Fiscalía aclara dudas sobre el protocolo internacional para la búsqueda de Julia Chuñil: “Nos permite hacer diligencias más específicas”

El Fiscal Nacional Ángel Valencia, confirmó durante el fin de semana que, a dos meses de la desaparición de Julia Chuñil, el Ministerio Público activará el protocolo internacional de búsqueda para las diligencias que buscan dar con el paradero de la activista desaparecida.

Este anuncio dejó dudas respecto a los alcances de este protocolo, y qué implicancias tiene para la investigación.

Alejandra Seguel, Directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, explica a The Clinic en qué consiste este protocolo, aunque aclara que desde que se tomó conocimiento del caso, el Ministerio Público ha puesto en práctica los protocolos internos para la búsqueda de personas defensoras de derechos humanos, aprobado en 2024.

“Este protocolo -que entró en vigencia el 27 de diciembre- nace de una bajada del Acuerdo Escazú. En este el Estado de Chile se compromete a tomar medidas apropiadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de ataque que sufran las personas que son defensoras del medioambiente, en este caso. A propósito de este protocolo, se hace extensivo a todos los defensores de derechos humanos”, sostiene.

De todas formas, aclara que “cuando se anuncia la desaparición de Julieta Chuñil no estaba todavía vigente el convenio. Pero, sin perjuicio de eso, el Ministerio Público y todas las instituciones del Estado actuaron como si ese protocolo ya estuviera en vigencia”.

Los alcances del protocolo activado para la búsqueda de Julia Chuñil

Alejandra Seguel detalla que “el protocolo busca, en primer lugar, detectar los casos de manera oportuna. Que ahí exista toda una serie de coordinación interinstitucional para poder adoptar las medidas de protección y de investigación oportunas y las más adecuadas. Y eso es lo que ocurrió en este caso”.

En ese sentido “hubo comunicaciones inmediatas con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y la Fiscalía también ha hecho y sigue haciendo todos los esfuerzos en la búsqueda. Ocupando una serie de redes, la mayor cantidad de recursos disponibles, con fiscales que están dedicados de manera muy preferente al caso, etc”, explica.

—Ahora con esta activación que menciona el Fiscal Nacional ¿Habría un cambio en el trabajo que se estaba haciendo?

—Es un término formal de activación porque en realidad lo que implica es un deber reforzado del Estado en su conjunto, incluido el Ministerio Público, de investigar este tipo de casos, por la calidad que tiene la persona que se ve afectada, en este caso defensora del medioambiente. Entonces, lo que mejora a través de este protocolo es en el ámbito de las coordinaciones interinstitucionales y de la detección de que se trata de un caso, en este caso de una defensora del medioambiente. Y tener en consideración esa calidad de ella para adoptar todas las medidas de protección que sean necesarias.

—¿Se puede hablar de las tesis que se han barajado de la Fiscalía respecto a la desaparición de Julia Chuñil?

—Como es una investigación que está reservada y que es una investigación compleja, por tratarse de la desaparición de una persona, no puedo adelantar cuáles son las tesis. Si puedo asegurar que el Ministerio Público está actuando con mucha objetividad en el sentido de no descartar ninguna línea investigativa. Y por lo tanto está siendo una investigación muy acuciosa y sin descartar ninguna posibilidad. Y por cierto, siempre teniendo en consideración la calidad de la señora Julia Chuñil.

“El protocolo permite poder activar medidas de protección más adecuadas”

—¿Qué es lo que debería cambiar ahora si es que se aplica este protocolo?

—Un cambio muy importante es poder primero detectar los casos de atentados en contra de defensores tanto del medio ambiente como de otros derechos fundamentales. En el sentido de poner mucho mayor énfasis en la calidad de estas personas. Puede ocurrir que una persona en su rol de defensor de derechos humanos sufra algún tipo de atentado, pero si se hace una denuncia sin identificarse a esa persona en esa calidad, podría quedar como un delito común cualquiera. Si sufre una amenaza y no se pone el énfasis en que esa persona es una defensor de derechos humanos, va a quedar como una amenaza común y corriente.

A través de la actividad de este protocolo nos permite poner una alerta y además hacer diligencias mucho más específicas para poder determinar que ese atentado ha ocurrido por ese rol que ocupa esta persona. Eso permite entonces poder activar medidas de protección mucho más adecuadas. Y también poder relacionar ese caso con otros casos, por ejemplo, que haya sufrido esa misma persona y así poder también tener un contexto mucho más completo.

—¿Esto implica que haya más instituciones involucradas o más personas durante la investigación, en términos como de la investigación?

—Lo que permite el protocolo es poner en contacto de manera mucho más directa, por ejemplo, a la Subsecretaría de Derechos Humanos con el Ministerio Público. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos ha activado un formulario de denuncia que permite también que ellos tomen conocimiento de este tipo de casos. Y entonces se puede actuar de manera mucho más coordinada también.