Contra la tentación de una “Ley de Medios”

Cada cierto tiempo, sobre todo cuando los medios de comunicación cometen errores graves, amplifican discursos de odio o contribuyen a la desinformación, resurge con fuerza una vieja idea: la necesidad de una “Ley de Medios”. Bajo ese nombre ambiguo se promete una solución integral a los problemas del ecosistema informativo. Sin embargo, más que un avance democrático, esta propuesta suele ser una salida simplista, peligrosa y profundamente equivocada.

La demanda por una “Ley de Medios” suele surgir desde la legítima frustración ante la concentración de la propiedad mediática, la falta de pluralismo informativo o el deterioro del debate público. Pero asumir que todos estos males pueden corregirse por la vía de una ley especial es no solo ingenuo, sino riesgoso. Porque el problema no radica en la falta de normas, sino en cómo se interpretan, aplican y supervisan las ya existentes.

Chile ya cuenta con un marco jurídico que regula, limita y establece principios claros sobre la libertad de expresión. La Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país y diversas leyes específicas (como la Ley 19.733 o la Ley 18.838) configuran un entramado normativo que regula la relación entre los medios, el Estado y la ciudadanía. En ese marco se reconocen, por ejemplo, los límites al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, como la protección de la honra, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o la responsabilidad ulterior frente a discursos injuriosos o calumniosos. Otra cosa es la eficacia con la que se aplican esas normas, o la escasa capacidad institucional para fiscalizarlas, pero eso no justifica la creación de una ley especial que podría convertirse en un instrumento de control más que de garantía.

El peligro de una “Ley de Medios” no es solo su contenido eventual, sino el principio que la inspira: la idea de que la libertad de expresión debe ser objeto de una regulación específica. Esto supone un cambio de paradigma delicado, donde la presunción de libertad podría ser reemplazada por un régimen de habilitación y control. En otras palabras, pasamos de un sistema donde se puede decir todo salvo lo prohibido, a otro en que se permite lo que una ley especial autorice o tolere. Además, una ley de este tipo tiende a encapsular el debate público en categorías estáticas y limitadas, incapaces de adaptarse a un entorno dinámico como el digital.

¿Cómo regular, desde una ley rígida, los flujos informativos que se generan en plataformas globales, entrecruzados por algoritmos, inteligencia artificial, medios tradicionales y ciudadanos comunes? La comunicación hoy desborda a los medios clásicos, y cualquier intento de legislar de forma acotada y vertical está destinado a quedar obsoleto o a restringir más de la cuenta.

No necesitamos una Ley de Medios. Sí necesitamos una política pública de comunicación. Una institucionalidad capaz de garantizar el pluralismo real, asegurar la transparencia de los medios, fiscalizar con eficacia la concentración y fomentar la alfabetización mediática. Esta institucionalidad debe construirse con participación activa de la sociedad civil, la academia, los propios medios y el Estado, a través de mecanismos deliberativos y con autonomía suficiente para no ser cooptada ni instrumentalizada.

Necesitamos una visión democrática, sistémica y moderna de la comunicación social. Una que no
confunda regulación con control, ni libertad con impunidad. Una que respete el derecho a
informar y a ser informado como parte esencial de una democracia que se construye todos los
días, no desde el Congreso, sino desde la calle, la escuela, la prensa y también las redes.