Entre la primaria y la Cuenta Pública: solo 12 de las 53 medidas concretas que propuso el Presidente Boric camino a primera vuelta se han cumplido

El Presidente Gabriel Boric llegará este domingo 1 de junio a las 11 de la mañana al Salón de Honor del Congreso de Valparaíso para realizar la última Cuenta Pública de su mandato. Ahí dará cuenta de los avances del Gobierno, de los desafíos pendientes y, probablemente, del legado que tratará de dejar una vez que deje su mandato en marzo de 2026.

El hito se dará cuando las campañas para las elecciones primarias el oficialismo ya estén en marcha. El sector, de todos modos, enfrenta un complejo momento ante el buen momento por el que pasa la derecha en la carrera presidencial -según las encuestas públicas-, con tres liderazgos claros.

Así, The Clinic realizó un ejercicio de revisión sobre el nivel de cumplimiento del programa que presentó el entonces candidato Boric en 2021 para la primera vuelta presidencial junto a su coalición Apruebo Dignidad, particularmente, sobre el apartado “53 cambios concretos para un eventual Gobierno de Boric”.

El análisis arrojó que solo un 22,64% de las medidas concretas que propuso el entonces candidato a la presidencia, Gabriel Boric, lograron cumplirse por completo, es decir, 12 de las 53. Diversas fuentes del Ejecutivo explican que el programa se modificó para la segunda vuelta presidencial una vez que se apuntó acoger a sectores de la centroizquierda y otro factores que se fueron presentando durante su mandato, como por ejemplo, la falta de un acuerdo para sacar adelante una emblemática reforma tributaria, la crisis de las Isapres y, en gran medida, el rechazo de la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional.

Los veredictos utilizados para esta clasificación son cuatro: cumplido, medianamente cumplido, pendiente y no cumplido.

1. Terminaremos con el sistema de las AFP, reemplazando el DL3500 por un nuevo sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados. También vamos a mejorar sustancialmente todas las pensiones, con especial énfasis en las mujeres y las pensiones más bajas, respetando siempre el dinero ahorrado por las personas.

Si bien el Gobierno de Boric logró aprobar una reforma de pensiones que beneficiará con mejores jubilaciones a 2,8 millones de personas —con énfasis en mujeres y en quienes reciben pensiones más bajas—, y también consiguió aumentar la Pensión Garantizada Universal desde los 185 mil pesos a los 250 mil pesos establecidos en la reforma, lo cierto es que no logró poner fin al sistema de las AFP ni reemplazar el Decreto Ley 3500. Este decreto, vigente desde la dictadura, establece el actual sistema de pensiones en Chile, basado en la capitalización individual obligatoria.

2. En los primeros 100 días de gobierno convocaremos a una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis económica global en el mundo del trabajo. Así construiremos un plan de reactivación económica con trabajo decente entre el gobierno, empresarios, trabajadores, academia y sociedad civil, que recupere empleos con énfasis en las mujeres, fortaleciendo el sistema público de salud, mejorando el uso del seguro de cesantía, aumentando los subsidios de empleo y mejorando el acceso a créditos blandos de las pymes.

Si bien no hay registros de una Comisión de Dialogo Social, con esa denominación y tampoco con esa conformación de participantes, el Presidente Gabriel Boric sí presentó dentro de los primeros 100 días, un plan de recuperación inclusiva denominado, “Chile Apoya”. La iniciativa contó con 21 medidas económicas que pretendían mitigar el alza de precios dado por la pandemia y el contexto económico mundial.

Entre las medidas, aparece el congelamiento de los precios del trasporte público, la ampliación del subsidio Protege a las trabajadoras e hijas e hijos de hasta cuatro años de edad, la extensión del IFE laboral, etc.

3. Repararemos el daño hecho por el gobierno a las mujeres trabajadoras, recuperando 500 mil empleos femeninos a través de un plan de reactivación económica que contempla subsidios al empleo, inversión pública, fortalecimiento de los programas de cuidado y capacitación laboral.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, informó, en medio de una disputa por la red social X con Evelyn Matthei, en marzo, que el Gobierno logró crear 600 mil empleos formales en total. No obstante, los académicos comentaron que esa cifra respondía, básicamente, a la recuperación de los empleos de la pandemia. Desde el Ministerio de Economía, informaron que según los últimos datos, se proyectan más de 700 mil entre hombres y mujeres.

4. Reactivaremos los aprendizajes perdidos en la pandemia con un plan de activación educativa integral, generado desde las comunidades, que incluirá materiales de apoyo escolar, mejoras de la infraestructura y un programa de bienestar emocional. Sobre esto último, nuestra meta es duplicar la cobertura de atención de salud mental en la población infanto-juvenil.

El Gobierno de Boric ingresó la Ley integral de Salud mental que crea un articulado amplio e integral que busca enriquecer la normativa en materia de salud mental y, a su vez, propone ajustes a diferentes cuerpos legales en pos de avanzar en la armonización legal en la materia. El proyecto, sin embargo, aún sigue en trámite en el Senado.

5. Negociación colectiva multinivel, asegurando la libertad de las y los trabajadores para negociar, el derecho a organizarse y equilibrar el poder de negociación, para garantizar el Trabajo Decente y un aumento de los salarios.

El proyecto de negociación ramal, que el Gobierno ha trabajado junto a la Central Unitaria de Trabajadores, aún no se ha tramitado. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha declarado n múltiples ocasiones que este proyecto ingresará en septiembre o en octubre de este año.

6. Aumentaremos el salario mínimo de manera escalonada para superar los $500.000 al final del Gobierno, apoyando durante todo el régimen de transición a las micro y pequeñas empresas.

En julio del año pasado entró en vigencia el aumento del salario mínimo de los $350.000 a los $500.000 a través de una fórmula escalonada. En mayo del 2023 aumentó a $440.000, en septiembre de dicho año pasó a $460.000, al año siguiente alcanzó los $500.000 y en enero de este año llegó a los $510.636.

El Gobierno de Boric, de hecho, llegó a un acuerdo con la CUT para que el salario mínimo siguiera en aumento. Para mayo de este año $529.000 y para que el 1 de enero de 2026 se fijara en los $539.000.

7. Reduciremos la jornada laboral a 40 horas semanales, generando nuevos empleos para acompañar esta modificación.

En abril de 2024 entró en vigencia la ley que reduce la jornada laboral en 40 horas. La negociación estuvo a cargo de la ahora candidata presidencial y exministra del Trabajo, Jeannette Jara.

8. Condonaremos la deuda educativa que hoy afecta a más de un millón de estudiantes y egresados perjudicados por una política fracasada de endeudamiento estudiantil. En nuestro gobierno la educación volverá a ser un derecho y dejará de ser una mochila de deudas.

Si bien aún se está tramitando el proyecto del Gobierno que pretende reorganizar la deuda educativa e instalar el nuevo sistema de Financiamiento a la Educación Superior, la condonación será solamente para “las personas que adscriban al plan, definida según la situación en la que se encuentren y sobre la base de tres aspectos: a) condición académica (si egresó o interrumpió sus estudios); b) situación de pago (si está al día o en mora); c) el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo”.

9. Realizaremos una reforma tributaria para que quienes tienen más contribuyan más. De manera responsable y coherente, avanzaremos a un sistema con impuestos progresivos, con equidad vertical y horizontal, como la norma OCDE. Proponemos, entre otros, un impuesto a los súper ricos, royalty a la gran minería del cobre y un combate frontal a la evasión tributaria que tanto daño le hace a Chile. Justicia tributaria es justicia social.

En marzo del 2023 la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de reforma tributaria que había ingresado el Gobierno. La negativa de la Cámara significó uno de los golpes más duros a la administración Boric, pues muchos contenidos de su programa contaban con los recursos que dejaría dicha reforma una vez aprobada.

Eso obligó al Ejecutivo a separar los distintos componentes del proyecto original en distintos trámites. Sobre el el impuesto a la renta, por ejemplo, el Gobierno de Boric informó en marzo que no perseveraría en dicha materia en el tiempo próximo debido al poco respaldo político en el Congreso. Con todo, el Ejecutivo sí logró hacer ley el proyecto del royalty minero y la ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que busca combatir la evasión de impuestos.

10. Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato.

El viernes 31 de enero de 2025, el Presidente Gabriel Boric, promulgó la Ley que da solución a la Deuda Histórica Docente, beneficiando a cerca de 57 mil profesores. El trámite se logró ejecutar luego de una consulta a los profesores afectados que contempla un pago de un monto de 4 millones 500 mil pesos por cada persona afectada, reajustables por año, que se realizará progresivamente seis años, comenzando con las personas de mayor edad, y avanzará por grupos de manera anual, en dos cuotas iguales.

11. Generaremos un sistema universal de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las Isapre a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud.

Esta agenda se vio particularmente afectada por el trámite de ley corta de las Isapres que buscaba darle viabilidad a la crisis de las aseguradoras privadas de la salud derivada por el fallo general de la corte suprema que mandató a las Isapres a pagar los cobros en exceso que habían realizado a los usuarios desde el año 2012.

Según fuentes del Ministerio de Salud, la situación de las aseguradoras era crítica y su insolvencia podía haber afectado en una crisis del sistema de salud completo, lo que no permitió, aseguran desde el Gobierno de Boric, avanzar en un Sistema Nacional de Salud y tampoco en transformar a las Isapres en seguros complementarios.

12. Presentaremos una Ley de salud mental integral, duplicaremos el presupuesto destinado a la materia y crearemos al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) en todas las regiones del país y centros diurnos para personas con demencia.

El proyecto de ley de salud mental integral comenzó su tramitación en agosto del año pasado. Sin embargo, los parlamentarios han hecho saber sus aprensiones respecto al gasto público que genera esta iniciativa.

Respecto a la construcción de los Cosam, el Presidente Boric informó en su Cuenta Pública anterior que estaban habilitando dos nuevos centros en Copiapó y en Puerto Aysén. En marzo, además, se realizaron las primeras gestiones del nuevo Cosam en Los Ángeles. Actualmente, hay 16 Cosam en ejecución que, según explican fuentes al interior del Palacio, son los comprometidos.

13. Reduciremos las listas de espera, sin letra chica, y aumentaremos en un 30% la productividad de los pabellones de cirugía públicos.

Según los datos entregados por el mismo Minsitrio de Salud, relativos al informe de listas de espera correspondiente al último semestre de 2024 —que se entrega todos los años al Congreso para la tramitación de la Ley de Presupuestos— el 31 de diciembre de 2024, se contabilizaron 390.229 cirugías en espera y 2.601.084 consultas de especialidad.

En comparación, a la misma fecha en 2023, las cifras eran de 333.579 cirugías pendientes y 2.401.560 consultas, lo que representó un aumento de 56.650 cirugías (16,98%) y 199.524 consultas (8,31%), respectivamente. Otro ejemplo del aumento se puede ver en la lista de espera quirúrgica mayor que en enero del 2022 acumulaba 235.970 usuarios y en enero de este año aumentó a 289.565.

Fuentes al interior del Minsal explican que el aumento está relacionado con la migración de más de 800 mil usuarios de Isapre a Fonasa, luego de la crisis por que atravesaron las aseguradoras privadas de salud. Además, agregan que el factor de envejecimiento poblacional juega un rol y el ausentismo laboral (a propósito de la polémica d las licencias médicas).

14. Reactivaremos la economía con las Mipymes, asegurando acceso a financiamiento directo y créditos garantizados, implementando medidas tributarias especiales como la postergación del IVA y la condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia, y acompañando su proceso de transformación digital.

El 7 de mayo de 2024 el Ministerio de Economía firmó, junto a representantes de MiPymes, el documento que oficializa la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico para MiPymes. Ahí, se establecen marcos normativos y regulatorios especiales, se abrieron nuevas oportunidades para el acceso al financiamiento, se promueve la actividad asociativa, se contribuye a capacitación y a mercados para encadenamiento productivo.

15. Impulsaremos una Ley Integral de Violencia de Género, que aborde la violencia más allá del actual concepto “intrafamiliar”, cumpla con los estándares de la Convención Belém do Pará y armonice las herramientas jurídicas para la erradicación, investigación, sanción y reparación.

En junio de 2024 se publicó la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género. Según datos entregados por el Ministerio de la Mujer, que encabeza Antonia Orellana, hubo más de 143 mil orientaciones entregadas en todo el país y 116 mil atenciones psicosociales realizadas en 2024. Además, se quintuplicó el número de representaciones jurídicas en comparación al año anterior.

16. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Garantizaremos el acceso a la anticoncepción en la atención de salud primaria (APS); ingresaremos un proyecto de ley para un modelo de Educación Sexual Integral, inclusiva y no sexista que construya un futuro sin violencia; y promoveremos una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina (mifepristona, misoprostol y AMEU).

El exministro de Educación Marco Antonio Ávila había buscado impulsar la agenda de la Educación Sexual Integral. Sin embargo, tras la llegada del ministro Nicolás Cataldo en 2023, se dio inicio a una reordenamiento de las prioridades de la cartera y dicho proyecto perdió la urgencia. Por otra parte, este miércoles ingresó el proyecto del aborto legal que comenzará su trámite esta semana.

17. Fortaleceremos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para que sea más activo en educar contra toda discriminación y combatir la violencia de género y capacitaremos a todos los funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género.

Si bien el Gobierno ha puesto en un puesto de relevancia el Ministerio de la Mujer, prueba de ello es que la ministra Antonia Orellana forma parte del Comité Político, y con ello ha avanzado en políticas de género, no han logrado capacitar a todos los funcionarios del Estado “para erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género”.

Según datos que entregó dicha cartera, “más de 57 mil funcionarias/os públicos fueron formados en materias de género entre 2023 y 2024″. Cifra que es inédita en términos de capacitación institucional, afirman desde el Gobierno.

18. Igualdad en la Diversidad: Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+ , con políticas de acceso al empleo, educación no sexista e inclusiva y fin a la discriminación en el acceso a la salud. Impulsaremos, en conjunto con las organizaciones que han levantado esta lucha, un proyecto de Cupo Laboral Trans para terminar con la exclusión y precariedad.

El Gobierno no ha hecho ingreso o anuncio sobre un Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+. Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, comentó a The Clinic que “lamentablemente estas medidas no se han cumplido, y por el contrario, se han registrado retrocesos. En torno a políticas de acceso al empleo no ha habido ninguna medida y en educación, algunas publicaciones del Mineduc no innovaron en nada en relación al pasado, pues fueron actualizaciones de textos que generamos con pasadas administraciones gubernamentales”.

19. Modificaremos la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, estableciendo el procedimiento administrativo como regla general.

El Gobierno no ha hecho una propuesta de modificación de la ley de identidad de género y ha mantenido sin cambios la que está vigente desde 2019. Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, declaró a The Clinic que “no ha existido ningún proyecto de ley o medida del Gobierno que avance en tal sentido y, muy por el contrario, determinaciones del Minsal, como la mencionada circular número 7, han venido a restringir derechos de los menores de 14 años”. De esa manera, explica Zúñiga, “se sigue manteniendo un ley que restringe el igualitario reconocimiento a la identidad de personas solo en virtud de su edad, lo que violenta el Interés Superior del Niño y su autonomía progresiva”.

20. Plan para disminuir el precio de la vivienda, robusteciendo el Banco de Suelo Público e implementando una Política de Suelos, impulsando la adquisición de suelo con fines habitacionales que respondan a un criterio de justicia y equidad urbana.

Si bien el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un Banco de Suelo Público y ha implementado una política de suelo junto al Ministerio de Vivienda, estos han funcionado para que el Estado adquiera terrenos y construya viviendas para reducir el déficit habitacional, más no ha sido una política dirigida para disminuir el precio de la vivienda.

Desde el Ministerio de Vivienda declararon que se ha renovado “la gestión de suelo y la consolidación el la consolidación de un banco de suelos ha sido fundamental, permitiendo enfrentar la especulación y los precios de los terrenos”. Sin embargo, la compra de estos terrenos ha estado enfocada en la política de emergencia habitacional.

21. Firmaremos el Acuerdo de Escazú sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental durante la primera semana de nuestro futuro gobierno. Además, llevaremos adelante un proceso de transformación de la Institucionalidad Ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.

El Presidente Boric, a menos de un mes en el cargo, adhirió a dicho acuerdo. Actualmente se está llevando a cabo de un cambio en la institucionalidad ambiental en cuanto a los permisos, sin embargo, no se ha generado una instancia gubernamental que s haga cargo específicamente de la escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.

22. Legislaremos para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por las y los Gobernadores Regionales.

El Gobierno no ingresó el proyecto. Por lo tanto, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sigue siendo liderada por el Delgado Presidencial de cada región. Luego de que desapareciera la figura del Intendente en 2021 se discutió respecto en la opinión pública sobre si el Gobernador Regional debería liderar o no la instancia, sin embargo, esa discusión no prosperó.

23. Garantizaremos el derecho humano al agua a través de una política nacional de seguridad hídrica, rehabilitación de servicios sanitarios rurales, gestión y recarga de acuíferos, fiscalización y uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales. Adicionalmente, generaremos acciones de colaboración con gobiernos regionales y comunales para establecer oficinas hídricas con énfasis en zonas de escasez y falta de programas de saneamiento rural.

El Gobierno no ha ingresado un proyecto de esta índole al Congreso. Conocedores explican que la idea fue desechada al construir el programa presidencial de segunda vuelta.

23. Anularemos la corrupta Ley de Pesca e impulsaremos una nueva legislación que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas.

El Gobierno ingresó un proyecto de ley que pretendía hacerse cargo de esta ley, sin embargo, tras críticas del mundo parlamentario tuvo que dividir la iniciativa en dos: la Nueva ley de pesca y la ley de fraccionamiento. Esta última, según parlamentarios, es la que apunta a corregir la “corrupta ley de pesca”.

Si bien se aprobó en la Comisión Mixta, el panorama se complicó para la rectificación en el Senado luego de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, revelara que el subsecretario de pesca, Julio Salas, entregó datos erróneos durante el trámite, lo que provocó que la oposición exigiera la renuncia del subsecretario y que reconsiderara la votación de dicho proyecto.

25. Trabajaremos por instalar 500 MW en sistemas de autogeneración de energía renovable no convencional distribuida en forma descentralizada, residencial y comunitaria. Esto implica construir una capacidad de generación -en este caso, distribuida- que duplique la capacidad de la última central a carbón aprobada en Quintero-Puchuncaví.

Desde el Ministerio de Energía informaron que, hasta mayo de 2025, se ha avanzado en la meta de alcanzar los 500MW de energía renovable instalados en generación distribuida, incluyendo sistemas unitarios y comunitarios. Según información oficial de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la capacidad instalada de generación distribuida para autoconsumo alcanzó los 358.380 MW, con 31.090 instalaciones registradas. Es decir, un avance del 71% de la meta.

26. Repararemos integralmente a todas las personas vulneradas en sus DD.HH a partir del 18 de Octubre, con énfasis en víctimas con daños físicos irreversibles, lesiones oculares y violencia sexual, incluyendo a las y los familiares de víctimas de homicidios.

La exsubsecretaria de Derechos Humanos de este Gobierno, Haydee Oberreuter, comentó a The Clinic que efectivamente el Presidente Boric la instruyó, como prioridad, a hacer un diagnóstico de las víctimas del estallido social para crear una comisión de reparación al respecto, cosa que se hizo, y se le entregó un informe al Ejecutivo en marzo del 2023 para que elaborara un proyecto de ley para crear una comisión de verdad. Sin embargo, la exsubsecretaria cuenta que La Moneda nunca elaboró un proyecto. “Eso no ocurrió”, dice.

La senadora Fabiola Campillai, quien también fue víctima de trauma ocular por agentes del Estado en el marco del estallido social, indicó a The Clinic que “durante la campaña de segunda vuelta, el entonces candidato Gabriel Boric pidió reunirse con sobrevivientes del actuar de agentes del Estado durante el Estallido Social”. Sin embargo, agregó la senadora, que el Gobierno “no cumplió ninguno de sus compromisos con las víctimas”.

27. Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos que respeten los DDHH y se subordinen al poder civil.

El Gobierno no refundó las políticas y, de hecho, se ha convertido en la administración que más recursos ha inyectado a las políticas desde el retorno a la democracia. La reforma a las policías, una reforma impulsada por el Ejecutivo que aún está en discusión, sigue en trámite en el parlamento y apunta a modificar tres dimensiones, según declaró Carolina Tohá, cuando era ministra del Interior: “Eficacia de la función policial, buen ejercicio de la función policial y mecanismos de probidad y transparencia”.

28. Conformaremos una Comisión Calificadora Permanente de DDHH que permita revisar las violaciones a los DDHH de la dictadura cívico militar, y un sistema de calificación de víctimas de DDHH desde el retorno a la democracia.

Hasta el momento no se ha conformado dicha comisión el Gobierno he realizado un anuncio en dicha materia. Haydee Oberreuter afirma que, hasta el momento “no se ha modificado o se ha avanzado respecto a una comisión calificadora permanente”.

29. Avanzaremos comprometidamente hacia una política de migración segura, ordenada, regular y respetuosa de los DDHH, ratificando el Pacto de Marrakech.

La agenda migratoria ha sido un permanente flanco para el Gobierno a propósito de la inmigración descontrolada. Luego de que el Gobierno estableciera medidas de seguridad más severas, como el Estado de Emergencia en las fronteras del norte del país, ha logrado frenar el alza de inmigración ilegal. Sin embargo, el Presidente Boric no ha ratificado el pacto de Marrakech al cual se hace referencia.

30. Vamos a construir 260.000 viviendas dignas para reducir el déficit habitacional y crearemos el programa “Abriguemos Chile” que realizará 400.000 reacondicionamientos térmicos para una reactivación económica verde, con generación de empleos, sentido de justicia y eficiencia ambiental.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, en su última entrega de viviendas, el 17 de mayo pasado, aseguró que “llevamos 193 mil terminadas y entregadas a las familias y hay 127 mil más en ejecución”. En caso de concretarse las viviendas en ejecución el Gobierno superaría la meta inicial y construiría 320.000 viviendas durante el mandato.

31. Crearemos un Sistema Nacional de Cuidados, para asumir con corresponsabilidad social los cuidados que hoy recaen fundamentalmente sobre las mujeres, bajo los principios de participación, universalidad, pertinencia local y cuidado comunitario. Tendrá como foco la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y personas cuidadoras.

En marzo de este año la Cámara aprobó el proyecto de ley que envió el ejecutivo para crear el Sistema Nacional de Cuidados denominado “Chile Cuida”. El recién pasado martes 27 de mayo, la Comisión de Familia del Senado aprobó dicho proyecto luego de que la sala d la Cámara le diera un respaldo transversal con 104 votos a favor.

32. Promoveremos la ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos.

El Presidente Gabriel Boric anunció en su Cuenta Pública pasada que aceleraría la tramitación del proyecto “muerte digna”, sin embargo, esta sigue sin avances en la Comisión de Salud del Senado.

Según explican parlamentarios, al proyecto se le ha retirado la urgencia en reiteradas ocasiones debido a que otros proyectos cobran mayor urgencia durante el tramite, por ejemplo, los proyectos relativos al uso fraudulento de licencias médicas y la reforma que fortalece Fonasa.

33. Garantizaremos el internet como un servicio básico, mejorando cobertura y estándares de calidad en todas las comunas del país, para que no haya más zonas rojas sin señal, en la periferia de las ciudades, ni tampoco en las áreas rurales y las zonas extremas.

El Gobierno publicó la ley que establece Internet como servicio público el jueves 4 de julio de 2024. Esta consagra “la conectividad digital como un derecho básico,”, lo que le permite al Estado más facultades para garantizar este derecho a la ciudadanía.

El proyecto aprobado, sin embargo, fue impulsado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y apoyado por la actual administración.

34. Ampliaremos el programa Chile Crece Contigo hasta los 14 años, corrigiendo sus actuales problemas de gobernanza y agregando un foco en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, además de incorporar la odontología dentro de sus prestaciones.

El Gobierno promulgó la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con lo que se extiende al ámbito de protección de Chile Crece Contigo hasta los 18 años.

35. Terminaremos con la lógica del SENAME, derogando la actual Ley de Subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, reformulando la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando principalmente las familias de acogida. Además, conformaremos una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los DDHH que hayan pasado por custodia del Estado.

El Gobierno no ha derogado la ley de subvenciones y tampoco ha terminado con el Servicio Nacional de Menores, pero sí ha creado una política de reparación de Buen Trato y de Reparación depara Menores víctimas a cargo del Estado.

36. Ley Integral contra la Violencia hacia la Niñez, que la proteja en el ámbito familiar, social, digital o estatal.

El Gobierno nunca ingresó dicha ley al Congreso. Sin embargo, promulgó la Ley de Garantías y Protección Integral, que establece expresamente el derecho a la protección contra todo tipo de violencia, a penas aterrizó en La Moneda en marzo del 2022. El enfoque, entonces, según comentaron desde el Gobierno, se centró en la implementación de esta política. Además, se avanzó con la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (2024-2032) que establece lineamientos que apuntan a una política de Protección frente a la Violencia ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes y la reparación de los daños que estos provocan en su desarrollo y bienestar. Para ello, se contempla un trabajo intersectorial en diferentes ámbitos o materias, vinculadas a la sensibilización, la prevención, el abordaje integral y la identificación de brechas legales.

37. Propiciaremos un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios, para acordar los términos de una restitución territorial que permita el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios.

El Gobierno no ha habilitado un espacio de diálogo plurinacional para acordar términos de restitución territorial. Sin embargo, sí ha avanzado en la restitución de tierras de algunos pueblos, como en Rapa Nui, por ejemplo, pero este no ha tenido un carácter plurinacional o integrado.

El esfuerzo que más se le asemeja es la comisión por la paz y el entendimiento que solamente abarca la problemática con el pueblo mapuche.

38. Descentralización sin letra chica: eliminaremos la figura del Delegado Presidencial por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores/as regionales electos/as, además daremos prioridad al traspaso de competencias hacia estos.

Actualmente los delegados presidenciales siguen ejerciendo sus funciones y no existe un debate concreto en el Congreso respecto a la desaparición de dicho cargo.

39. Inyectaremos 1.000 millones de dólares al Fondo Común Municipal, junto con una reasignación presupuestaria profunda de los recursos destinados a programas municipales, lo que nos permitirá establecer que ningún municipio en Chile perciba menos de $300.000 per cápita, reduciendo la brecha y la desigualdad territorial.

Tras la aprobación del royalty minero, el Gobierno de Boric ha logrado recaudar 1.350 millones de dólares anuales en régimen desde 2025. Del total de recaudación en régimen, 450 millones de dólares se destinarán para potenciar el desarrollo de las regiones. 

40. Duplicaremos el presupuesto del Ministerio de las Culturas, para llegar al 1% del Presupuesto Público y crearemos Puntos de Cultura en todo el país para que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes deportivos, organizaciones barriales y otros puedan articularse.

Durante la tramitación de la ley de Presupuestos del 2025, el Gobierno le asignó $481.288 millones al Ministerio de las Culturas, Artes y patrimonio, que representa en términos porcentuales la mayor variación positiva, con un 45,8%.

Si bien el alza fue calificada como histórica, según el Observatorio de Políticas Cultural, en términos reales, los recursos para cultura en relación al gasto público del Estado pasan de 0,4% a 0,5% del Producto Interno Bruto.

41. Aumentaremos los fondos para Investigación y Desarrollo a más del doble, con la meta de que Chile invierta un 1% del PIB.

Efectivamente el Gobierno creó un Fondo de Investigación para Universidades que “pavimenta el camino hacia el 1% en Investigación y Desarrollo. “Nuestro programa de Gobierno tenía el compromiso de avanzar hacia alcanzar una inversión del 1% del PIB en esta materia, y el diagnóstico que hicimos nos dice que sin fondos estructurales no es posible hacerlo, porque el tamaño del sistema no crece”, explicó la Ministra de Ciencias, Aysén Etcheverry., cuando se lanzó esta política.

42. Impulsaremos la mediana y pequeña agricultura reorientando los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materias de riego tecnificado y obras de infraestructura gris que hoy se llevan los grandes productores.

La ley de riego fue aprobada en el Congreso en agosto del 2023. En marzo de este año, a días del Día del Agua, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, detalló que La Comisión Nacional de Riego “ha bonificado 2.491 proyectos por $124.492 millones, beneficiando a 58.600 personas. Además, se han mejorado 240 kilómetros de canales, se han tecnificado 7.400 hectáreas e instalado 1.617 kW de capacidad eléctrica. En ese sentido, la bonificación para riego intrapredial subió del 35% en 2021 al 70% en 2024, con un avance en equidad de género: hoy el 51% de los proyectos individuales son liderados por mujeres, frente al 41% en 2021”.

43. Crearemos un Banco Nacional de Desarrollo que financiará la innovación y desarrollo de PYMES e iniciativas que apunten hacia un cambio estructural de nuestra matriz productiva, funcionando como un conglomerado financiero, con un gobierno corporativo especializado e independiente.

Este proyecto ingresó en mayo de 2024 titulado como Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide). Hoy se encuentra en segundo trámite, en el Senado, y en la Cámara contó con un respaldo transversal. Este nuevo organismo pretende darle acceso a créditos a proyectos de innovación tecnológica que, por su nivel de riesgo, no obtienen financiamiento en el sistema ordinario o lo consiguen con condiciones muy exigentes.

44. El transporte público será gratuito y no contaminante, a través del plan de Transporte Público Doble Cero (cero tarifa, cero emisiones), partiendo por pilotos en regiones. Nuestro horizonte es aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables, que gastan cerca de un 20% de sus ingresos en salir a trabajar, con un sistema de transporte gratuito, rápido, eficiente y ambientalmente amigable.

El transporte público no ha sido objeto de ninguna rebaja y, de hecho, ha aumentado su valor desde que asumió el Gobierno de Boric. Sin embargo, el Ejecutivo sí ha invertido en trasporte público limpio y ha hecho que Santiago sea la segunda ciudad en el mundo en tener más buses eléctricos en circulación. “Sólo para que hagan una idea: Toronto tiene 400 buses eléctricos, NY tiene 500, mientras que Santiago ya cuenta más de 2550”, dijo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en su cuenta de X.

45. Igualaremos la cancha para el fútbol femenino, con contratos y condiciones dignas de trabajo para las profesionales, además de promover que las ligas y competencias juveniles y femeninas accedan a subsidios e instrumentos de fomento deportivo contemplados en la Ley del Deporte.

Fue en abril de 2022, casi un mes después de que el Presidente Boric asumiera el poder, cuando publicó la ley que establece normas acerca de la obligación de las organizaciones deportivas profesionales de “celebrar contratos de trabajo con las mujeres futbolistas que integran su plantel, ello con la mira de profesionalizar la actividad del fútbol femenino y otorgar reconocimiento jurídico a las participantes en su relación laboral, además de adecuarla a la normativa aplicable a sus pares masculinos”. Es decir, que el trámite provenía de la administración anterior.

Con todo, no existe hoy una política que apunte promover que las ligas y competencias juveniles y femeninas accedan a subsidios e instrumentos de fomento deportivo. Desde el Ministerio del Deporte, sin embargo, destacaron que “en 2025 el 100% de los clubes de primera y segunda división cuentan con contratos a sus jugadoras”, según lo informado por la ANFP.

46. Socios, socias e hinchas serán protagonistas del rumbo de sus equipos deportivos, a través de un Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional, en donde quienes le dan vida al deporte tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo de sus clubes.

El proyecto se encuentra en el Senado, en segundo trámite y apunta a regular las sociedades anónimas deportivas profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. El impulsor de esta iniciativa, es el senador opositor Matías Walker (Demócratas)

El Ministerio del Deporte informó a The Clinic que efectivamente “se creó un mecanismo que contempla la asignación por proyectos para los clubes de primera y ascenso, que en 2024 se adjudicaron 13 proyectos por un total de $129.687.144”.

47. Avanzaremos en soberanía y seguridad alimentaria, proponiendo una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético, además de una política para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.

A través de un Decreto de Fuerza de Ley, el Ministerio de Agricultura resolvió que se reconociera la existencia de las semillas tradicionales o ancestrales y su contribución al desarrollo de sistemas alimentarios sustentables y a la seguridad para la soberanía alimentaria. Además, se resolvió que las orientaciones del decreto debían propiciar “la protección, conservación, intercambio y utilización sustentable de semillas tradicionales”.

Sin embargo, no se estableció una política de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.

48. Promoveremos una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos que, al incorporar el enfoque de ciclo de vida, permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal, la reducción de los desperdicios de alimentos, la regulación del uso de materia primas secundarias, políticas de ecodiseño, reglamentación de abonos y bionutrientes, reutilización de aguas residuales, la promoción de simbiosis industrial, la regulación de la obsolescencia programada y la participación efectiva de recicladores de base.

Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es una iniciativa vigente desde el 2016, pero fue puesta en marcha por este Gobierno en octubre del 2023. Hasta ahora, tras un año y medio de implementación se ha logrado más de 1.100 empresas adheridas, presencia en 42 comunas, cerca de 2.000 campanas instaladas y más de 1,3 millones de viviendas cubiertas. Sin embargo, aún está en trámite la ampliación de esta medida.

49. Ampliaremos el programa “Me conecto para aprender”, garantizando equipamiento informático en los hogares (y conectividad siempre que exista viabilidad técnica) a todos los estudiantes de la educación pública de cohortes que irán ampliándose paulatinamente (comenzando por 4º, 7º básico y 2º medio). También ampliaremos gradualmente el acceso a computadores.

Si bien el programa está vigente, no ha habido anuncio de la ampliación de esta iniciativa y tampoco se ha logrado garantizar el equipamiento informático en los hogares.

50. Promoveremos la creación de una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción

La Empresa Nacional del Litio forma parte de la Estrategia Nacional del litio que anunció el Gobierno de Boric en abril de 2023, Se pretende que Codelco, junto a otras empresas privadas lleven adelante la explotación de este mineral y en un futuro se crea una empresa nacional. Sin embargo, esta está sujeta a la aprobación de el Congreso y el Ejecutivo aún no ingresa el proyecto de ley.

51. Implementaremos la entrega de medicamentos a domicilio para enfermedades crónicas, comenzando por las personas mayores para gradualmente extender este servicio a todos los usuarios de la red de Atención Primaria.

El Gobierno no hizo la implementación de dicha política. Sin embargo, hay entidades que realizan este servicio, pero no por una iniciativa gubernamental, como por ejemplo el Hospital Clínico de La Florida y la Municipalidad de Las Condes.

52. Implementaremos un programa de expansión de al menos 60 mil cupos de educación inicial, principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas.

Si bien el Gobierno lazó la Hoja de Ruta de la Educación Inicial 2022-2026, en julio de 2022, en definitiva fue un documento donde se plasmaron los lineamientos del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, así como también 11 medidas para avanzar en su cumplimiento. Sin embargo, hasta ahora no se han comunicado los avances de esta política.

53. Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y que sea el Estado el que persiga al deudor.

La “Ley Papito Corazón”, o Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, se aprobó en el Congreso 2022 y entró en vigencia en mayo de 2023. La regulación busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentaria y faculta a los tribunales a investigar el patrimonio de los deudores de pensiones alimenticias y a acceder a sus cuentas bancarias y otros instrumentos financieros para asegurar el pago de las deudas. Recientemente, el Minsiterio de La Mujer informó que, a dos año de entrada en vigencia la ley los Tribunales de familia han ordenado pagar $2.496.135.793.791. Es decir, un monto que similar a lo que hubiesen recolectado de 52 campañas de la Teletón.