Cámara de Diputados cita a sesión especial por polémico dictamen de Contraloría sobre personal a contrata

Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo la ceremonia de inicio de mandato en la Contraloría General de la República. Allí, donde concurrió el Presidente Gabriel Boric, Dorothy Pérez fue oficializada como la nueva mandamás del órgano contralor. De ese modo, se dio inicio a su mandato, el que perdurará hasta el 2032. Su nombre quedó ratificado esta semana por el Senado. Allí visaron el nombre que propuso el Mandatario con 46 votos a favor. Requería 30.

No obstante, desde la sede en donde se ubica la Cámara Alta también provino un revés para la recién iniciada en el cargo. Y es que el día jueves, la Contraloría emitió un dictamen que no ha dejado contento al sector público. ¿El tópico? la confianza legítima.

El dictamen, que lleva la firma de Pérez, señala que la Contraloría ya no se pronunciará respecto a ese tópico, el que guarda relación con cuándo los funcionarios públicos contratados bajo la modalidad de a contrata pueden optar a la confianza legítima. Hasta antes del dictamen, Contraloría se pronunciaba y establecía la misma en los dos años de antigüedad en la institución como garantía suficiente para acudir a la confianza legítima.

Esa determinación vino con la administración del excontralor Jorge Bermúdez, quien tiene diferencias públicas con Pérez. Con el dictamen de Contraloría, se dejó en manos de los tribunales de justicia la determinación para tales casos de despido, mediante un recurso de protección.

Por lo mismo, y ante las quejas expresas de organizaciones sociales, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados citó a una sesión especial para conversar el tema. La instancia, presidida por el diputado Luis Cuello (PC), quedó fijada para el lunes.

“Nos parece de suma preocupación”, manifestó Cuello. Además, comentó que la comisión recibirá a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para “conocer su opinión, escucharlos y conocer los alcances e impactos que tiene este dictamen en el mundo del empleo público”.

“Este dictamen es un serio retroceso, que significa echar por tierra una lucha de años de trabajadores públicos por lograr mayor estabilidad. Y ciertamente debilita la función pública”, selló Cuello.