“Se comprende la molestia de quienes recibieron más de 150 cuotas por montos bajos”: El ruido interno de La Moneda tras polémica con el Congreso por isapres

“Aquí se va a cumplir la sentencia, tal como pidió el presidente Boric, y al mismo tiempo se entregan condiciones para darle estabilidad al sistema de salud, que es lo más importante”, señaló la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el 13 de mayo, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la Ley corta de Isapres. Esta ley tenía como objetivo materializar la sentencia de la Corte Suprema que ordenaba a las aseguradoras devolver los cobros en exceso.

Parlamentarios coinciden en que la gran ganadora de la tramitación de la ley corta fue Aguilera. Quienes estuvieron presentes en esa sesión recuerdan que, entre aplausos y abrazos, vitorearon a la ministra por haber destrabado un fallo que puso a prueba la capacidad resolutiva del sistema político.

Hace unas semanas, las aseguradoras comenzaron a pagar lo adeudado. Sin embargo, debido a los largos plazos de restitución —que pueden llegar hasta los 13 años— hay usuarios algunos usuarios que reciben montos de retribución menores a $1.000.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, calificó esta situación como “sin duda, una burla”. Por su parte, la ministra Camila Vallejo redobló las críticas y abrió la jornada advirtiendo: “Lo que se terminó aprobando no es la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo solicitado por algunos parlamentarios respecto a los plazos”.

Vallejo despejó la responsabilidad del Ejecutivo e insistió en que “una de esas consecuencias es lo que estamos viendo. Por lo tanto, está de más decir que lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios que, en la comisión mixta, también solicitaron ampliar los plazos”.

La molestia del Minsal

Ante los dichos de la vocera Vallejo y de Jara, senadores de la comisión de salud se organizaron para entregar una respuesta, pues consideran que se les estaba tratando de endosar una responsabilidad que, reconocen en privado, recae tanto en el Gobierno como en el Congreso e incluso en las mismas Isapres.

Juan Luis Castro, senador socialista, miembro de la Comisión de Salud y presidente de la instancia durante gran a parte de la tramitación de la ley corta, salió del paso a defender la labor parlamentaria ante la crítica de la ministra Vallejo.

“Ellos (el gobierno) le dieron el Ok a estos pagos irrisorios. Entonces, parece increíble que se trate de tirar la pelota al córner, echándole la culpa al Congreso de los males, cuando, en la práctica, aquí hubo un grado de compromiso directo del Ejecutivo al tomar vía consejo consultivo y después un proceso de visación final a todos los planes de ajuste. Esta situación debe revertirse y eso depende de la Superintendencia de Salud. Toda iniciativa legal que podemos estudiar y ver, una norma interpretativa eventualmente, requieren patrocinio Ejecutivo”, dijo Castro.

Castro, al emitir esas palabras, no estuvo solo. El senador y ex presidente de la UDI, Javier Macaya, y el senador RN, Francisco Chahuán, y el senador gremialista Sergio Gahona flanqueaban a Castro mientras arremetía contra el Gobierno.

El otrora timonel de la UDI criticó que “es inaceptable que el Ejecutivo trate de deslizar que acá hay una responsabilidad del Parlamento. El Parlamento trató de buscar soluciones diferentes y la respuesta del Ejecutivo fue mandarnos al Tribunal Constitucional”.

Su correligionario, Gahona, agregó que “esconder las castañas con la mano del gato, que es lo que hace la vocera al responsabilizar al Legislativo de esta situación”.

Voces al interior del Ministerio de Salud comentan que la ministra Aguilera se molestó con la críticas de Castro y compañía, pues según advierten al interior del Minsal, quienes pidieron la extensión del plazo de 13 años fueron justamente Macaya y Chahuán.

De hecho, desde la cartera hacen referencia a la sesión de la Comisión Mixta que tramitó la ley corta de Isapres del 8 de mayo.

“La ampliación del plazo, lo que logra, es darle sostenibilidad a un sistema y no hacer que sea el usuario de una Isapre al que le suba el plan. Es súper útil explicárselo así a las personas que están viendo esto para que no se vea como un beneficio a una institución. Es de las medidas de mitigación y sostenibilidad del sistema que estamos proponiendo”,

“Efectivamente la ampliación del plazo a 13 años le da sostenibilidad al sistema“, fueron las palabras del senador RN.

Otra cosa que molestó a la ministra Aguilera, fue que apareciera Castro hablando en primer lugar como un parlamentario de oposición más.

Ahora, en el Minsal reconocen que la extensión del plazo se dio por acuerdo, pero fue un elemento que se ingresó a último minuto luego de que la oposición condicionara la aprobación de la ley corta a solo días de que se cumpliera el plazo que había establecido la Corte Suprema.

Cabe recordar, sin embargo, que el senador Castro fue uno de los pocos parlamentarios en ambas cámaras que votó en contra de la ley corta de isapres y siempre fue crítico al acuerdo que elaboró el Gobierno.

El foco en la Superintendencia de Salud

Entre las declaraciones cruzadas, los senadores de la Comisión de Salud citaron al Superintendente de Salud Víctor Torres para que expliqué el por qué de la aprobación del plan de devolución presentado, particularmente, por las Isapres Banmédica, Vida Tres y Cruz Blanca.

“Condenamos el plan de ajuste y pago propuesto por las Isapres y aprobado por la Superintendencia y el Consejo Consultivo y es difícil de entender que los cotizantes reciban devoluciones tan mínimas, incluso de solo un peso”, dijo el senador Chauán.

Sobre la citación a Torres, indicó que “es necesario que se nos expliquen los criterios que llevaron al Superintendente de Salud y al Consejo Consultivo a no rechazar un plan tan lamentable”.

Desde el Minsal explican que el margen que tuvo Torres para frenar el plan de devolución era nulo, pues efectivamente dichos planes de devolución se ajustaron a lo legal. Es decir, que la ley es la que permitió este tipo de devoluciones y no el superintendente.

Torres se defendió: “Yo entiendo, empatizo y evidentemente que comprendo la molestia. Lo que me sorprende es que terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar una ley, no en quién la creó ni tampoco quién originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver”.

La minuta de Gobierno

El gobierno, desde el Minsal, hizo circular un documento de cuatro páginas referido al tema para alinear las posiciones respecto a la polémica.

En términos generales, la minuta establece que la ley corta de Isapres “fue necesaria para dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema en contra de las Isapre, y para mitigar el impacto que generaría la implementación de éstos, en el contexto de la crisis financiera que enfrenta el sistema privado de salud de nuestro país desde 2021, sobre las personas, los prestadores privados y el sistema en su conjunto”.

Por un lado, el texto busca que se respalde comunicacionalmente la acción del Gobierno y el Congreso, pues “actuaron con sentido de responsabilidad” dado que estaba en juego el colapso del sistema y, por otro, apuntaron a las Isapres.

“Se comprende la molestia de quienes recibieron más de 150 cuotas por montos muy bajos, lo que responde a que la deuda es más baja en las personas menores de 65 años, y que la definición fue dar prioridad a la devolución a las personas mayores. La ley corta permite a las Isapre a pagar la deuda de forma inmediata (Pronto-Pago), opción que no fue recogida por toda la industria”, dice en un extracto.

Uno de los problemas comunicacionales que advierten desde el Ejecutivo, es que “no se percibe que estas medidas se tomaron para evitar un colapso mayor del sistema, y para disminuir el riesgo de perder el seguro de salud que han elegido”, versa la minuta.

Uno de los últimos puntos expresados en este documento, es que es necesario “enfatizar la importancia de la sostenibilidad del sistema de salud chileno”.

Un apartado advierte que es “fundamental que la ciudadanía comprenda que la Ley Corta buscó mantener la sostenibilidad del sistema de salud en Chile, lo que es esencial para garantizar el acceso a la salud de las personas afiliadas, ya que si las Isapres quiebran, éste no sólo sería un impacto para las personas afiliadas sino también para las clínicas, centros de salud privados y prestadores individuales donde se atiende además el 47% de personas afiliadas a Fonasa en nuestro país”.

Además, agrega que “la quiebra de las Isapres provocaría una migración obligada de usuarios a Fonasa, quienes tendrían que atenderse entre hospitales públicos y prestadores privados, con menores coberturas. Impactando también a los actuales usuarios del Fonasa”.

Con todo, desde el parlamento y el Ministerio advierten dos alternativas posibles para solucionar el tema de los pagos. En primer lugar, buscar una alternativa administrativa a través de la Superintendencia de Salud para reinterpretar el plazo de devolución de los cobros. Sin embargo, ahí se anticipa que tanto la oposición como las Isapres estarán en contra.

La otra alternativa es la política y legislativa: abrir un debate en el Congreso para modificar los plazos de restitución de la deuda. Sin embargo, desde el Ministerio advierten que esa es la alternativa más riesgosa para la ley corta, pues no entrega certezas de celeridad y, sin ir más lejos, somete nuevamente a la ministra de Salud a una fuerte exposición.

Desde su equipo definen que esa alternativa con una metáfora peligrosa. Sería “entrar a las fauces de los parlamentarios”, comentan al interior del Minsal.