Por primera vez en su historia: Casa de Memoria José Domingo Cañas cierra al público por falta de recursos

La Fundación Casa Memoria comunicó a través de sus redes sociales que la Casa de Memoria José Domingo Cañas “cierra sus puertas al público por no tener recursos para el mes de diciembre”. Desde la organización agregaron que “por primera vez en nuestra historia debemos recurrir a esta medida”.

“¡Por el derecho a la Memoria. Exigimos al Estado que cumpla con sus obligaciones!”, termina el comunicado.

José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa, Santiago. Ese, hasta hoy, era declarado como un sitio histórico dado que ahí la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) utilizó las dependencias de ese domicilio particular como centro de tortura, detención clandestina y exterminio durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Este lugar, sin embargo, antes fue utilizado por la embajada Panamá. Una vez comenzada la dictadura, la DINA se hizo del establecimiento para hacer un lugar de paso entre Londres 38 y Villa Grimaldi.

Años más tarde, se le denominó “Cuartel Ollagüe” y se dedicó principalmente a recibir a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Según datos de la fundación, ahí fueron capturados menores de 20 años y hasta hoy cuenta con 62 personas desaparecidas que estuvieron ahí.

Reacción parlamentaria

La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Lorena Fries, señaló que el cierre de este lugar “habla de un déficit en nuestra sociedad, un déficit con la memoria, con la memoria de las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, esta situación también evidencia la deuda que tenemos con todos aquellos sitios que, a pesar de ser reconocidos, no cuentan con un financiamiento que los haga sustentables en el tiempo”.

Además, Fries llamó al Gobierno a avanzar en la agenda de memoria y derechos humanos. “La Ley de Sitios de Memoria es algo que le pesa a Chile, y esperamos que, antes de que termine el mandato del presidente Gabriel Boric, sea una realidad. Al menos, que el Ejecutivo presente un proyecto de ley con estas características”, afirmó.

Por su parte, su colega comunista, Alejandra Placencia, expresó a través de sus redes sociales que el cierre “es un daño tremendo para las agrupaciones de derechos humanos y para las víctimas de la dictadura”.

Placencia se alineó con la fundación y enfatizó que “el Estado debe cumplir sus obligaciones en esta materia. Por lo mismo, esperamos que se tomen medidas para revertir esta situación”.