Bancada RN solicita a Contraloría fiscalizar trato directo con cargo a Presidencia por más de $400 millones para feria navideña en el Estadio Nacional

La bancada de Renovación Nacional (RN) pidió a la Contraloría General de la República fiscalizar una licitación vía trato directo entre Presidencia y la empresa Onelevenpro Spa por un monto de $$428.300.129. Esto, para realizar una feria navideña en el Estadio Nacional.

El comunicado entregado indica que “la fundamentación entregada por la Analista de Compras del Departamento de Abastecimiento, es que tras revisarse el portal de Mercado Público, ‘se constató que los servicios requeridos no se encuentran en Convenio Marco’“.

La resolución añade que  “conforme a los servicios requeridos se enmarcan dentro de una actividad oficial de S.E. el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, el costo de dicha contratación corresponderá imputarlo a gastos de representación, protocolo y ceremonial, de conformidad a las instrucciones para la ejecución del presupuesto de la Presidencia de la República correspondiente al año 2024, configurándose de esta forma la causal de trato directo establecida en la letra b) del N° 7 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda”.

De esta manera, según los parlamentarios de RN, existe “un subterfugio legal con el propósito de eludir la realización de una licitación pública”.

Además, señalan que en actividades en otros años “éstas han sido efectuadas durante el mes de diciembre y no con la anticipación con la cual se ha efectuado en esta oportunidad. Por lo que se contaba en esta oportunidad con tiempo necesario para haber realizado una licitación pública, a lo menos con los proveedores que llevaron adelante la festividad en 2022 ($381.669.729) y 2023 ($360.000.000)”.

Petición a la contralora Dorothy Pérez para revisar el trato directo

También se sostiene que la “ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, establece en su artículo 5° que “toda contratación que supere las 1.000 UTM (unos $66.5 millones) debe (…) realizarse mediante licitación pública”.

Por último, los legisladores solicitan a la contralora Dorothy Pérez que “requiera la información necesaria tanto de la Directora Administrativa de la Presidencia de la República, doña Antonia Valentina Rozas Fiabane, y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar”.