que era competencia del Ministerio Público dicha situación. Así, se trasladó la persecusion de un presunto ilícito a la Fiscalía.