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Opinión

26 de Enero de 2025
De Aragua soy y vengo matando, columna de Kike Mujica
De Aragua soy y vengo matando, columna de Kike Mujica
Sandro Baeza / The Clinic

De Aragua soy y vengo matando

Foto autor Kike Mujica Por Kike Mujica

Estados Unidos dice que es un “grupo terrorista”. Hicieron de Chile un enclave delictivo. Nunca una organización criminal de esta “alcurnia” instaló como centro de operaciones nuestro país. Esta semana el Estado chileno les cayó encima. Los acusarán de matar por mandato del gobierno de Maduro al disidente Ronald Ojeda. La historia secreta de los intercambios de información entre Chile y EE.UU para ir tras un enemigo común: el Tren de Aragua (y la historia de un personaje que era conserje de noche y sicario de día).

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“El primer llamado a todos los actores sociales es que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. Todos hemos contribuido a transformar al Tren de Aragua en un mito”.

Manuel Monsalve, subsecretario del interior, agosto del 2022

“Llevo exactamente un año viviendo en el edificio, aquí en Ñuñoa. Recuerdo perfecto el día que llegamos: Julio nos recibió a mí y a mi pololo para ayudarnos con la mudanza. Era un tipo amoroso y caballero, siempre con un “buenos días, señorita”, “buenas noches, mi niña”. Siempre con Dios en su boca. Era muy querido por los vecinos. En la Navidad pasada lo taparon a regalos. Un vecino tenía estacionado su auto porque el motor estaba malo. Julio le pidió que se lo vendiera. El vecino se lo regaló. Eso refleja el cariño que le teníamos”.

Cuenta esta historia NN -así llamaremos a la residente del edificio- quien se enteró el miércoles, como muchos otros vecinos, que “el conserje estrella”, de sonrisa fácil, buenos modales, con nombre de artista –“para molestarlo le decía que me cantara”-, afable y dedicado, era parte de una banda de asesinos de nivel mundial. Era miembro del tren de Aragua.

Por la TV, ese miércoles, relataron que uno de los venezolanos detenidos en el mega operativo de las policías y la Fiscalía se llamaba Julio Iglesias.

Julio, “Julito”, el conserje.

La misión de Julio Iglesias, según información policial, fue enterrar 1,4 metros bajo suelo al ex teniente y refugiado político venezolano Ronald Ojeda en el campamento Santa Marta de Maipú. Acomodó el cuerpo en una maleta y luego instaló bloques de cemento encima. La PDI tuvo que utilizar una retroexcavadora para exhumarlo. 

El grupo de WhatsApp de los vecinos del edificio inmediatamente ardió cuando constataron que Iglesias era el que no querían que fuera. “Es muy heavy porque era muy querido. Le conoce la vida a hartos de este edificio. Llegó hace dos o tres años”, me dice NN.

Paradojas de la vida, Julio Iglesias le cursó, días antes de ser detenido por enterrar un cuerpo, una multa a NN porque, sin quererlo, desde su balcón cayó agua a la entrada del edificio. El reglamento era el reglamento. Draconiano.

“Julito” -cuyo sueldo bordeaba el millón de pesos- logró incorporar al staff del edificio a su señora y a una sobrina.

Su mujer, cuentan, llegó a las 7:15 a trabajar el miércoles pasado. A esa misma hora “Julito” era detenido por policías de la PDI. El operativo se transmitió en vivo por la TV.

Esta historia, un potencial guion de una serie de streaming, revela cuán enquistados están los miembros del crimen organizado en nuestro país. 

¿Terroristas de Aragua en Chile?

El lunes pasado, el recién asumido Donald Trump subió la “clasificación de riesgo” del Tren de Aragua: pasó de ser una “organización criminal transnacional” -como la denominó el gobierno de Biden- a ser, derechamente, un “grupo terrorista”.

Según la BBC, la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras -FTO, por sus siglas en inglés- “la componen 75 grupos, que van desde  Al Qaeda y Estado Islámico, pasando por Hamás, hasta las FARC, el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú”

Todas tienen en común ser “una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de EE.UU.”.

Ese mismo lunes 20, a kilómetros de Washington, el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y encargado de la investigación del asesinato de Ronald Ojeda, remecía: “Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el Gobierno venezolano”. 

El gobierno no lo desdijo, salvo el Partido Comunista, los incondicionales de Maduro, que criticaron a Barros por esparcir “teorías”.


En ese contexto, pura coincidencia o no, el miércoles 22 la fiscalía y las policías chilenas, coordinadamente, decidieron actuar con todo: en operativos simultáneos en distintas comunas de la capital cayeron cerca de 16 miembros del tren de Aragua. 

Muchos de la cúpula. Un golpe.

Conexión con EE.UU

Desde hace un año que el gobierno norteamericano mira con lupa al tren de Aragua. Autoridades chilenas han viajado a Estados Unidos para reunirse con la policía de ese país. Existe un proactivo intercambio de información.

“Recién están entendiendo al tren de Aragua. Ellos tienen muy buena inteligencia sobre carteles de la droga y de las bandas como las maras, pero ahora se encontraron con una organización y un “modelo de negocios” que no conocían”, me dicen desde el gobierno.

De hecho, buscaban personajes con tatuajes, a la usanza de muchas mafias. Pero los de Aragua no necesariamente los utilizan. Eso no les cuajaba.

Según el principal diario estadounidense, el New York Times, que en el último año ha cubierto profusamente la irrupción de la banda, los miembros de la organización llegaron a EE.UU a principios del 2024. Muchos como asilados políticos.

“Las causas penales y las detenciones realizadas en todo el país sugieren que los miembros empezaron a llegar en los últimos años, a medida que aumentaba el número de personas que cruzaban la frontera sur, especialmente venezolanos, durante el gobierno de Biden”, dice el NYT.

“Es una nueva amenaza que no existía en Estados Unidos hasta hace poco, y las autoridades esperan evitar que se consolide. La policía dice que los miembros de la banda se han camuflado rápidamente”, le dijeron fuentes policiales a ese diario. “De hecho, la banda se convirtió en un foco de atención política en Estados Unidos, sobre todo de los republicanos”, agregaron.

Así se entiende la decisión de Trump. Y también la colaboración que ha pedido la policía de ese país a la chilena. El temor de los estadounidenses por el Tren de Aragua no hace más que revelar que estamos frente a una banda ultraviolenta, que está presente en Chile desde hace casi siete años y cuya cúpula ha vivido inmersa en nuestro país.

Como Julito, el conserje.

El aeropuerto de Colchane

Pablo Zeballos es uno de los pocos chilenos que conoce con evidencia empírica la operación del crimen organizado aquí y en Latinoamérica. Es autor del libro “Un virus entre sombras”, una descripción descarnada del fenómeno.

Le preguntó por el arribo del Tren de Aragua a Chile

“La evidencia indica que integrantes importantes del Tren de Aragua se encontraban operando en Perú y Chile el 2017 y 2018. El 2020 se identificó su presencia en el paso fronterizo de Colchane. Individuos, que se identificaban a sí mismos como miembros de este grupo criminal, extorsionaban a migrantes venezolanos que intentaban ingresar ilegalmente al país desde Bolivia y lo hacían cobrando dinero en efectivo o mediante sometimiento de mujeres a prácticas de explotación sexual o tráfico de drogas como marihuana o ketamina líquida para saldar la deudas extorsivas o del servicio de “coyote”, describe.

No se metan con nosotros

Los golpes que ha dado la policía chilena al tren de Aragua tienen que ver con un método que otros países, como Perú y Colombia, no han realizado: investigar los secuestros extorsivos entre venezolanos.

Veamos el modus operandi. 

“Me llamaron como a las diez de la mañana de un domingo diciendo que estaban pidiendo mi cabeza, y que estaban dando 5 millones para que ellos me mataran, me dijeron por mi nombre de pila, lo cual me extrañó y me generó intriga. Sabían perfectamente dónde resido, y me dijeron que habían averiguado toda mi vida. Que no me querían perjudicar, pero para eso tenía que darles una colaboración de 2 millones de pesos. Les dije que no contaba con ese dinero, pero que me darían dos horas de plazo para que les colaborara. Me mandaron una cuenta del banco con el RUT, por lo que son personas que están de manera legal en el país, supuestamente ese dinero era para comprar municiones, así que, si colaboraba, nada malo iba a pasar. Sentí miedo, angustia y terror”. 

Este relato, escrito en CiperChile por Matías Fouillioux -investigador de la línea migraciones Universidad Católica Silva Henríquez- es un testimonio de una mujer venezolana de 22 años que entró ilegalmente a Chile en 2018, luego de atravesar por tierra Colombia, Ecuador y Perú.

Hace un par de años el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, me comentaba que los criminales venezolanos que caían detenidos le enrostraban los policías chilenos esa mala costumbre -inusual e inexplicable para ellos- de inmiscuirse en problemas “entre nosotros”.

O sea, para ellos, los secuestros y las extorsiones eran un problema entre compatriotas inmigrantes, no  tema del Estado chileno.

Eso mismo me repiten hoy en La Moneda.

Por eso, argumentan, fue un acierto no dejar impune ese fuego cruzado entre migrantes.

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