La Copa América de Sergio Jadue no pagó un peso en impuestos: Tesorería pierde la batalla y devuelve $4.200 millones embargados a la ANFP
Diez años después del primer título en la historia de la selección chilena concluyó una trama legal que llegó hasta la Suprema pero que, al cabo, dejó como pocas veces al Fisco con las manos vacías y a la ANFP de Milad con un jugoso regalo caído del cielo. La pérdida para el Estado puede ser aún peor: la Corte no solo ordenó devolver la cuantiosa suma retenida desde 2019, sino que reembolsar con reajustes e intereses que elevan el guarismo hasta los cerca de $6.500 millones. Acá la historia de un embrollo que nació con la defectuosa redacción y nula fiscalización de un documento clave.
Por Antonio Valencia 2 de Marzo de 2025
Compartir
Martes 4 de febrero de 2025. Casi diez años después del inolvidable penal con que Alexis Sánchez firmó el triunfo de Chile sobre Argentina en la final de la Copa América 2015, la Tesorería General de República (TGR), sede Peñalolén, inclinó la cabeza y envió el documento en que asume su millonaria derrota en su intento por cobrar los impuestos que nunca pagó el certamen continental de fútbol que organizó Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, hoy investigado en múltiples causas de corrupción.
Se lee textual en el documento al que tuvo acceso The Clinic:
“Que como resultado de lo dictaminado por los tribunales superiores de justicia, se ven afectadas las medidas de apremio verificadas con fecha 5 de abril de 2019, esto es los embargos ejecutados respecto de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que recayeron sobre las cuentas corrientes de las que es titular (…) Se resuelve: Ha lugar de la devolución de la suma de $4.184.437.778 en la forma solicitada. Y devuélvase la suma de $81.297.315 tomado en depósito a la vista”.
La Tesorería perdió hasta en la Suprema y no le quedó otro camino que devolver el dinero con que quiso, y no pudo, recuperar los tributos por el lucrativo negocio que significó el torneo de balompié. Hace una semana depositó la millonaria suma en la cuenta corriente de la ANFP, en un primer final para una trama nacida bajo la administración de Sergio Jadue.
El segundo final de la trama legal está aún en trámite: la defensa de la Asociación, encabezada por el abogado Simón Zañartu, solicitó el 20 de enero pasado que la devolución no solo incluya el dinero retenido desde 2019, sino que, según lo establece la Ley, lo haga aplicando reajustes por IPC e intereses por un dinero que estuvo cinco años embargado.
Según estimaciones preliminares, la cifra en beneficio de la ANFP podría subir desde los $4.200 millones ya transferidos hasta los $6.500 millones. Ni más ni menos. Un salvavidas inesperado para la administración de Pablo Milad cuyo déficit de caja se estimó el año pasado en torno a los $5 mil millones de pesos.
El origen del lío judicial
La batalla judicial por los impuestos de la Copa América comenzó en abril de 2019, momento en que TGR decretó en simultáneo el embargo de las seis cuentas corrientes de la Asociación con el objetivo de recaudar $4.200 millones de los más de $6 mil millones que el organismo fiscal estimó como deuda total, incluyendo reajustes de todo tipo por los tributos impagos derivados de los más de $12 mil millones de utilidades que dejó el certamen, principalmente por venta de entradas.
La ruta del dinero la trazó con claridad la auditoría “forense” encargada por la administración de la ANFP encabezada por Arturo Salah, directivo que sucedió la gestión de Sergio Jadue, fugado de Chile en noviembre de 2015, confeso y procesado en EE.UU. por delitos de corrupción.
La administración Salah se propuso sanear dicha deuda con Impuestos Internos y la TGR, por una razón simple: las ganancias de la Copa América pasaron a las cuentas corrientes de la ANFP de Jadue, dirigente que repartió cuantiosas sumas entre los clubes del fútbol chileno bajo la modalidad de préstamos: La Calera, Deportes Concepción, Deportes La Serena, entre otras instituciones adictas a la administración del calerano, fueron de las más beneficiadas.
Con el mapa claro, ocurrió que, pese a ofrecer públicamente pagar los impuestos netos en torno a $2.500 millones, la Asociación post Jadue se encontró un problema: técnicamente el deudor no era la ANFP, “Sino la Corporación para la Organización de la Copa América 2015”, que no era otra cosa que el Comité Organizador Local, o bien, COL 2015”, un organismo creado justamente para organizar el torneo.
El COL 2015 no solo tenía personalidad jurídica, estatutos, RUT, estructura y cuentas corrientes, sino que su directorio era presidido por el mismísimo Sergio Jadue, que a su vez ejercía como titular de la Asociación y de la Federación de Fútbol.
El desorden contable y administrativo de la gestión del calerano derivó en que los dineros del COL 2015 pasaron sin filtro ni pudor desde el COL 2015 hasta la ANFP.
Y la razón que impidió a la Tesorería cobrar los impuestos al COL 2015 está en los estatutos del COL 2015 que, en primer lugar, decretaban su disolución para enero de 2016, esto es, seis meses después de la final de la Copa América por cuanto el objetivo de su existencia, organizar el torneo, evidentemente ya se había ejecutado.
Hasta ahí, todo bien. Pero dos hechos anómalos marcan la gestación de dichos estatutos elaborados en 2013.
Primero. Fueron revisados y legalizados por dos notarías: la que usualmente usaba la ANFP para realizar buena parte de sus trámites -la notaría Facuse, en Macul-, y también la notaría Gervasio de Viña del Mar, cuya dueña era la madre de Luis Varas, a la fecha abogadoe de la Asociación (posteriormente fue secretario ejecutivo) y excompañero de Jadue en la extinta Universidad del Mar.
Segundo. La Ley establece que toda corporación debe dejar en sus estatutos identificado un beneficiario, una especie de heredero o continuador legal del organismo madre, pero el documento de marras señala que dicho organismo es la “Asociación Nacional de Fútbol de Chile”, un ente que, como le falta una palabra, no tiene personalidad jurídica y que, simplemente, no existe.
El increíble error de tipeo -debía decir Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile- no fue advertido ni en la notaría Gervasio, donde Jadue incluso trabajó mientras estudiaba, ni en el departamento jurídico de la municipalidad de Peñalolén, ente que según precisó el Ministerio de Justicia, era el llamado a revisar y fiscalizar los estatutos, y que en su defensa esgrimió que al momento de aprobar estatutos “prima la buena fe entre el solicitante y el Estado”.
El monumental error en los estatutos y la nula fiscalización tiene dos versiones para explicarlo: una, que el redactor era tan malo que cometió la torpe falla de redacción, y la otra que, derechamente, fueron escritos así a propósito con el fin de consagrar un esquema cuyo objetivo no era otro que pasar un gol: evadir, eludir, no pagar impuestos.
Para resolver el embrollo legal y sanear la deuda reconocida públicamente por la ANFP de Salah, fue contratado el abogado Simón Zañartu, quien recibió sucesivos “portazos” del SII y luego de la Tesorería cuando la ANFP quiso negociar una salida. “Nos dijeron ‘no, la ANFP usted no es el deudor, sino el COL 2015’”, comentaban en Quilín en 2019.
Conocedores de primera fuente recuerdan que justo en momentos en que la Asociación avanzaba con Tesorería una fórmula de pago, intempestivamente su interlocutor decretó el embargo que alcanzó a recaudar $4.200 millones desde las cuentas de la ANFP bajo la figura de “agente retenedor” de los dineros del COL 2015.
“La tesis de que la notificación era nula se alegó desde el primer momento, pero la Tesorería nunca la consideró, embargó dineros por casi US$5 millones sin permitirle a la ANFP defenderse porque la consideraba un tercero que no podía comparecer en el proceso, para luego declararla como codeudora solidaria, rechazando todos sus recursos judiciales”, comentan.
El resultado del entuerto duró cinco años de gestiones judiciales: doce recursos en tribunales y seis alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago cuyo último episodio, fechado el 25 de septiembre de 2024, revocó una resolución de diciembre de 2023 y declaró “nulo todo lo obrado” por la Tesorería, es decir, que el millonario embargo con que intentó cobrar era ilegal.
En simple, la Corte, en un fallo de 19 páginas redactados por la ministra Romy Rutherford, señaló que no se puede cobrar impuestos a una organización que ya no existe. “El vicio que se ha constatado importa un yerro que se ha verificado ad initio, impidiendo que se trabe la relación procesal con la ejecutada, por no haberse realizado el emplazamiento legal, desde que se pretendió notificar y requerir de pago a la “Asociación para la Organización de la Copa América del año dos mil quince” cuando ya estaba disuelta y, por tanto, inexistente, y por tratarse de una inobservancia que no puede subsanarse, y acarrea como una sanción posible la nulidad, así se declarará”, se lee en el documento.
O sea, la deuda era incobrable y la ANFP pasó de estar en el listado de grandes deudores a recibir un fenomenal salvavidas para sus atribuladas arcas.
La ANFP no cantó victoria en septiembre, pues la TGR podía recurrir de casación ante la Corte Suprema. Y lo hizo, pero perdió. El 30 de diciembre “se dictó cúmplase de lo dictaminado por parte de la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tras recibidos los antecedentes de la Excma. Corte Suprema”.
Con dicha resolución, el abogado Zañartu solicitó a la TGR -vía oficio fechado el 20 de enero de 2024- la devolución de los más de $4.200 millones embargados el 5 de abril de 2019, con reajustes e intereses.
Depositados ya los $4.200 millones en la cuenta corriente de la ANFP, hoy solo resta que la división jurídica de la TGR valide y luego calcule dichos reajustes e intereses. “Por no negociar una fórmula de pago en 2019 por $2.500 millones y ejecutar repentinamente un embargo, hoy el fisco no tiene esos $2.500 millones y, en contrapartida, ya devolvió $4.200 millones y puede terminar pagando hasta $6.500 millones”, añaden.
¿Qué debió hacer el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería para cobrar? Iniciar juicios de cobro mientras el COL 2015 tenía vida (hasta enero de 2016), no cuando legalmente ya estaba muerto.
El fallo, que a ojos de algunos abogados resulta “histórico” e “inédito”, adquiere mayor relevancia, no solo porque se trata de uno de los pocos casos en que el Fisco no logra cobrar ni siquiera una parte de los tributos, sino que deja la puerta abierta a que toda fundación, corporación, u organismo cuyos estatutos decreten su autoextinción en un plazo acotado sin dejar un continuador legal para todos los efectos, no paguen impuestos.
Consultadas la ANFP, que confirmó la recepción del millonario reembolso del embargo, y la Tesorería General de la República, ambas instituciones declinaron referirse públicamente al tema.
El caso está judicialmente cerrado por la Suprema y la deuda original, gestada hace diez años, está prescrita. El resultado es simple y lacerante para las arcas fiscales: el primer título de la historia del fútbol chileno no pagó impuestos.
