Los detalles del contrato de la diputada Ossandón con el Estado y la asesoría de su marido al Sistema de Empresas Públicas

Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende, The Clinic identificó otros cinco parlamentarios que podrían seguir su camino por mantener vínculos monetarios con el Estado durante el ejercicio de su cargo. Entre esos casos destaca el de la diputada Ximena Ossandón (RN).

En el Tribunal Constitucional y también en el Congreso esos contratos están siendo evaluados con lupa. Desde la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios del Partido Socialista anunció este miércoles que sus equipos jurídicos ya se encuentran analizando la información con el objetivo de presentar nuevos requerimientos ante el TC. 

El fallo del TC por la destitución de Allende, dado a conocer durante la tarde del jueves 10 de abril, generó preocupación en el Congreso, pues incluye una interpretación amplia de la inhabilidad que afecta a los parlamentarios. El artículo 60 de la Constitución les prohíbe celebrar contratos con el fisco no solo a título personal, sino que también a través de sociedades o por interpósita persona, es decir, a través de un tercero.

En el TC las aguas también están agitadas. Entre los antecedentes dados a conocer por The Clinic con otros parlamentarios que poseen vínculos comerciales con el Estado, llamó la atención de algunos ministros los casos de los senadores Juan Castro Prieto (PSC) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además del de la diputada Ximena Ossandón (RN).

La investigación de The Clinic indica que la diputada Ossandón mantiene participación en la propiedad de dos sociedades que aparecen como receptoras, directa o indirectamente, de dineros fiscales luego de que ella asumiera su cargo. El caso más complejo es el de Asesorías Paul y Compañía Limitada, una sociedad creada por Ossandón y su marido en 2010, donde cada uno es dueño del 50%. 

En diciembre de 2018, diez meses después de que ella entrara por primera vez al Congreso como diputada, esa empresa fue contratada por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), para prestar asesorías a la institución en el funcionamiento de su directorio. El monto de la contratación fue de 320 UF de la época, equivalente a casi $9 millones (vea ese contrato aquí).

La segunda sociedad de Ossandón vinculada a pagos del fisco es Paul y Compañía Limitada, la que también fue creada por la diputada junto a su marido, pero en 1989. Luego incluyeron en la propiedad a sus nueve hijos. A través de esta sociedad la diputada participa como accionista minoritaria de la empresa Cumplo Chile, compañía que aparece como receptora de más de $28 mil millones provenientes del fisco, desde que ella figura como socia. 

Desde Cumplo Chile le dijeron a The Clinic que ellos solo efectúan una labor de cobranza, y que a su juicio, la recepción de esos dineros —que se pagan luego de la emisión de un decreto— no puede interpretarse como un vínculo contractual entre la empresa y el Estado:

“Cumplo es una plataforma de financiamiento colaborativo, que nació con el único propósito de acelerar el crecimiento de las pymes chilenas. Para hacer esto, conecta a pymes que necesitan financiamiento, con inversionistas que tienen capital para prestar (…) Muchas pymes enfrentan serios problemas de liquidez, porque deben esperar hasta 60, 90 y 120 días para recibir el pago de una factura, bono o subsidio estatal.  En 14 años, se han canalizado a través de la plataforma de financiamiento colaborativo de Cumplo, más de USD 3.000 millones a pymes en Chile, México y Perú, de los cuales USD 500 millones corresponden a anticipos de organismos estatales. En este último caso, Cumplo actúa como mandatario de las pymes para realizar la gestión de cobranza. Cumplo no tiene ningún tipo de contrato con organismos estatales”, aseguró a The Clinic Nicolás Shea, fundador de Cumplo.

La asesoría del marido de Ossandón

Considerando las dos situaciones que podrían llevar a la diputada Ossandón ante el TC, el contrato de su empresa de asesorías con el SEP es el caso más claro. La participación de la parlamentaria en esa sociedad es directa, como persona natural, y por ende se configuraría lo que está prohibido literalmente en el artículo 60 de la constitución, que es el que indica que cesará en el cargo el parlamentario que celebre contratos con el Estado. 

En uno de sus incisos, la norma establece que esta inhabilidad “tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica”. Esto significa que también podrán perder su cargo los parlamentarios que firmen contratos a través de terceras personas, incluyendo personas jurídicas, que sería el caso de la diputada Ossandón. 

Todo ocurrió en diciembre de 2018, cuando la parlamentaria ya llevaba diez meses ocupando su asiento en el Congreso. En esa fecha la sociedad de la diputada, Asesorías Paul y Compañía Limitada, —controlada en partes iguales por la parlamentaria y su marido— formalizó un trato directo con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de asesorar a la institución en el funcionamiento del sistema de evaluación de los directorios de las empresas bajo su injerencia.

El documento que oficializa la contratación indica que el organismo le solicitó una cotización por el servicio a la empresa de la diputada, ya que “revisado el catálogo de Productos y Servicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, concluye que el servicio requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública”. Un detalle no menor, considerando que por ley los tratos directos deben justificarse bajo ciertos requisitos, ya que de lo contrario lo correcto sería proceder con una licitación pública o elegir a alguno de los proveedores ya autorizados por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

La asesoría fue ejecutada por el marido de la parlamentaria, Luis Hernán Paul Fresno, y duró hasta agosto de 2019. Por ese servicio, la sociedad de Ossandón recibió un pago de 320 UF, alrededor de $9 millones (vea esa orden de compra). 

En ese mismo periodo, Luis Hernán Paúl Fresno entró a formar parte del directorio de la empresa estatal Fondo de Infraestructura S.A., una entidad creada en 2018 con el objetivo de desarrollar actividades empresariales de financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura. Fue nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera y se mantuvo en el cargo por cuatro años y dos meses, hasta el fin de ese gobierno en 2022, con un sueldo de $1.734.500. 

Cuando The Clinic le consultó a la diputada Ossandón por ese contrato, ella confirmó la información:

“En el caso de Asesorías Paúl y Cia, la cual es una sociedad de asesorías e inversiones, en la cual él (Luis Hernán Paul) también me hizo partícipe cuando partió en el año 2009, el realizó efectivamente hace varios años una asesoría al Sistema de Empresas Públicas (SEP) en materia de Gobiernos Corporativos, tema en el cual él cuenta con mucha experiencia y una larga trayectoria”, aseguró la parlamentaria.