La bancada de los imputados: las causas judiciales de los siete parlamentarios que están siendo investigados en paralelo por la Fiscalía

No han sido buenos días de febrero para algunos integrantes del Congreso Nacional. Mientras algunos, la gran mayoría, están concentrados en actividades que se pueden abordar con mayor tranquilidad —como el descanso o las negociaciones políticas de cara a las parlamentarias y presidenciales— durante este mes de receso legislativo, otros han estado preocupados de asuntos menos auspiciosos: sus situaciones judiciales.

Durante esta semana, el lunes, la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio) vio cómo la Fiscalía salía airosa de la solicitud de desafuero en su contra. El martes una denuncia de violación en contra del diputado Jorge Durán (RN suspendido) impactó duramente a la oposición. Y el jueves, en tanto, el diputado Mauricio Ojeda (Ind.-ex integrante de la bancada de los republicanos) fue testigo de cómo el Ministerio Público terminaba la investigación en su contra y solicitaba 19 años de cárcel.

Esos asuntos, y otros más, han llevado a que el Congreso Nacional con sus actuales integrantes —155 diputados y 50 senadores— tenga a siete parlamentarios que están siendo investigados en paralelo por la Fiscalía en procesos judiciales. Ello se ha traducido en que este periodo sea en el que más investigaciones se han llevado, al menos en la Cámara, desde el Caso Asignaciones, investigado en 2008 por el exfiscal nacional, por entonces fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott.

Actualmente hay tres diputados que cuentan con la condición de desaforados. Es decir, sin realizar funciones legislativas y concentrados únicamente en su proceso judicial. Y uno que está en prisión preventiva: Mauricio Ojeda.

The Clinic consultó a la Fiscalía Nacional por los parlamentarios que están siendo actualmente investigados por el ente persecutor, en donde hay tres involucrados en causas sexuales y cuatro por actos relativos a corrupción política.

Esta semana precisamente un tema se instaló entre congresistas pese al receso legislativo: la remuneración de los parlamentarios desaforados.

“Es importante que los diputados y diputadas que han sido desaforados no reciban recursos que provienen de impuestos de todos los chilenos para ellos defenderse en su procedimiento judicial. Creo que no corresponde”, dijo el diputado Diego Ibáñez, uno de los impulsores de la medida y que cuenta con respaldo de la diputada Paula Labra (RN) y de la senadora Fabiola Campillai (Ind.), quien impulsa un proyecto similar en su Cámara.

Una alta autoridad del Congreso y testigo de lo que ocurre allí señala sobre este grupo de desaforados —que se han aislado en el último tiempo almorzando en el piso 14, al menos antes de sus desafueros correspondientes y del receso legislativo— que ha existido en ellos cierto tipo de negación de sus situaciones judiciales, ejemplificadas con las apelaciones que han hecho a la Corte Suprema en sus causas.

“No existe noción de la realidad y de la gravedad de sus asuntos”, afirma.

Ojeda, diputado desde la cárcel

Con el estallido del caso Democracia Viva, en junio de 2023, comenzó una bola de nieve que posteriormente escaló hasta el Caso Convenios, que puso el ojo en los millonarios traspasos de recursos públicos desde instituciones del Estado a fundaciones.

El Caso Convenios hoy en día cuenta con variadas aristas. Una de ellas es la de Manicure, que involucra al diputado Ojeda, independiente y exintegrante de la bancada republicana. Al representante de la Región de La Araucanía se le vinculó con las fundaciones Folab y Educc, las que firmaron convenios con el gobierno regional de esa zona por más de $700 millones.

¿Qué se le acusa a Ojeda? De acuerdo a la Fiscalía de La Araucanía, representada por el fiscal Roberto Garrido, el parlamentario financió a las fundaciones para que estas pudieran cumplir con los requisitos necesarios para postular a los convenios. El ente persecutor acusó en su planteamiento que Ojeda transfirió cuantiosas sumas de dinero a Rinett del Pilar Ortiz Rivera, representante de las dos fundaciones, aportando a la solvencia financiera de las ONG.

Cuando la Fiscalía requirió el celular de Ojeda para aportar evidencia a la investigación, el diputado entregó un teléfono completamente destrozado, acusando que su hijo jugó con él.

Su desafuero fue ratificado por la Corte Suprema, tras una apelación de la defensa de Ojeda, el 30 de septiembre de 2024. Los delitos que se le imputan son fraude al fisco reiterado. La condena a la que apunta la Fiscalía es a la de 19 años de cárcel.

De la TV al Congreso: Francisco Pulgar y la acusación de violación en su contra

Hace años atrás, antes de que el diputado Francisco Pulgar llegase al Congreso, era frecuente verlo en programas de televisión. Matinales era el fuerte de Pulgar, quien era citado como perito criminalístico en distintos canales para referirse a los casos de alto impacto.

Sin embargo, en su arribo al Congreso, el enfermero militar de profesión, vio cómo la imagen que se creó sobre él comenzaba a torcerse, luego de una denuncia por violación. A inicios de septiembre de 2024 la Fiscalía de Talca solicitó el desafuero contra Pulgar en la Corte de Apelaciones de Talca.

En sí, lo que posteriormente recogió la Corte de Apelaciones fue la imputación de Pulgar como autor del delito consumado y reiterado de violación de mayor de 14 años de edad, los que habrían ocurrido en 2014. La denuncia venía desde 2021.

La abogada de la víctima, Silvana del Valle, mencionó a The Clinic, a finales de noviembre, su reproche por la facilidad de defenderse desde el Congreso que había tenido Pulgar al referirse al caso. En sí, Del Valle dijo que el diputado utilizaba “su posición y su fuero para atacar los derechos fundamentales de la denunciante”. Ello, dijo, debía haber generado ruido en el propio Congreso, pero la abogada aseguró que no fue así.

Pulgar, en uno de los puntos de prensa que reclama la abogada, dijo que la acusación se trataba de una operación política en su contra.

Fue desaforado el 9 de diciembre por decisión unánime de la Corte Suprema y tiene prohibición para referirse a su caso en el Congreso.

Catalina Pérez: un vaivén llamado Democracia Viva

Desde que estalló el Caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez ha recibido fuertes cuestionamientos. Los ojos se posaron sobre ella el 16 de junio de 2023, cuando el medio Timeline publicó el nexo que había entre ella y la fundación que le dio el nombre al caso, además del entonces seremi de Vivienda de Antofagasta.

Daniel Andrade, pareja de Pérez por ese entonces, era el representante legal de Democracia Viva. Carlos Contreras, el seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese momento, había sido jefe de gabinete de Pérez en el pasado. Ambos militaban en Revolución Democrática, antes de ser expulsados estallado el caso.

Pese a que la información estaba en el aire desde hace más de un año —y que Andrade y Contreras ya contaban con medidas cautelares desde diciembre de 2023—, no fue hasta el último mes de 2024 que la Fiscalía inició su ofensiva y comunicó su decisión de pedir el desafuero de la diputada Pérez para investigar “presuntos delitos de fraude al fisco reiterado”.

En esa primera valla el Ministerio Público logró su objetivo y consiguió que el fuero parlamentario de Pérez fuese removido para iniciar una investigación y una acusación de fondo más contundente contra la expresidenta de Revolución Democrática.

En todo caso, a pesar de la victoria de la Fiscalía, la defensa de Pérez, representada por Gonzalo Medina, ya notificó su decisión de apelar el veredicto y escalar el asunto hasta la Corte Suprema.

Partidariamente, Pérez estuvo suspendida un año del partido que dirigió. Además, pasó desapercibida en algunas actividades de la entonces coalición del Frente Amplio. Fue así hasta que el Presidente Gabriel Boric la incluyó en dos giras: al cambio de mando en Paraguay en julio de 2024, y a una gira por la región de Antofagasta, zona que representa, en octubre del mismo año. Al poco tiempo, renunció al FA.

Joaquín Lavín León y su eventual vínculo en el caso Barriga

La escena del allanamiento de una oficina en el Congreso Nacional fue capturada por varios canales de televisión y los equipos de prensa que usualmente trabajan en el día a día en Valparaíso. La imagen era inédita, puesto que tampoco se había anunciado con anticipación lo que estaba por ocurrir.

Era el 29 de octubre de 2024, un día después de los comicios municipales y territoriales, cuando la Policía de Investigaciones ingresó al Congreso. Su destino era la oficina del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, investigada por un presunto fraude cuando fue la jefa comunal de Maipú, y que, de acuerdo a la Contraloría General de la República, habría defraudado un monto superior a los 30 mil millones de pesos. El domicilio de Lavín León y su oficina distrital en la Región Metropolitana también fueron requisadas ese día.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, dijo en noviembre que el desafuero del diputado Lavín era muy probable que fuese solicitado. En todo caso, el Ministerio Público no ha revelado mucho sobre la causa ni los motivos que le brindaron al juez que dio la orden de requisar. Sin embargo, ha permeado que se trataría de una arista del caso de Barriga, que se asociaría con la emisión de facturas ideológicamente falsas por un monto que alcanzó los $17 millones.

El caso de Jorge Durán: un escándalo sexual en la oposición

“Durante una celebración en mi hogar, mi expareja participó voluntariamente en la reunión junto a otros invitados. Esa noche, ambos compartimos un momento íntimo de manera consensuada”. Esa era la explicación que daba el diputado Jorge Durán en un comunicado en redes sociales que compartió la mañana del martes pasado para referirse a la denuncia por abuso sexual y violación que se realizó en su contra.

Hasta entonces, lo que se sabía era que hasta la casa del diputado llegó la PDI para recabar antecedentes de lo denunciado por su expareja, quien había sido su colaboradora en el contexto de labores parlamentarias.

La denunciante, según contó el propio Durán, vivía en una “dependencia” al interior de la propiedad del diputado, la que se la prestó por “motivos humanitarios”, dado que la afectada se encontraba sin empleo. No obstante, Durán apeló a que hubo una extorsión por parte de ella y que eso motivó a que realizara la denuncia.

“Es súper injusto que él sí de su versión cuando está inventando cosas que no son. Los políticos siempre terminan, al final, arreglándose entre ellos (…). Yo a él le mencioné que si no se comprometía a no volver a agredirme ahí en la cabaña en la que me estaba quedando, iba a llamar a Carabineros. Y él se adelantó y los llamó él primero. Él fue el que llamó a Carabineros, cambiando la versión y tratando de dejarme a mí como mentirosa“, dijo la víctima al hablar con los medios ese mismo martes.

En todo caso, la investigación, tras el llamado de la denunciante, la tomó el Ministerio Público y, asimismo, trabaja en la indagatoria, la cual es reciente y de la cual no se dilucida —aún— el destino final de la misma. Eso sí, algunas determinaciones partidarias se tomaron respecto con Durán: actualmente está suspendido de Renovación Nacional (RN), su partido.

Por otro lado, Durán contaba con una denuncia similar, pero que ocurrió en 2019 y de la cual salió airoso luego de que la Corte Suprema recogiera un recurso de protección que interpuso.

La frustrada compra de una casa-museo y el imprevisto impacto a Isabel Allende

En los últimos días de 2024, el Gobierno comunicaba mediante el Ministerio de Bienes Nacionales una noticia que generó buena recepción en un inicio: la compra de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin para que se convirtieran en museos.

Sin embargo, tras el cambio de año, la noticia, que era vista como una buena oportunidad para la preservación de la historia, rápidamente cambió su foco. Primero por el monto que se iba a gastar —estaban contemplados casi mil millones de pesos en la casa de Allende—, y luego por quiénes resultarían beneficiadas por el contrato de compraventa: la ministra de Defensa, Maya Fernández y la senadora socialista Isabel Allende.

Ello generó una ofensiva de la oposición que tenía una justificación técnica, según apelaron. El argumento central fue repetido como mantra, y consistía en que, de acuerdo a la Constitución Política, ni senadores ni ministros de Estado están posibilitados de celebrar contratos con el Estado.

Con eso, los nombres de la senadora y de la ministra comenzaron a peligrar en sus cargos respectivos en el Ejecutivo y en el Congreso con las alegaciones que se presentaron en el Tribunal Constitucional (TC) para la destitución efectiva de cada una. Chile Vamos y el Partido Republicano presentaron sus escritos por separado. Esta semana, el TC desestimó la ofensiva contra la ministra. No obstante, fuera de la vereda política, la vereda judicial también tomó un camino.

Mediante una querella por fraude al Fisco ingresada por el abogado republicano Raimundo Palamara, el Ministerio Público citó a declarar como imputadas, tanto a la senadora como a la ministra, para dilucidar responsabilidades en la fallida compra de la casa de Guardia Vieja. Ambas optaron a su derecho a guardar silencio.

Es la Fiscalía de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, la que lleva a cabo la investigación, luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidiera trasladarla desde la Fiscalía Centro Norte.

La denuncia y autodenuncia de Marcela Riquelme

El 30 de octubre, en días en que la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve copaba la agenda, una situación de carácter similar se vivió al interior del Frente Amplio.

Se trataba, esta vez, de la diputada Marcela Riquelme, representante de la Región de O’Higgins. El orden de los eventos tuvo su origen en una denuncia interna al tribunal supremo del partido, la que posteriormente terminó filtrándose, lo que generó la posterior molestia de la parlamentaria, quien decidió renunciar a su militancia días después, acusando que no tuvo apoyo de la dirección regional del Frente Amplio.

“El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa”, dijo en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, esa decisión no fue la única: también realizó una autodenuncia a la Fiscalía de Viña del Mar, mismo lugar en el cual se encuentra alojada la denuncia de la víctima en contra de la parlamentaria por abuso sexual.

En todo caso, Riquelme sigue participando activamente en el Congreso: luego de la aprobación de la reforma de pensiones subió una foto celebrando junto al oficialismo y ministros.