El venezolano que cavó un túnel y logró ingresar a base militar en Iquique: Corte Suprema confirmó orden de expulsión y prohibición de ingresar al país por 20 años

El 25 de julio de 2024, a eso de las 10 de la mañana, un hombre venezolano de 23 años -que se encontraba de manera irregular en el país- realizó una excavación por debajo del portón de emergencia de la Base Cavancha de la Fuerza Aérea, en Iquique. Una vez dentro del recinto, soldados de la base lo sorprendieron y pasó a control de detención por estar dentro de una instalación militar sin autorización. Evitó la cárcel, pero fue condenado a pasar un año en un Centro de Reinserción Social.

En marzo de este año, el Servicio Nacional de Migraciones ordenó su expulsión. Y le prohibió ingresar al país por 20 años. La decisión se basa en su ingreso irregular a Chile en 2023 por un paso no habilitado. Además, ya tenía una condena por el delito de por porte de arma cortante.

A su vez, la determinación tomó en consideración que el ciudadano venezolano “padece una condición psicológica compleja, agravada por la dependencia a sustancias, situación que requiere tratamiento especializado y lo mantiene en situación de calle”.

Asimismo, el informe de la PDI acredita que el ciudadano venezolano no ha acreditado vínculos familiares, laborales ni sociales relevantes en el país, ni contribuciones de tipo social, cultural o económico. En tanto, el Servicio Nacional de Migraciones señaló que se notificó el inicio del procedimiento de expulsión por carta certificada. Y se le otorgó el plazo legal para presentar descargos, pero no ejerció su derecho.

Corte Suprema confirma la expulsión del ciudadano venezolano

En respuesta a la orden de expulsión, el ciudadano venezolano sostuvo no se le otorgó el plazo legal para formular descargos ni se le notificó personalmente, lo que impidió su defensa adecuada. Además, denunció falta de fundamentación suficiente, pues no se consideraron circunstancias personales relevantes como su condición psicológica compleja, dependencia de sustancias, situación de calle, tiempo de residencia, y la inexistencia de infracciones reiteradas.

En esa línea, la defensa del hombre que había entrado de manera irregular al país, aseguró que se infringió el principio de legalidad, y que hubo desviación de poder al usar una condena penal ya cumplida para imponer una sanción administrativa adicional. Por lo tanto, solicitó ante la Corte de Iquique que se deje sin efecto la orden de expulsión.

Pero el tribunal rechazó la reclamación, y concluyó que el procedimiento del Servicio Nacional de Migraciones se realizó de manera apropiada, ya que se notificó al reclamante mediante carta certificada y no presentó descargos dentro del plazo otorgado.

Además, la Corte de Iquique determinó que la expulsión se basó en el ingreso clandestino y en la existencia de dos condenas penales, por porte de arma cortante y por ingreso a recinto militar sin autorización, sin que la medida resulte desproporcionada o ilegal como reclamaba la defensa.

En tanto, la Corte Suprema confirmó la expulsión dictada por la Corte de Iquique, que rechazó la reclamación del ciudadano venezolano.