Hacienda retiró en 2024 otros US$43 millones desde Corfo y la ministra Javiera Toro advirtió daño patrimonial

Cuando hace una semana The Clinic hizo público el traspaso de $3,4 billones desde las arcas de Corfo al erario fiscal durante 2023, los ministros Mario Marcel y Nicolás Grau enfatizaron en que esos retiros no habían implicado un perjuicio patrimonial para la corporación. 

Dijeron también que la operación se justificó debido a los recursos extraordinarios que se recaudaron por los contratos de explotación del litio, y que todo se hizo acorde a las normas que permiten que Hacienda retire fondos desde las empresas y corporaciones públicas. Lo que está en el origen de esa decisión es el complejo escenario de estrechez fiscal que enfrenta el país. El año pasado el déficit alcanzó un 2,9% del Producto Interno Bruto, y la deuda escaló hasta el 42% de ese mismo índice.

Ese escenario de estrechez es también el que llevó a que el gobierno requiriera un nuevo traspaso de recursos desde la Corfo durante 2024. The Clinic tuvo acceso al acta del consejo de la corporación realizada el 25 de julio del año pasado, donde se detalla el paso a paso para la entrega de US$43 millones solicitados por el Ministerio de Economía. Para cumplir con el requerimiento, Corfo debió nuevamente salir a vender activos financieros.

Los US$43 millones que se pidieron con urgencia, según indica el acta, fueron para financiar el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ideado para garantizar créditos que dinamicen el sector de la construcción, y para paliar el déficit de la empresa Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Spa (Sasipa), la que es propiedad de Corfo y presta servicios básicos a Rapa Nui. 

En la discusión sobre ese nuevo traspaso de recursos desde Corfo a las arcas fiscales, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se mostró preocupada y recordó el desembolso de recursos del año anterior, lo que a su juicio sí dañó el patrimonio de la corporación:

“Doña Javiera Toro manifiesta la preocupación en torno a no seguir afectando el patrimonio de la Corfo, considerando que el año pasado se aprobó una venta de activos muy significativa”, indica el acta revisada por The Clinic.

Esa “venta de activos muy significativa” durante 2023 fue la que le permitió a Corfo cumplir con el requerimiento de Hacienda de transferir US$1.500 millones a fines de ese año. Fue la misma operación que según los ministros Grau y Marcel no generó pérdida patrimonial para Corfo. En total, durante 2023, el Ejecutivo le pidió a Corfo la transferencia de $3,4 billones.

Consultada por The Clinic, la ministra Javiera Toro indicó que su preocupación es resguardar los recursos para financiar programas sociales:

“Lo que a nosotros nos convoca es salvaguardar el buen uso de los recursos públicos, y el patrimonio de Corfo es parte del patrimonio del Estado. Como Ministerio de Desarrollo Social, tenemos particular interés en que las arcas fiscales estén sanas para así poder financiar programas sociales”, aseguró (vea aquí sus respuestas completas).

Al cierre de este reportaje, Corfo no habían respondido a las preguntas formuladas por The Clinic.

Que los traspasos de Corfo “no se vuelvan la regla general en el futuro”

El acta del 25 de julio de 2024 no estaba incorporada en la primera respuesta de Corfo a la solicitud vía Ley de Transparencia que realizó The Clinic para acceder a las actas de la corporación. El documento recién se entregó el viernes pasado, luego de una nueva solicitud.

Según se lee en ese documento, los nuevos recursos que se requirieron desde el Gobierno eran urgentes, al menos la fracción que fue para financiar a Sasipa, la empresa estatal que presta servicios esenciales para Rapa Nui, como la generación y distribución de electricidad, el reparto de agua potable y la descarga de los barcos que llevan provisiones desde el continente. Según dijo el gerente de administración y finanzas de Corfo, Carlos Álvarez, a fines de ese julio de 2024 se iban a agotar los recursos de la empresa.

El acta del consejo de Corfo da cuenta de la preocupación transversal por la extracción de recursos desde la corporación para financiar la empresa, la que desde 2020 depende directamente del Tesoro Público. El ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que ese tipo de traspasos no deberían volver a ocurrir, mientras que la actual vocera de La Moneda —y ministra de Ciencia—, Aisén Etcheverry, aseguró: “La idea es que esta excepcionalidad no se vuelva la regla general en el futuro”.

El ministro Grau, según el acta, dejó en claro que los traspasos de recursos desde Corfo no eran el mejor escenario. Sobre el financiamiento que estaba solicitando para el Fogaes, indicó que “siempre sería ideal obtener los recursos desde otras fuentes”.

Luego de que la semana pasada The Clinic revelara los millonarios traspasos desde Corfo al gobierno durante 2023, la Contraloría abrió una investigación de oficio para indagar los detalles de esa operación (vea reportaje “Los desconocidos traspasos de Corfo al Gobierno por $3,4 billones que implicaron venta de patrimonio fiscal”). Según revela la nueva acta de Corfo que The Clinic tuvo a la vista, la ministra Etcheverry requirió en julio de 2024 conocer en detalle los traspasos realizados desde Corfo al gobierno,y cómo estos podrían afectar el futuro de la corporación.

“Sugiriendo se informe en algún momento qué nivel de recursos se han traspasado en todo el período y el impacto que ello tiene en el quehacer de Corfo hacia adelante”, mencionó Etcheverry, según el acta revisada.

Para la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la UC, Andrea Repetto —doctora en Economía del MIT— lo anómalo no es que el Ministerio de Hacienda busque recursos. A su juicio es otro el problema de fondo:

“Lo que hace Hacienda, en todos los gobiernos, es buscar recursos que pueden tener distintos usos desde sus distintas fuentes, incluidas las empresas y servicios públicos. Eso lo hacen todos los años y es normal que lo hagan. Los recursos que genera Corfo son del fisco; es como un propietario que realiza retiros. El problema de fondo es que tenemos una billetera fiscal estrecha, y ese es un problema que se arrastra desde hace muchos años, no partió con este gobierno”, indicó Repetto. 

La economista que ha formado parte de distintos consejos asesores presidenciales en la elaboración de políticas públicas, también advierte que la situación de estrechez fiscal podría agravarse:

“Se siguen creando políticas públicas que no tienen asegurado su financiamiento, y eso redunda en más endeudamiento, porque son gastos a los que el gobierno está obligado. Un buen ejemplo es la PGU, la que se aprobó sin tener a firme los ingresos que la financiarían. Y es lo que puede pasar con la reforma previsional, que se dice que se va a financiar en parte con la ley de cumplimiento tributario de la que se espera una recaudación del 1,5% del PIB, pero no es una certeza, podría recaudar mucho menos, y quién sabe, también más”.

Nuevo retiro desde Corfo

En la sesión del 25 de julio de 2024, el consejo de la corporación tuvo que evaluar dos nuevas solicitudes de dinero desde el gobierno. Esta vez la petición provino desde el Ministerio de Economía. De acuerdo a un oficio fechado el 28 de junio de 2024, la cartera del ministro Nicolás Grau solicitó “realizar las gestiones necesarias dentro de la Corporación y su Consejo Directivo para efectuar una transferencia de MMUS$43 (US$43 millones) al Tesoro Público, cuya contribución permitirá aumentar el aporte al Fondo de Garantías Especiales, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.673 que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento”. 

El acta da cuenta de que la petición llegó informalmente desde Economía, pero como la norma establece que ese tipo de solicitudes deben realizarse a través del Ministerio de Hacienda, tuvo que recanalizarse por esa vía. La petición se formalizó en otro oficio, desde Hacienda, donde solicitaron a Corfo buscar una forma para “dar cumplimiento al requerimiento con un menor efecto, tanto patrimonial como financiero, para la Corporación”.

El Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) se creó en 2023 para permitir el acceso a créditos y otras formas de financiamiento a personas o empresas que no cuentan con las garantías necesarias para conseguirlo, ya sea para comprar una vivienda o desarrollar actividades de construcción. Dicho fondo comenzó con un capital de US$50 millones que en 2024 se aumentó a US$208 millones a través de aportes fiscales.

En la instancia, el ministro de Economía, Nicolás Grau, justificó esta solicitud de recursos a Corfo argumentando que “el sector de la construcción está muy afectado, y se requiere generar instrumentos de garantía para dicho sector, y si bien comparte el ejercicio financiero presentado por Corfo, allí no se ha explicitado qué significa para el país retrasar más la recuperación del sector de la construcción, empezando por la pérdida de empleos, por lo que existe una muy buena justificación económica para tomar la decisión, aunque siempre sería ideal obtener los recursos desde otras fuentes”.

Pero los US$43 millones solicitados esta vez a Corfo no buscaban financiar solamente ese fondo. En la sesión del consejo de la corporación celebrada el 25 de julio de 2024 se explicó que una parte de esa cifra se ocuparía para financiar a la empresa Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA (Sasipa), una firma dependiente de Corfo que es clave para la vida de los habitantes de Isla de Pascua.

Sasipa es la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable, de generación y distribución eléctrica, además de la carga y descarga de naves en la isla, “siendo el único proveedor para los más de 8.000 habitantes (a lo que se agregan 6.500 visitas en temporada alta)”, según el acta de la sesión. 

El gerente de Administración y Finanzas de Corfo, Carlos Álvarez, explicó en ese momento que Sasipa proyectaba para 2024 un déficit operacional de $3.183 millones, debido “a un aumento de costos por arrendamiento de motores para generación de energía eléctrica, y a otros gastos como pago de intereses de la línea de crédito y contratación de turnos de emergencias”, reza el acta. Por esta razón, Corfo estimaba que los recursos de la empresa se agotarían en cosa de días, y el incumplimiento del pago a los proveedores podría generar la suspensión de los suministros básicos en la isla.

El financiamiento de ese año para Sasipa, por $2.229 millones, estaba considerado en la Ley de Presupuesto 2024, específicamente en el programa “Empresas y Sociedades del Estado”, incluido en la partida del Tesoro Público. Por esta razón, en el consejo se propuso que Dipres tramitara un decreto de modificación presupuestaria que incrementara los recursos disponibles en esa partida, y que luego eso fuera financiado con el traspaso de recursos desde Corfo al fisco. Para eso, la corporación debía vender parte de sus activos en el mercado financiero. 

En la sesión, la gerente general de Corfo Marcela Guerra explicó que el financiamiento de Sasipa estuvo en manos de la corporación hasta 2020, año en que el Estado asume directamente esa tarea con dineros del Tesoro Público. La gerente contó que se había reunido con la Dipres para evaluar el déficit que arrastraba Sasipa y que “en el entendido de que sería una situación extraordinaria” se abrió la posibilidad de que Corfo ayudara a enfrentar la falta de recursos. Sin embargo, acota Guerra según el acta, se “requería también abrir una conversación con el Ministerio de Hacienda para generar nuevas fuentes de financiamiento para la empresa, ya que mantener un financiamiento permanente desde el patrimonio de Corfo no resulta posible”.

En esa misma dirección apuntó la intervención del vicepresidente ejecutivo José Miguel Benavente, quien según el acta “expresa la misma preocupación, compartiendo que si son elementos sociales los que están en juego, ello debiera financiarse con recursos del Tesoro Público”.

Entre los ministros de Estado presentes hubo varios que se sumaron a esa inquietud. El ministro Nicolás Grau y la, en ese entonces, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, advirtieron que el financiamiento para empresas como Sasipa no debía provenir de Corfo, por lo que había que tomar los resguardos necesarios para que este tipo de traspasos no volviera a ocurrir. 

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, fue la más dura según el acta, donde se detalla que manifestó “la preocupación en torno a no seguir afectando el patrimonio de la Corfo, considerando que el año pasado se aprobó una venta de activos muy significativa, debiendo trabajarse en las estimaciones y proyecciones para que no ocurran situaciones como las expuestas, velando por la sostenibilidad de la Corporación”.

En resumen, según el acta, Corfo tendría que vender $42.778 millones de su patrimonio invertido en el mercado financiero para solventar ambas solicitudes: $40.445 millones para el Fondo de Garantías Especiales y $2.333 millones para Sasipa.

Antes de votar, la ministra Etcheverry hizo una última intervención poniendo el foco en el total de traspasos solicitados por el gobierno, “sugiriendo se informe en algún momento qué nivel de recursos se han traspasado en todo el período y el impacto que ello tiene en el quehacer de Corfo hacia adelante”, según se recoge en el acta (ver aquí). Tras ese comentario, se aprobó de manera unánime la venta de activos para financiar las dos solicitudes.

¿Hubo o no pérdida patrimonial?

Cuando en noviembre de 2023 el consejo de Corfo resolvió una solicitud especial desde Hacienda para transferir US$1.500 millones, el vicepresidente ejecutivo de la corporación, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar el traspaso: “Esta solicitud implica, por tanto, una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo de la Corporación”, argumentó, según el acta respectiva.

Luego de publicado el reportaje que reveló ese debate (ver aquí) el ministro de Economía, Nicolás Grau, respondió que no existió perjuicio patrimonial para Corfo: “Otras personas han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo, eso tampoco es estrictamente cierto”, aseguró en una conferencia de prensa. 

Su argumento fue que en 2021 las inversiones de Corfo ascendían a US$172,5 millones, y que en 2024 esa cifra ascendía a US$1.594 millones. En base a esa misma información es que respondió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien también descartó perjuicio patrimonial para Corfo: “En realidad se ha multiplicado por 10”, indicó ante la prensa luego de interrumpir sus vacaciones la semana pasada. 

Hay un dato que tanto Grau como Marcel omitieron, y que está en las actas de la corporación, a las que The Clinic tuvo acceso a través de la Ley de Transparencia.

En el acta del consejo de Corfo del 29 de noviembre de 2023 el gerente de administración y finanzas, Carlos Álvarez, indica que a esa fecha el fondo patrimonial ascendía a US$2.757 millones. Una cifra superior en US$1.163 millones a las inversiones registradas un año después, según las cifras difundidas por el ministro de Economía.

Consultados por The Clinic, la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, evitó responder si es que existieron perjuicios patrimoniales para Corfo producto de la venta de activos financieros que se realizó para cumplir con los requerimientos del Ejecutivo:

“La liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, lo que permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones y cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución. Al cierre del ejercicio 2024, el patrimonio de Corfo destinado a inversiones en el mercado financiero supera los US$ 1.500 millones y se mantiene en niveles muy superiores a los que se registraban al asumir este gobierno (US$160 millones)”, aseguraron en una respuesta por escrito enviada para este reportaje (vea aquí la respuesta completa).

Retiros desde Corfo: medida excepcional

El retiro efectuado por $3,4 billones desde Corfo al Tesoro Público solicitado por el Gobierno de Gabriel Boric en 2023 —revelado por The Clinic— no es el primero que el Ejecutivo solicita en los últimos años a la corporación. 

En 2020 debido a la inesperada pandemia por Covid-19, el gobierno encabezado en ese entonces por Sebastián Piñera le solicitó excepcionalmente a Corfo el traspaso de aproximadamente US$1.000 millones para gastos asociados a la emergencia sanitaria. Ese pago se habría realizado en dos cuotas, un 50% en 2020 y la otra mitad en 2021.

Según el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el dinero solicitado a Corfo estaba en cuentas corrientes e inversiones a corto plazo y provenía de la venta de la participación de la corporación en Aguas Andinas y no se utilizó para la compra de vacunas, acción que recién comenzó en 2021.

Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo entre mayo de 2018 y junio de 2019, le dijo a The Clinic que mientras estuvo en el cargo, el gobierno de Piñera no le solicitó a la corporación traspasos de dinero al Fisco. 

Según fuentes vinculadas a Corfo, el traspaso de 2020 fue el único que solicitó el Gobierno de Piñera a la corporación durante todo su segundo mandato en La Moneda.

Respecto a los traspasos que Corfo le hace al gobierno liquidando su patrimonio, Hernán Cheyre, exvicepresidente ejecutivo de la corporación entre 2010 y 2014, sostuvo que cuando estuvo en el cargo “nunca (se utilizaron) para financiar gastos generales. En mi tiempo, cuando se vendieron las sanitarias, una parte se destinó a capitalizar Metro, otra se transfirió a Hacienda para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y la otra quedó en Corfo. En las actuales circunstancias lo prudente y aconsejable sería fortalecer el FEES, en mi opinión”. 

Su sucesor en el cargo, Eduardo Bitran, comentó que desde al menos 2010 existen retiros para la financiación de inversión pública para las líneas del Metro de Santiago y para una planta desaladora de agua de mar en la región de Atacama entre los segundo periodos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Cabe recalcar que el objetivo principal de Corfo es fomentar la inversión y desarrollo económico del país, impulsando la innovación tecnológica y el emprendimiento, apoyando a distintas pymes o startups que buscan generar empleos dentro del territorio nacional.