Pensiones: cuáles son los cambios a la reforma que revisará la Cámara de Diputados y que este miércoles se zanjará si se convertirá en ley

El Senado aprobó la noche de este lunes el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Con 40 votos a favor y 7 en contra, el Pleno despachó la iniciativa a la Cámara de Diputados y Diputadas, instancia que citó este miércoles para analizar el texto en su tercer trámite constitucional.

En el detalle, el proyecto de ley que entró al Parlamento en noviembre de 2022 dista mucho del que está viviendo su semana más decisiva. Esto, dado que la falta de viabilidad política llevó a la propuesta a tener una serie de ajustes, los que se oficializaron en dos instancias: diciembre de 2023 en la Cámara de Diputados y en enero de este año, tanto en la comisión de Trabajo del Senado, como en la de Hacienda.

Junto con agradecer la aprobación tras casi un año de trámite en la Cámara Alta, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo que “estamos concentrados en honrar este acuerdo, que es un paso significativo. Como hemos señalado en otras ocasiones, es un avance importante para el país. Y no solo por el tema de pensiones, sino porque quienes estamos en política logramos ponernos de acuerdo en los temas que a la ciudadanía más le interesan”.

“Estamos conscientes de que todos los sectores políticos hemos tenido que construir este puente que se construye entre todos por el bien de nuestro país. Por eso, como el mismo Presidente de la República lo ha señalado, esta es una reforma que le hace bien a Chile. No es la reforma de un gobierno, es la reforma de un país”, agregó Jara.

Los cambios en pensiones que se revisarán en la Cámara

Uno de los cambios relevantes dice relación con la distribución de la cotización adicional, uno de los nudos más críticos de la reforma de pensiones. Tras el acuerdo en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, hace algunas semanas el Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones con una cotización extra subiendo de 6% a 7%.

De este total, un 4,5% irá directamente a cuentas de capitalización individual; mientras que un 1,5% será destinado al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) con el fin de financiar el beneficio de 0,1UF por años cotizados y el “Aporte con Rentabilidad Protegida”, lo que en el marco de la tramitación se ha conocido como “préstamo”.

Todo lo anterior, se suma a un 2,5% -actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) más una compensación para mujeres por mayor sobrevida-, que también será destinado a este fondo. De esta forma, la cotización total de parte del empleador, según esta ley, llegará a 8,5%.

Luego, cuatro puntos porcentuales -el 2,5% y el 1,5%- serán recibidos por el Seguro Social que se crea con la reforma, que entregará beneficios para mejorar pensiones de actuales jubilados y compensar a las mujeres.

La gradualidad establecida para la cotización extra es de nueve años, pero en la medida que la evaluación de la ley de Cumplimiento Tributario dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, se elevará a once años.

Por otro lado, el funcionamiento del FAPP tuvo una serie de cambios en los últimos días. Así, luego del debate de los riesgos fiscales advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la comisión de Hacienda, se determinó una nueva gobernanza del FAPP que estará compuesto por un consejo directivo de cinco integrantes designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado, tal como se efectúa en el caso del Banco Central.

Uno de los cambios más relevantes que se implementarán con el proyecto de pensiones es la licitación del stock de afiliados por precio. Eso sí, será a una razón menor a la del proyecto original del Gobierno: 10% cada dos años en vez de anualmente.

El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años. Los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento. Las AFPs tendrán la posibilidad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá actuar el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberán reportar separadamente las funciones de soporte y administración de cuentas.

Con esto, la consigna del fin a las AFP quedó fuera del proyecto por falta de viabilidad política.

Asimismo, la reforma considera diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones. Entre otras, la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos. También, un sistema de cobranza previsional centralizado, que permitirá una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República.

La reforma también contempla un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000. La implementación será gradual. A los seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más; a los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más; a los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más. Con igual gradualidad y cortes etarios accederán los beneficiarios de leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados).