Orrego contra las cuerdas: cuál es el proceso para destituir a un gobernador y la vía por la que apuesta el Partido Republicano para lograrlo

Si el ambiente ya no era calmo en el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, a partir de lo que han sido revelaciones por el Caso ProCultura, ayer miércoles se volvió a tensionar la institución, luego de que la Contraloría detectara irregularidades en los gastos públicos de seis gobiernos regionales, entre 2021 y 2024, donde se incluía la institución que comanda Orrego.

El órgano contralor dio cuenta de que en el Gobierno de Santiago en 2024, año de las elecciones municipales y de los gobiernos regionales se gastaron cerca de $150 millones en servicios cuestionados. Entre ellos se incluyeron supuestas clases de coaching que fueron objetadas por la Contraloría, las que, señalaron, se abordaron explícitamente temáticas de “riesgos y acciones relacionadas a la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional para su reelección“.

El asunto no se quedó solo encapsulado a Contraloría, que abrió un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades administrativas, sino que el órgano también remitió los antecedentes al Ministerio Público para que tome conocimiento y actúe según los “fines pertinentes“.

Por otra parte, consejeros regionales que representan a la oposición buscan escalar el caso. Así lo manifestaron algunos cores que lideraron un punto de prensa en la sede del Partido Republicano. Allí, aseguraron tener un acuerdo con sus pares de RN y la UDI para pedir la destitución de Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

“Aquí eventualmente hay una malversación de recursos, hay asignación de recursos que no están en los procedimientos que la ley o el mismo reglamento que tiene el gobierno regional indica”, señaló la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado.

Las vías de destitución de un gobernador regional y el tercio que busca la oposición

La ley 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales, es la que especifica las formas en las que cesará de su cargo la autoridad regional. Es el artículo 23 en el que se comentan los requisitos para alcanzar esa acción.

Son siete las razones que se enumeran: pérdida de calidad de ciudadano; incapacidad psíquica o física; incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono de deberes; renuncia por motivos justificadas por el consejo regional; inhabilidad sobreviniente; ser declarado culpable en virtud del procedimiento de acusación constitucional; y haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

En gran parte de esas razones quien debe tomar una decisión es el Tricel. Así al menos lo hace en la de la pérdida de ciudadanía, la incapacidad psíquica o física, la inhabilidad sobreviniente, o la contravención grave al principio de probidad administrativa.

Sin embargo, mientras en la de pérdida de ciudadanía el Tricel puede actuar por sí solo, para el resto se necesita que el tribunal sea requerido por, a lo menos, un tercio del consejo regional respectivo para iniciar la acción.

Es ahí donde cobra relevancia el acuerdo que notificaron los republicanos con las bancadas de la UDI y RN. La bancada republicana en el Consejo Regional Metropolitano tiene a 8 representantes. Pero, la oposición en su conjunto cuenta una mayoría abrumadora: 21 representantes. Para alcanzar el tercio requerido por la ley se necesitan 12 apoyos, por lo que, dicen en el sector, el acuerdo para presentar la destitución sería un “trámite”.

Ofensiva republicana contra Claudio Orrego

El jefe de bancada de los republicanos en la Cámara, Cristian Araya, fue severo al afirmar que, tras un trabajo conjunto entre diputados y consejeros regionales, se diera cuenta de que había irregularidades encontradas por ellos en la Corporación Metropolitana durante 2021 y 2024, cuando, señalaron, Carolina Tohá y Alberto Larraín eran directores de la corporación.

“Al hacer zoom vemos que hay más de $3 mil millones entregados por trato directo. Con un segundo clic vemos que hay más de $1.600 millones entregados a empresas por confianza. La única razón es la confianza en estos proveedores. Claramente esto abre un mar de dudas, y al seguir investigando nuestros consejeros regionales detectan cambios de criterio en la forma y en los estándares para poder traspasar los recursos“, dijo Araya.

El jefe de bancada de los republicanos en el consejo regional metropolitano, Ignacio Dülger, también mantuvo una postura crítica contra la administración de Orrego, al afirmar que era una “responsabilidad” que los consejeros de oposición acudieran al Tricel para iniciar el proceso de destitución.

En todo caso, la medida no se quedaría solo allí. Dirigentes de la tienda también dieron a conocer que el equipo jurídico del partido se encuentra evaluando los antecedentes y que era altamente probable la presentación de una querella penal en contra del gobernador Orrego, donde dijeron que se estaban viendo “el fondo” de todas las vías de acción.

En la UDI quedó manifiesta la afinidad con la idea de acudir al Tricel. Al menos así lo expresó el consejero regional Álvaro Bellolio (UDI), quien dijo que en el pleno que tendrán el próximo miércoles 11 de junio se le pedirá al gobernador que entregue explicaciones por lo declarado por Contraloría y haga entrega de las actas de los servicios contratados.

“Vamos a analizar todas las opciones disponibles, ya sea cooperar con la Contraloría, ver qué ocurre en el procedimiento fiscal o incluso, si es necesario, hasta ir al Tricel para tratar de generar justicia en este proceso y aclarar la información”, selló.