Caso Hermosilla: fiscalía logra autorización para allanamientos de ministros del Tribunal Constitucional, Corte de Santiago y de exasesor del gobierno de Piñera

A partir de la revisión de los chats alojados en el celular del abogado Luis Hermosilla, la Fiscalía de Rancagua amplió su indagatoria en busca de involucrados en posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El foco de la indagatoria está sobre cuatro personas que habrían participado en esos nombramientos: Héctor Mery, actual ministro del Tribunal Constitucional y exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia; Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Santiago, que reconoció que logró su cargo gracias al apoyo de Hermosilla; Andrés Sotomayor, exasesor de la Presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera; y Pablo Urquizar, quien fue asesor jurídico del Presidente en el mismo mandato, además de Coordinador Nacional de Seguridad en la macrozona sur.

Actualmente Urquizar forma parte del equipo programático que revisa los temas de seguridad de la candidata presidencial Evelyn Matthei. Luego que The Clinic revelara que está siendo indagado por la fiscalía, Urquizar señaló estar “siempre dispuesto a colaborar en todo lo que se necesite”.

Según publicó Emol, la fiscalía logró la autorización judicial para allanar los domicilios de Mery, Ulloa y Sotomayor, pero rechazó el de Urquizar, porque el Ministerio Público no informó su domicilio. El mismo medio indicó que el Cuarto Juzgado de Garantía también autorizó que la fiscalía revise los chats entre Hermosilla y Héctor Mery, además de otras comunicaciones que involucran a distintos jueces.

Según chats que publicó El Mercurio, la mensajería entre Hermosilla y Ulloa daría cuenta de diversas gestiones para instalar a personeros “de confianza” en los tribunales.

Otros chats, publicados por Ciper, revelaron que la dupla Ulloa/Hermosilla habría influido en el nombramiento de ocho jueces, y de tres fiscales judiciales.

A través de un comunicado público, la Fiscalía de Rancagua indicó que “el día de hoy se procedió a la ejecución de una entrada, registro e incautación de diversos equipos electrónicos en dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y otros domicilios particulares. Dicha diligencia fue autorizada judicialmente en el marco de esta indagatoria que busca establecer eventuales delitos de corrupción”, aseguró la fiscalía.

Nota de la Redacción: este artículo fue actualizado a las 18:55 del lunes 24 de marzo de 2025.