Por mal uso de recursos: Contraloría detectó irregularidades en más de 30 municipios durante el periodo electoral de 2024

La Contraloría General de la República advirtió, este martes, una serie de irregularidades en el uso de recursos al interior de 32 municipios del país. Dicha auditoría se realizó durante el periodo electoral que se desarrolló entre enero y septiembre de 2024.

“Entre los objetivos específicos de las investigaciones realizadas, se analizaron las transferencias efectuadas por cada municipalidad al sector privado. Detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas“, señaló Contraloría.

Las irregularidades detectadas por Contraloría

EN LA ZONA NORTE

• Municipalidad de Copiapó: no se contaba con la documentación suficiente para respaldar gastos efectuados, falta de actas de entrega de cajas de alimentos y no mantiene el correcto control de su flota vehicular. Se advirtió un eventual conflicto de interés en la contratación de servicios de un proveedor quien prestó sus servicios al alcalde durante su campaña electoral del año 2021.

• Municipalidad de Putre: durante el periodo analizado se realizaron publicaciones con enlaces y vínculos a las redes sociales personales del alcalde, en las que promocionaba su candidatura. Además, a través de declaraciones de funcionarios del municipio, se constató que se les habría solicitado en dependencias municipales y en horario laboral, que apoyaran la candidatura del alcalde.  

• Municipalidad de Arica: se evidenció un eventual mal uso del vehículo fiscal por parte del alcalde, por lo que se iniciará un sumario. Se expuso que el municipio habría publicado en sus redes sociales imágenes asociadas a actividades municipales en las que aparecía el alcalde. Esto a pesar de que ya no se encontraba a cargo del municipio porque estaba en periodo de reelección. Asimismo, se detectaron irregularidades respecto del pago de horas extraordinarias en el periodo auditado.  

• Municipalidad de San Pedro de Atacama: se constató que la entidad comunal habría realizado transferencias al sector privado. Esto por un monto de $22.367.716, sin rendición de cuentas. Asimismo, se verificaron observaciones sobre la bitácora de vehículos fiscales por las cuales el municipio deberá iniciar un sumario. También se advirtió sobre la existencia de invitaciones a eventos en las cuales se menciona al alcalde como gestor y no al municipio. 

• Municipalidad de Calama: se constató la falta de gestiones por parte de la Municipalidad de Calama respecto a fondos pendientes de rendición por $15.745.342.317. Se expuso una serie de irregularidades vinculadas al mal uso de vehículos fiscales. Contraloría también detectó que la entidad edilicia no proporcionó todos los antecedentes requeridos para acceder a los beneficios sociales entregados y un eventual mal uso de las redes de comunicación del municipio.  

• Municipalidad de María Elena: el municipio no suscribió el convenio con entidades del sector privado, en la transferencia de montos por un total de $42.850.000. También se comprobó que los decretos alcaldicios que aprueban las horas extraordinarias, de junio a septiembre, no cuentan con antecedentes que justifiquen su asignación. Además, se arrojaron irregularidades vinculadas al uso de la flota vehicular.

• Municipalidad de Vicuña: habría realizado pagos improcedentes en diversas actividades durante el periodo auditado, por un monto superior a $11.000.000. Asimismo, se advirtieron diversas observaciones en la bitácora de vehículos municipales. 

• Municipalidad de Illapel: hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por el monto total de $13.838.305 sin que se justifiquen los gastos señalados. Se advirtieron actividades realizadas por la entidad edilicia que no se amparan a la jurisprudencia. Por lo que esta Entidad de Control formulará el reparo pertinente por $35.315.683. Asimismo, se detectaron irregularidades sobre el pago de proveedores y la falta de documentación en expedientes de pago.  

• Municipalidad de Camarones: se constató que nueve documentos del municipio, que incluyen decretos alcaldicios, poseerían una imagen incrustada con la firma de diversos funcionarios del municipio lo que evidenciaría una posible adulteración y/o manipulación del instrumento público; los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

ZONA CENTRO

• Municipalidad de Recoleta: se identificó que dos funcionarios -a contrata- de la planta municipal registraban contrataciones a honorarios en la misma entidad comunal. Precisando que no se encuentran acreditados los servicios a ejecutar y tampoco, que estas actividades hayan sido realizadas fuera de sus jornadas laborales. También se encontraron irregularidades en el desempeño del cargo de director gerente de la Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Recoleta y la existencia de fondos pendientes de 2024 por la suma de $5.065.362 de los cuales, $1.834.610 fueron otorgados a 6 concejales en ejercicio en esa data. Por esto último, el municipio deberá iniciar un sumario. Se advirtieron irregularidades en las bitácoras de los recorridos de vehículos municipales. Se evidenciaron observaciones en el marco de distintos eventos municipales. En los cuales participó el entonces alcalde suplente y candidato a la titularidad comunal, Fares Jadue. Sin extender la invitación al resto de candidatos alcaldicios. 

• Municipalidad de Melipilla: se verificó que la municipalidad contrató el servicio denominado “Jornada en el recinto con servicio a almuerzo para 400 personas” al proveedor Administradora de Turismo Rosa Agustina, por casi 20 millones de pesos. Autorizó la contratación directa del servicio de traslado de personas de distintas agrupaciones al referido resort por un monto de $5.500.000. Estos gastos habrían sido descontados en cuentas referidas a una celebración de carácter nacional y en el ejercicio de las atribuciones municipales relacionadas con el desarrollo comunitario. La Contraloría efectuará el reparo correspondiente a $25.460.108.  

• Municipalidad de La Pintana: no acreditó la realización efectiva de trabajos encomendados a 12 servidores contratados mediante la modalidad de honorarios. Todo por un monto de $29.389.401. Asimismo, se evidenció que la entidad edilicia contrató a la empresa Servicios Gastronómicos S.A. por medio de licitación pública para el desarrollo del evento “Reconocimiento a dirigentes sociales y comunitarios 2024” por un monto de $29.038.000, sin ser procedente este gasto. Además, se efectuó la contratación de la empresa Servicios y Eventos Gacec Spa, para el servicio de coctel para 700 personas en el evento “la noche de las ferias” por un monto de $3.496.234, siendo dirigida a solo un grupo en particular y sin tener relación con las finalidades del municipio.

También, se advirtió que la bodega central no contaba con el registro de control sobre la entrada y salida de 100 cajas de mercadería y 94 camarotes. Todo por un total de $44.207.310, destinadas a la asistencia social en diversos programas. Igualmente, se realizaron otras observaciones respecto de la contabilidad del municipio.

• Municipalidad de Nancagua: efectuó tres procesos de licitación del “Servicio de Mantención de Áreas Verdes”, de los cuales terminaron con declaraciones desiertas o inadmisibles. De modo que dicha entidad comunal efectuó la contratación del servicio por trato directo por un monto de $195.000.000, sin fundamento para renovar de forma mensual. Por este motivo la municipalidad deberá iniciar un sumario. Asimismo, se constató que se pagó $44.006.876 en la remuneración de personal a honorarios, sin que conste la acreditación de las actividades realizadas mensualmente. También se acreditaron irregularidades en el uso de vehículos fiscales en días inhábiles.

• Municipalidad de Maipú: desentendió las solicitudes de información formuladas para el correcto desempeño de la labor de fiscalización. Se iniciará un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Sin perjuicio de lo planteado, la Contraloría advirtió de irregularidades en el uso de vehículos fiscales en días no hábiles, lo que será incluido en el sumario iniciado por esta Entidad Fiscalizadora. Se estableció que la entidad comunal entregó ayuda social a siete personas que se encontraban fallecidas al momento de recibir el beneficio. Se comprobó que 6 viviendas pertenecientes a la municipalidad se encuentran en uso por personas que no cuentan con la calidad de funcionarios municipales y tampoco con un decreto alcaldicio que los autoriza. Debido a estos antecedentes, la Municipalidad de Maipú deberá iniciar un procedimiento disciplinario.

• Municipalidad de La Florida: pagó más de 30 millones de pesos por la prestación de servicios honorarios durante 2024, con finalidades ajenas a los objetivos de la entidad. Por lo anterior, se formulará el reparo de $23.149.811. Bajo el contexto de la celebración del día del dirigente vecinal y comunal, el exalcalde presentó a los candidatos a cargos públicos de La Florida solo de su pacto electoral. Esta situación que podría constituir una eventual infracción al principio de probidad. Se entregaron 5.600 gif cards por la suma de $140.000.000 sin que los antecedentes de respaldo resultaran suficientes.

• Municipalidad de Puente Alto: se determinó un gasto improcedente por $129.899.999 a la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina. Esto para el servicio de producción del evento “Jornada de capacitación para dirigentes sociales de la comuna de Puente Alto”. En ese contexto, no fue posible verificar que hayan invitado a la totalidad de dirigentes vecinales de la comuna. Asimismo, se verificó que la municipalidad aprobó las rendiciones presentadas por el Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto por más de 30 millones de pesos. Sin que se acreditaran los beneficios de compras de pasajes aéreos y la participación de integrantes en un campeonato internacional.

Además, se advirtieron irregularidades en el uso de vehículos fiscales; en la participación de funcionarios en campañas electorales en horario laboral; y respecto de la revisión del libro de asistencia y remuneraciones.

• Municipalidad de Santiago: no proporcionó antecedentes de respaldo sobre la organización, actividades y financiamiento en el marco de la difusión del plan de desarrollo comunal. Esto impidió el correcto desempeño de fiscalización. Dada esta situación, se iniciará un sumario. Sin embargo, se constataron una serie de irregularidades en las bitácoras y el uso de vehículos fiscales. Asimismo, la auditoría arrojó observaciones en el pago de horas extraordinarias.

• Municipalidad de Colina: entre diversas irregularidades observadas por el uso de vehículos fiscales y en los medios de comunicación de la entidad edilicia. Se comprobó que el municipio pagó $14.513.991 por los servicios a honorarios en programas comunitarios, sin que se respalden las actividades ejecutadas. Asimismo, se expuso que el municipio habría pagado $3.073.063 por viáticos al extranjero, sin que se antecedentes suficientes sobre cómo se determinó la correspondencia del pago de éstos.

• Municipalidad de Renca: además de varias y diversas observaciones sobre pago de honorarios, se comprobó que las prestaciones desarrolladas por 11 personas que desempeñaron la función de asistente de concejal, para las cuales la Municipalidad de Renca se pagó $68.128.738, no se ajustaron a las consideraciones de la norma. Asimismo, la auditoría de Contraloría verificó que 12 personas contratas a honorarios no cuentan con la documentación que respalde las actividades realizadas, por las que se pagó un monto de $48.570.818. Ante ambos antecedentes, la CGR formulará el reparo del total.

También se constató en la plataforma de Ley de Lobby, que el alcalde de la municipalidad registraba audiencias hasta el 22 de marzo de 2024. No obstante, de la revisión de la agenda, se constataron reuniones con empresas o privados, realizadas entre los meses de julio y septiembre de misma anualidad, las cuales no se encontraban consignadas en el portal.

ZONA SUR

• Municipalidad de Chiguayante: se comprobaron una serie de irregularidades respecto del uso de las redes sociales y plataformas de difusión del municipio. Además de otras observaciones vinculadas al uso de vehículos fiscales durante días no hábiles. Asimismo, se comprobó que el municipio pagó $771.382 por la adquisición de una nota periodística al medio Sabes.cl. A esto se suma la publicación de 65 frases radiales a la empresa Cordillera SpA. También se verificó el pago de $1.949.999 por el servicio de un seminario al proveedor Gastronomía y Turismo Coll y Compañía Ltda. Advirtiéndose que dicha actividad no consistió en un seminario y tampoco fue abierto a la comunidad. Igualmente, se detectaron irregularidades en cuentas contables por más de tres millones de pesos.

• Municipalidad de Río Bueno: de la revisión de 20 egresos por adquisición de bienes y servicios por un monto de $161.258.494, los expedientes de pago no cuentan con la acreditación de la recepción conforme ni comprobantes de pago. También se advirtieron cargas de combustible realizadas en días inhábiles que no fueron debidamente justificadas. Esto se suma a la entrega de becas municipales en casos que no cuentan con el certificado de la casa de estudios. A estas observaciones se suman otras por rendición de cuentas pendientes e irregularidades en el uso de las redes sociales del municipio.

• Municipalidad de Talca: se evidenció la existencia de 15 transferencias al sector privado por $65.196.040 sin cumplir con la rendición de éstas. Se determinó que el reglamento sobre procedimientos de entrega de ayuda social no establece los montos máximos o cantidad de beneficio a entregar. Esto ocasionó que se entregaran beneficios con montos distintos respecto a una misma prestación. Se revelaron una serie de irregularidades en relación con el uso de vehículos fiscales y falta de documentación para formalizar la entrega de beneficios a los funcionarios municipales. 

• Municipalidad de Los Lagos: no sometió a trámite de toma de razón los decretos alcaldicios por los cuales aprobó la contratación del servicio de concesión para el servicio de aseo, mantención de áreas verdes y servicios generales. La empresa Aseo y Omato JG SPA no garantizó el fiel cumplimiento del contrato de concesión de personal. Correspondiendo al 8% del monto total del convenio equivalente a la suma de $37.848.410 y se corroboró que la firma no dio cumplimiento al término del contrato de concesión. Por estas y otras razones, se iniciará un sumario y enviará los antecedentes al Ministerio Público.

T. Conambién se advirtió que el municipio aprobó el pago de 21 servidores a honorarios por supuestos servicios prestados que no se encontraban considerados en sus contratos originales. Contraloría detectó erróneo uso de vehículos fiscales y carga de combustible sin que éstas se encuentren justificadas.

• Municipalidad de Sagrada Familia: contrató vía trato directo un servicio de cóctel para 200 personas por $2.094.400, desembolso que resulta improcedente. Además, se constató que el municipio no pudo acreditar la suma de $668.041 correspondiente a ayuda social. Toda vez que no fue posible acreditar el estado de carencia de los beneficiados. También se detectaron irregularidades en el uso de las redes sociales de la municipalidad. Sobre el uso de vehículos fiscales y también en relación con el pago de honorarios de algunos servicios.  

• Municipalidad de San Javier: se evidenciaron irregularidades en la asistencia y pago de remuneraciones de funcionarios municipales. Asimismo, se detectaron diversas observaciones en las bitácoras de vehículos fiscales y en el uso de redes sociales de la entidad edilicia. Se constató que el municipio registró las compras de cajas de alimentos denominadas “Para personas” por un total de $38.046.230, sin que lo dispuesto se ajustara a la norma. Contraloría comprobó la contratación a honorarios a funcionarias que cumplieron un servicio que corresponden a labores de la gestión interna municipal, además de otras observaciones respecto al pago de honorarios.

• Municipalidad de Coyhaique: adquirió gift cards para ser entregadas como ayudas sociales. Sin incorporar especificaciones que limitase el canje solo a productos de primera necesidad. También desembolsó la suma de $19.635.000 a la producción del evento “Día del Dirigente Comuna de Coyhaique 2024”. En circunstancias que dicha celebración no constituye una festividad que sea propiamente municipal. Además, se efectuaron 22 adquisiciones por un monto de $769.774.797, que no fueron tramitadas por medio del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. Asimismo, en 14 oportunidades dictó extemporáneamente actos administrativos que aprueban dichas contrataciones por $689.658.280, omitiendo realizar un concurso y sin contar con especificaciones técnicas.

• Municipalidad de Aysén :pagó horas extraordinarias con recargo del 25% y 50%, excediendo tanto las horas aprobadas por decretos alcaldicios, como el límite de 40 horas diurnas, sin que se haya aportado el acto administrativo que autoriza tal excepción. A esta, se suman otras observaciones por el pago de horas extras y respecto del buen uso de los recursos públicos. 

• Municipalidad de Cisnes: en dos oportunidades, funcionarios municipales intervinieron o participaron en la tramitación de transferencias. Todas por $12.650.000 y $200.000, destinadas a grupos en los que mantienen participación o vínculo de consanguinidad. Asimismo, se constató de una serie de irregularidades por el pago de horas extraordinarias y servicios a honorarios que no han sido respaldadas correctamente.  

• Municipalidad de Torres del Paine: llevó a cabo las celebraciones de los eventos “Celebración del día de la familia comuna Torres del Paine 2024” y “Celebración del día del trabajador” por la suma de $5.000.000 y $7.500.000, respectivamente, sin que estas actividades se ajusten a la función propiamente municipal. En consecuencia, se formulará el reparo de ambos montos expuestos. A esto se suman irregularidades por uso de vehículo fiscal.

• Municipalidad de Punta Arenas: no cuenta con un mecanismo de control para el cumplimiento de la jornada de trabajo del alcalde. Asimismo, funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario no realizan marcaje de horario de los trabajos extraordinarios efectuados fuera de las dependencias municipales. Contraloría advirtió irregularidades en la contratación de funcionarios. Asignación de trabajos extraordinarios. Exceso horas laborales en situaciones de emergencia climática; y faltas a la probidad en el uso de recursos públicos. 

• Municipalidad de Trehuaco: no justificó la autorización de horas extraordinarias y no mantiene control sobre el cálculo de éstas. Mantiene contrataciones de familiares de funcionarios municipales. A su vez, no dispone de un catastro de beneficiarios de ayudas sociales que permita el control de tales beneficios.

• Municipalidad de Pemuco: se identificaron inasistencias injustificadas de parte del personal. Además de la omisión de marcación de entrada o salida de la jornada laboral. Sin descuento, totalizando un monto de $731.916. Asimismo, se observó la existencia de horas extraordinarias ascendentes a 295 diurnas y 973 nocturnas que no cuentan con la debida justificación.