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José Antonio Kast y Eduardo Espinoza
El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, en una imagen junto a José Antonio Kast. Foto: IG José Antonio Kast

Política

26 de Mayo de 2025

Alcalde de Macul suspende su militancia en el Partido Republicano tras ser investigado por viaje a Tacna mientras tenía licencia médica

La decisión fue comunicada esta tarde por la tienda republicana, luego de que The Clinic diera a conocer que el jefe comunal está siendo investigado por un viaje a Perú mientras había presentado licencia médica. El hecho ocurrió en marzo de 2024 cuando aún era funcionario municipal. En el partido enviaron los antecedentes al tribunal supremo y enfatizaron su "compromiso total con la transparencia y probidad pública".

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Suspender su militancia y derivar los antecedentes al tribunal supremo. Esas fueron parte de las determinaciones que se tomaron esta tarde al interior la decisión del Partido Republicano luego de que The Clinic diera a conocer que el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza —militante de sus filas—, se encontrara siendo investigado por Contraloría al registrar un viaje a Tacna mientras se encontraba con licencia médica.

El viaje ocurrió en marzo de 2024 cuando Espinoza era funcionario municipal. Su caso es uno entre los 38 que la Contraloría investiga de la Corporación de Desarrollo Social y ocho más de la Municipalidad de Macul involucrados en el escándalo de las licencias que ha salpicado a una serie de otras instituciones y que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos.

“Como directiva del Partido Republicano hemos tomado conocimiento por parte del actual alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, del caso acontecido el primer semestre del año 2024, mientras se desempeñaba como funcionario de la misma municipalidad”, dice el comienzo de un comunicado público emitido por el Partido Republicano.

En el texto, añaden: “Si bien los hechos ocurrieron previo a su inscripción en el partido, consideramos de especial relevancia que la Contraloría pueda confirmar la concurrencia de los hechos, en el tenor de lo señalado por Eduardo Espinoza en su declaración pública”.

“Por lo anterior —agregan—, valoramos la decisión adoptada por Eduardo Espinoza y que se nos haya comunicado el día de hoy, de suspender su militancia mientras se resuelve su situación administrativa. Por nuestra parte, hemos derivado estos antecedentes al tribunal supremo, con el objeto de analizar los antecedentes y evaluar las acciones a seguir”.

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza (al medio). Foto: Agencia UNO

El comunicado de la tienda liderada por Arturo Squella y la secretaria general, Ruth Hurtado, cierra señalando que el partido “reitera su compromiso total con la transparencia y la probidad pública y manifiesta que seguirá ejerciendo todas las labores de fiscalización para que el mal uso de los recursos y la afectación a la fe pública cuente con sanciones ejemplares”.

Espinoza es uno de los ocho alcaldes que el Partido Republicano logró obtener en las elecciones municipales de octubre de 2024.

Kast ha sido un férreo crítico de la situación de las licencias y promovió “la destitución como sanción”

Miembros del partido señalan que se debió tomar una decisión rápida y ejemplificadora ante un tema en del cual su propio candidato presidencial, José Antonio Kast, ha sido crítico.

De hecho, el jueves pasado Kast lideró la presentación de la iniciativa “Sin licencia para estafar”, en la que calificó la situación como “una de las estafas más vergonzosas y masivas de los últimos años”.

Ese día, planteó una dura crítica al sistema de licencias médicas en Chile, calificándolo como “una de las estafas más vergonzosas y masivas de los últimos años”, y anunció cinco medidas concretas bajo el lema “Sin licencia para estafar”.

Ese día, Kast señaló que se debe “poner fin a una red de abusos que ha sido tolerada por todos los gobiernos y partidos en los últimos años”. Y acusó que “el Estado se ha convertido en el empleador más permisivo del país”.

En esa línea, propuso una auditoría total desde 2018, también promovió la destitución como sanción y dar un “poder real” a la Contraloría a la hora de instruir y cerrar sumarios, además de otras medidas.

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