Piso para ir al TC, pero no para una acusación constitucional: la disyuntiva opositora para escalar ofensiva contra Maya Fernández e Isabel Allende

En conversación constante han estado en las últimas horas los jefes de las bancadas de los partidos de Chile Vamos evaluando los próximos pasos a dar en torno a una nueva controversia que impacta al Gobierno por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Providencia.

Se trató de un nuevo bochorno para La Moneda, que debió retroceder en la compra —que tenía la intención de transformarla en un museo— debido a las ganancias que con ello obtendría la ministra de Defensa, Maya Fernández (nieta del exmandatario), como también la senadora Isabel Allende (hija de Salvador Allende), ambas militantes del Partido Socialista, considerando la prohibición de celebrar contratos con el Estado.

La controversia generó que el presidente Gabriel Boric pidiera ayer la renuncia a Marcela Sandoval de su cargo como ministra de Bienes Nacionales, pese a que temprano la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry defendió el actuar procedimental de la militante frenteamplista. “Tiene que ver con una responsabilidad política”, explicó la jefa de la cartera del Interior, Carolina Tohá.

Así, con la salida de Sandoval, la oposición puso en el foco de sus críticas en Maya Fernández, como también a la senadora Allende. Sin embargo, en el sector han surgido dudas respecto de cómo escalar la ofensiva contra las figuras del oficialismo.

Y es que por ahora en Chile Vamos la decisión es esperar a que el Gobierno reconozca los errores cometidos para la fallida compra de la casa de Allende y que se le pida también la renuncia a Maya Fernández.

Aquella es la definición que han tomado los jefes de bancada de la UDI, RN y Evópoli, aunque tampoco se ha descartado del todo evaluar otras acciones.

El equipo jurídico de RN, por ejemplo, ha revisado antecedentes para una eventual acusación constitucional, aunque esa idea por ahora es descartada en el sector debido a que se cree que, hasta el momento, sería inviable políticamente. “No tiene los votos”, dice un diputado que ha participado en los diálogos.

En la memoria está que el sector ha impulsado seis acusaciones constitucionales fallidas contra ministros del Gobierno. El último libelo presentado fue contra Carolina Tohá, en octubre pasado, que solo consiguió 67 votos (se necesita mayoría simple de los 155 legisladores), que fue precedido del anuncio de la bancada de RN de acusar al presidente Boric por la crisis de inseguridad, acción que se desactivó de inmediato y que provocó un bochorno para el sector.

“Por el momento no hemos visto la posibilidad de una acusación constitucional, pero sí queremos que el propio Gobierno dé una señal y le pida la renuncia a la ministra de Defensa, porque aquí hubo una vulneración de una norma constitucional de la que nadie puede hacerse el desentendido”, dice a The Clinic el jefe de la bancada UDI, Gustavo Benavente.

Y añade: “Si es viable o no una acusación constitucional, es una cosa que se está evaluando casi minuto a minuto. Por el momento, es inviable, pero las cosas pueden cambiar también”. 

Por su parte, el diputado RN Diego Schalper señaló que dentro de la bancada de RN ha sido partidario de instar al Gobierno a resolver esto solo jurídicamente. “No sacas nada con acusar constitucionalmente a la ministra, con pedir la cesación en el cargo de Isabel Allende. No vamos a tener los votos para eso. Vamos a generar un tremendo entuerto para que finalmente esto no llegue a puerto, porque basta que el gobierno resilie el contrato para que se deje de incurrir en el vicio”, dijo en Radio El Conquistador.

Republicanos opta por acudir al TC

El Partido Republicano, por su parte, esta mañana dio el primer caso para escalar la ofensiva: anunció que acudirán al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie al respecto y, en caso de resultar favorable, ambas autoridades pierdan su escaño.

“Creemos que acá se ha configurado la causal constitucional de cesación en el cargo tanto para la ministra como para la senadora. El TC debe constatar esto y mientras eso no ocurra la senadora Allende está participando en votaciones muy importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones. Sería inaceptable que el de ella sea el voto decisivo, y sería un atentado a la democracia porque hoy ellas están con el cargo prestado”, recalcó el jefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez.

“Perseguiremos la responsabilidad de la ministra Fernández y la senadora Allende. Las causales para que cesen en el cargo resultan evidente. Fallando en derecho, debiesen darnos la razón. La acusación constitucional es una alternativa que no descartamos, pero la vía del TC nos va a dar el respaldo en la respuesta que esperamos”, sumó el subjefe de bancada, Cristián Araya.

Esa acción, explican en ese la colectividad, es más sencilla de impulsar debido a que solo se necesitan 10 firmas de los diputados para presentar un requerimiento. Además se enfatiza que decisión que tome el ente debería ser jurídica y no política, “no dependiendo de las mayorías políticas del Parlamento”.

Sin embargo, en el sector advierten de que el tribunal hasta el momento tendría una inclinación más hacia la izquierda, por lo que no se da por seguro que el resultado pueda ser favorable a la oposición.

En Chile Vamos, por su parte, indican que esta es una vía más factible y desde las bancadas señalan que será algo que se evaluará esta tarde en reuniones de los diputados.