No solo la fallida compra de la casa de Allende: el historial de desprolijidades jurídicas de la administración Boric

La compra fallida de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia, ha generado un movimiento telúrico al interior del Gobierno y del oficialismo. Tras la marcha atrás de la iniciativa —impedida por las ganancias que la compraventa daría a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) y la senadora Isabel Allende (PS), pese a la prohibición de celebrar contratos con el Estado— una ola de críticas ha caído sobre el Gobierno y también sobre los asesores del Presidente Gabriel Boric, los que vuelven a verse involucrados indirectamente en la concreción de determinadas solicitudes realizadas por el Mandatario.

Sin ir más lejos, el deseo de Boric de comprar la casa de los expresidentes Allende y Patricio Aylwin era una idea socializada en el Ejecutivo y que se llevaba trabajando desde hace meses. Por lo mismo, cuando el último día de 2024 el Ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer la concreción de la compra, rápidamente se relevó a quiénes respondía la titularidad del inmueble, por el cual el Fisco habría pagado $933 millones, levantando cuestionamientos transversales y amenazas de acudir al Tribunal Constitucional (TC), en donde el destino de Allende en el Parlamento está en juego.

El caso además ya tuvo una primera damnificada, Marcela Sandoval, la ministra de Bienes Nacionales a quien Boric pidió su renuncia. Pero la oposición también ha enfocado sus dardos en Maya Fernández, pidiendo que asuma su responsabilidad política, y se le incluirá en un requerimiento al TC al tiempo que se evalúa una acusación constitucional en su contra.

“Desprolijidades” en la entrega de indultos en 2022 y el error en la lista de beneficiados

En todo caso, esta última situación se ha ido sumando a una serie de errores no forzados del Ejecutivo que le han valido de crisis momentáneas por superar. Una de las más controversiales sucedió el 30 de diciembre de 2022, cuando Boric utilizó sus facultades para otorgar el indulto presidencial a 12 presos condenados en el marco de situaciones de violencia en el estallido social de 2019, además de dar el beneficio a un exmiembro del FPMR.

La notificación de los indultos tuvo un traspié particular en sus primeros momentos.

En primera instancia, el aviso incluyó únicamente a 11 indultados. Sin embargo, minutos después, el Ministerio de Justicia informó que hubo una omisión errónea de dos personas que recibieron el beneficio, pero que no aparecieron en el comunicado compartido. Por lo mismo, dado a conocer el antecedente, posteriormente se hizo entrega de la lista definitiva, que incluyó a Alejandro Carvajal y Matías Rojas —los omitidos—, cerrando el número de indultados en 13.

La situación, además, generó, tras las fiestas de Año Nuevo, un reproche generalizado hacia La Moneda por el mensaje que se daba, justo en momentos donde la seguridad ya comenzaba a tomarse la agenda y el Ejecutivo liderada una mesa de diálogo con la oposición.

Además, también le valió un téngase presente del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, cuando Boric se refirió a la condena que pesaba sobre el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, diciendo que hubo irregularidades en su juicio.

Rápidamente la atención se trasladó hacia los 6 indultados que contaban con condenas previas antes de haberse visto involucrados en delitos en el marco del estallido social. Con ese contexto detrás fue cuando la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), asumió el asunto, habló de “desprolijidades” y mencionó que el Presidente, de haber tenido todos los antecedentes a la vista, la situación de los indultos habría sido distinta.

Dicha crisis le valió su cargo en La Moneda a Matías Meza-Lopehandía (Frente Amplio), jefe de gabinete de Boric por entonces, y a Marcela Ríos (Frente Amplio), ministra de Justicia hasta el 7 de enero de 2023.

Un caso emblemático de los indultados que ya traían consigo una condena previa fue el de Luis Castillo. El hombre tenía consigo 13 detenciones en el cuerpo antes del 18 de octubre de 2019. El 14 de diciembre de 2023, además, fue detenido por un presunto secuestro en la región de Atacama. Clarificado el tema, fue condenado en abril de 2024 a cuatro años de cárcel por robo.

La entrega de pensiones de gracia a condenados, entre ellos, un prófugo de la justicia

Los indultos no fueron el único tema relativo al estallido social por el cual el Gobierno se vio enfrascado en un problema por el que debió salir a dar explicaciones. También lo fueron las pensiones de gracia, beneficio económico brindado por el Estado, las que el Ejecutivo otorgó a quienes sufrieron afectaciones en manifestaciones sociales generadas por agentes estatales desde octubre de 2019.

El problema radicó cuando la prensa comenzó a difundir que existía un prófugo de la justicia que se encontraba recibiendo el beneficio. Se trata de Juan Francisco Villalobos, según reveló Ex-Ante, quien hasta diciembre de 2023 recibió $5.698.168 por parte del Estado, pese a ser prófugo y haber contado con esa condición desde julio de 2019 por estafa.

Tal asunto se convirtió en una bola de nieve. La Contraloría General de la República emitió un informe en 2024 sobre las pensiones de gracia que dejó en mal pie al Ejecutivo. Las razones detrás estuvieron en que de los 419 beneficiados por entonces con pensiones de gracia, el órgano constató 58 casos de pensionados que contaban con condenas previas.

El ente contralor puso ojo en que, además, había condenados que tenían más de 10 condenas sobre sí. Entre los delitos constatados, mencionaron estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, entre otros.

Además, la Contraloría manifestó en su informe que había 19 expedientes de beneficiarios que no constaban con informes médicos. Es decir, no tenían el documento que garantizase vulneraciones provocadas por agentes del Estado. En otros casos, apuntaron a informes poco legibles o con antecedentes contradictorios.

Establecida la polémica, el Gobierno revocó 27 pensiones de gracia, en donde relevaron que 21 se otorgaron durante la administración actual y las otras seis durante los mandatos del expresidente Sebastián Piñera.

Cadena de errores en el Caso Monsalve y cómo la crisis se instaló en el corazón de La Moneda

La denuncia por violación en contra del entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve, conocida a mediados de octubre, hizo estallar la crisis más dura para la administración del presidente Gabriel Boric.

El caso estuvo desde un inicio marcado por contradicciones entre autoridades de Gobierno y la investigación a ratos comprometió cada vez más al propio mandatario, lo que puso en entredicho a su núcleo más cercano por no advertir de posibles implicancias por sus decisiones y declaraciones.

En noviembre, The Clinic reveló que le informó tempranamente, el martes 15 de octubre al jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y a su jefe de gabinete, Carlos Durán, de la denuncia de violación que existía contra el entonces subsecretario, que le había dado a conocer la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El escándalo no estaba en conocimiento de otros secretarios de Estado, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Según la declaración que más tarde daría a la Fiscalía, Boric se enteró ese mismo martes de la denuncia y se le informó que existía una investigación de la PDI por el acceso de Monsalve a las cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

Aquel hecho llevó incluso a fiscalía a investigar a Monsalve por mal uso de la Ley de inteligencia, aunque finalmente esa arista se dejó de lado y se le formalizó por violación y abuso sexual contra una mayor de 14 años.

Boric reconoció en una extensa y cuestionada conferencia del 18 de octubre que Monsalve le comentó ese martes que había ordenado revisar las cámaras del Hotel Panamericano, lo que elevó las dudas sobre por qué el mandatario no le pidió la renuncia de inmediato en vez de esperar casi dos días para que esta se hiciera efectiva, como también sobre las acciones que debió saber una vez que tuvo conocimiento de la situación.

La defensa de La Moneda fue que el mandatario no estaba obligado a denunciar ese hecho porque ya existía una investigación en curso. De todos modos, en el oficialismo ha habido consenso respecto de lo mal que el Gobierno llevó el caso (sumando a ello que se le permitiera a Monsalve viajar en avión al Biobío, el miércoles 16 de octubre, para comunicar a su familia de su situación) y de cómo su grupo más cercano no tomó medidas para evitar que el caso impactara al propio mandatario.

Durante esas semanas, de hecho, sectores de la oposición apuntaron a un “pacto de silencio” —fue un término que incluso ocupó la virtual candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei— y parlamentarios de la derecha, como también de la izquierda, han pedido la salida de miembros del Segundo Piso. 

Inhabilitación obligada de ministros por el proyecto Dominga

Fue el 9 de diciembre pasado cuando el primer Tribunal Ambiental (TA) sumó un nuevo episodio en la tramitación del proyecto minero-portuario Dominga al acoger la reclamación de Andes Iron SpA y anular por “ilegal” la resolución del Comité de Ministros de enero de 2023, cuando se determinó rechazar de forma unánime la iniciativa.

El TA justificó la medida apuntando al actuar de la ministra de Medio Ambiente y presidenta del Comité de Ministros, Maisa Rojas, y de la extitular de Minería, Marcela Hernando. “Estas participaron de la votación en la sesión del Comité de Ministros (…), pese a haber emitido pronunciamientos y declaraciones previamente en contra del proyecto Dominga”, se indicó, estableciendo que dicha situación constituye una infracción al principio de probidad, por lo que en rigor debieron haberse inhabilitado en 2023.

El fallo, por otra parte, relevó que el ministro de Economía, Nicolás Grau, sí “decidió inhabilitarse para la resolución de reclamaciones deducidas ante el Comité de Ministros, en el contexto de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, lo que permite evitar cuestionamientos a su imparcialidad”.

Con ello el escenario se complejizó para el Gobierno: el 23 de diciembre el Comité de Ministros anunció que sus seis integrantes se inhabilitarán de votar nuevamente sobre el proyecto Dominga. La medida se tomó ya que anteriormente emitieron su opinión al respecto a través de sus votos en la sesión de enero de 2023. 

Esta situación generó que el Gobierno pidiera a Contraloría aclarar los criterios de subrogación y, tras un largo proceso, esta determinó la participación de los subsecretarias. Todo el proceso resultó confuso y levantó críticas incluso dentro del oficialismo al manejo de La Moneda de este caso, sobre todo ante un proyecto al que el sector se ha opuesto.