Réplica a la columna de Isabel Plant en referencia al libro “Falsas denuncias”

Estimada directora:

No hay peor ciego.

Tildar la columna de Isabel Plant sobre mi libro Falsas Denuncias de opinión fundada sería, probablemente, tan difícil como encontrar sensatez en la guerra encarnizada. La autora, como muchas personas, puede estar molesta por el contenido del libro. Tiene derecho a estarlo. Lo que no tiene derecho es a inventar cifras (ver Nota de la Redacción 1) ni a lanzar supuestos datos sin fuente alguna, solo para defender una idea que, por cierto, muchas feministas hoy aborrecen, conscientes de que este flagelo destruye familias y que el extremismo —en cualquier sentido— puede ser igualmente devastador.

Respecto de los hechos, lo primero que salta a la vista es que la periodista no leyó el libro completo ni ha seguido el debate que este ha generado (ver Nota de la Redacción 2). Lo infiero porque en la parte conclusiva del texto se citan voces como la de Daniela Horvitz, tres veces presidenta de la Asociación de Abogados de Familia de Chile, quien habla de una verdadera pandemia de falsas denuncias, no solo en nuestro país, sino como parte de una realidad internacional. También se incluyen declaraciones de peritos judiciales que coinciden en esa apreciación. Además, el libro entrega cifras sobre el aumento sostenido de imputados por delitos sexuales versus las escasas condenas, y la enorme cantidad de causas archivadas provisionalmente. No porque no se haya podido probar la culpabilidad tras una investigación, sino porque ni siquiera se reunieron antecedentes mínimos para formalizar una causa: denuncias sin relato alguno, o hechos que simplemente no constituyen delito.

Sobre eso, la periodista no tiene opinión. Se limita a meterlo todo en el mismo saco, repitiendo el viejo argumento de que se trata de delitos difíciles de probar. Que, como buena falacia, tiene una fuente que es cierta. Eso es parte de todo este enorme problema: la mezcla de mentiras con la verdad. Mostrar la protección de una niña o un niño para generar un alejamiento forzado por problemas entre adultos, es el corazón de ello.

Cuando el libro recién apareció en librerías, el Defensor Nacional, Osvaldo Pizarro, me solicitó una reunión para expresarme algo muy claro: las denuncias falsas de abuso sexual contra padres —particularmente en contextos donde hay una disputa por bienes o custodiade larga data— son una realidad que, como defensor público, ha visto crecer de manera alarmante en los últimos años. No solo ha aumentado su frecuencia, sino que además quienes las interponen rara vez enfrentan sanciones, debido a las distorsiones del sistema judicial.

A raíz de la publicación del libro, varias periodistas como Mirna Schindler, Rayén Araya, Vanessa Carrasco, Francisca Huerta y Francisca Valle —por nombrar solo algunas— me señalaron, en plena entrevista o después de ella, que este fenómeno lo han visto, repetidamente en sus carreras y, en algunos casos, en sus vidas personales. Incluso, una colega de televisión me confesó fuera de cámara: “¿Sabes? A nosotros nos llegan seguido estos casos de padres que denuncian lo mismo que tú describes. Los escuchamos, pero no podemos tomar sus historias porque los medios de comunicación no lo permiten. Son padres que ya están acusados de abuso sexual, con una resolución de alejamiento en su contra. Así que simplemente los dejamos pasar”.

Un horror, ¿no? Del cual la periodista Isabel Plant no dice nada. No lo menciona, no lo ha visto o no quiere verlo. Tampoco menciona que en el libro —y con más detalle en las entrevistas posteriores— se señalan algunas cifras. Por ejemplo, que en los últimos seis años, más de 107 mil hombres han sido imputados por abuso sexual infantil, con un fuerte aumento tras la pandemia. Ni que el Poder Judicial no distingue si esas imputaciones son en contra de padres o de otros vínculos, porque el Estado simplemente no lleva ese registro.

Lo que sí sabemos es que expertos como el Defensor Nacional, junto a jueces y otros actores del sistema, coinciden en que hoy la mayoría de las denuncias de abuso sexual contra hombres proviene de casos en que se acusa a padres, y que muchas veces hay un claro beneficio detrás. Lo dicen porque es lo que les toca ver en su labro diaria.

E incluso si los padres no fueran la mayoría dentro de esos 107 mil casos, seguiría siendo un escándalo. Si fueran 50 mil, sería un escándalo. Si fueran 10 mil, también. Y si fuera solo uno, lo seguiría siendo, porque la vulneración de derechos humanos por parte del Estado es intolerable. Desde que publiqué el libro, más de cien padres se han acercado a contarme cómo fueron alejados de sus hijas e hijos por una falsa denuncia, sin relato de sus hijos, solo con una acusación, y luego revinculados sin que nadie haya recibido la más mínima sanción. Y se me han acercado también algunas madres para relatar aquello. Y lamentablemente también hijos e hijas que hoy viven con la culpa de haber cometido una terrible injusticia en su infancia. 

Más grave aún, en el libro se cita un informe de UNICEF de 2012, uno de los pocos que entrevistó directamente a 1.650 niñas y niños de seis regiones de Chile. ¿El resultado? Que la mayoría de abusadores sexuales son hombres, y la mayoría de víctimas, mujeres. El libro no oculta esa información, ni que son parte del círculo cercano: la expone con claridad. Y también muestra que, estadísticamente, ni los padres ni las madres aparecen como figuras relevantes en la comisión de estos delitos contra sus propios hijos. Y señala que esto no significa que no suceda. 

¿Qué dice al respecto la periodista? Se limita a señalar, de forma ambigua, que no es posible saber cuántos progenitores son acusados porque no existe ese desglose, pero que en “otros países” se habla de un 6%. ¿Qué países? ¿Qué informes? No lo dice y como periodista eso es grave. Luego se enreda entre cifras de falsas denuncias que van, según afirma, del 1% al 8%. Pero no cita estudios, ni autores, a pesar de manifestar una diferencia de 800% entre unos y otros datos. Solo repite lo que ha escuchado, para concluir, de forma vacía, que “sí, existen”.

En el fondo, no sabe. Solo defiende una idea, no sabemos bien por qué, asegurando que el sistema debe equivocarse en favor de proteger la sexualidad de niñas y niños. Parte de eso es cierto. Pero hay otra parte que ignora: cuando una denuncia es falsa, el principal dañado es justamente ese niño o niña, cuya identidad queda fracturada para siempre. Y eso como sociedad lo estamos viendo —y lo vamos a seguir viendo—, aunque la periodista quiera negarlo.

Ojalá no le pase a ella. Porque lo reporteado muestra que cuando ocurre, no solo se destruye a ese niño o niña, sino también a todo su entorno afectivo: padres, madrastras, abuelos, tíos, hermanos. Todos condenados al silencio por la vergüenza de la “autofuna”, porque nadie quiere que se sepa que fue acusado de algo así. Ni el padre, ni el hijo, ni el amigo, ni el vecino.

La periodista escribe a modo de mea culpa -como si tuviera alguna representatividad dentro de un movimiento que, al parecer, dice integrar-, reconociendo errores como las funas y haciendo una vaga autocrítica. Sin embargo, no se hace cargo de que este tipo de casos son una funa en sí mismos. Cuando existe una causa judicial que se extiende por cinco o seis años, donde los intervinientes se han dicho y hecho de todo excepto acusarse de abuso sexual a los hijos, esa acusación aparece como una funa colosal que arrasa con todo el entorno y busca, en los hechos, la destrucción del otro. Eliminar al enemigo. 

Más preocupante aún: la autora dice haberse “arrancado los pelos de la cabeza” al leer ciertos pasajes donde, según ella, yo justificaría que algunos padres no paguen pensiones de alimentos, es decir, que serían “papitos corazón”. En el libro solo se menciona el caso de Rodrigo Saavedra Conus, quien estuvo tres años y medio preso por una denuncia falsa y a quien se le siguió cobrando pensión incluso durante su encarcelamiento, lo que hoy le genera una deuda. No hay otras menciones ni, mucho menos, justificaciones. Lo que plantea la periodista es falso, y revela que su lectura estuvo guiada más por su malestar personal que por un intento real de entender o criticar el texto.

También afirma que le resultó intolerable una escena en que grafico una diferencia entre Jorge Tocornal —diez años preso por una falsa denuncia hecha por su hijo— y el propio hijo. Pero es una escena narrada, no opinada. La periodista sí opina, pero no dice nada sobre el hecho de que, a pesar de todo, padre e hijo hoy están juntos, enfrentando las secuelas de ese trauma en común. Ese dato, que podría haber aportado al análisis, lo omite.

Tampoco se refiere a otras cifras incómodas que el libro entrega. Por ejemplo, aquellas de Unicef que datan desde 1990 y que muestran que las madres cuidadoras son quienes, históricamente, registran mayores niveles de prácticas maltratantes contra sus hijas e hijos. Que ejercen más violencia física leve y grave. Y que las mayores víctimas son las hijas. A diferencia de la periodista, yo no estigmatizo: explico. Entiendo que eso ocurre en parte porque las mujeres son quienes asumen mayoritariamente las labores de cuidado y también porque muchas han sido víctimas de maltrato histórico, y esa violencia se transmite generacionalmente. 

La periodista confunde las cifras que hablan de abusadores hombres con aquellas que se refieren específicamente a padres. Habla de denuncias, pero no distingue entre acusaciones y condenas efectivas. Se alarma, se arranca los pelos de la cabeza frente a lo que le molesta, pero guarda completo silencio frente al daño real que sufren familias enteras —incluidos niños y niñas— que quedan huérfanos con padres vivos, cargando heridas devastadoras. 

Está sucediendo hoy. A raíz del libro, muchas mujeres que han sido víctimas de violencia me han contactado para contar que también han sido víctimas de falsas denuncias, acusadas por exparejas. Periodistas, abogadas, juezas y peritos me han descrito un fenómeno masivo. Que hoy comience a hablarse de esto, incluso tímidamente, es una buena noticia. Porque este tema ha estado silenciado durante años, protegido por un cerco moralista donde la mentira se disfraza de virtud. Basta con una sola acusación —que en la mayoría de los casos no proviene del hijo o hija— para que un padre pase tres, cuatro o más años sin verlo y deba pagar de su bolsillo para probar su inocencia. Destruido, al borde del suicidio en varios casos. Así funciona el sistema. En ese tiempo, el padre desaparece de la vida de sus hijos. Y ellos deben asumir esa muerte como si fuera natural. Esto está ocurriendo ahora, todos los días, es parte de nuestras familias. Es algo que, creo, debemos conversar mirando a nuestros hijos.

Nota de la Redacción 1: Las cifras mencionadas en la columna fueron entregadas por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, con quienes también se cotejó la información entregada, sobre de dónde provienen los abusos y sobre el trabajo que ellos mismos ven con las víctimas. Ellos revisaron el texto y no encontraron ningún error, antes de la publicación.

Nota de la Redacción 2: La periodista sí leyó el libro completo, y lo comentó en extenso con sus editores y pares en la redacción. También ha seguido el debate que se ha generado y, por lo mismo, escribió una opinión al respecto, en su calidad de columnista de temas de género desde hace dos años en el medio.