La advertencia de experto sobre reconocimiento facial en el transporte: “Tiene un alto potencial de convertirse en una herramienta de control social”

El recorrido 406 del Transporte Público Metropolitano comenzó la implementación de un plan piloto para el pago del pasaje con reconocimiento facial. Con dicha tecnología se planea dejar atrás el pago con la tarjeta Bip! y el QR, sin embargo, expertos alertaron sobre su uso.

El sistema funciona a través de una cámara instalada en la cabina del conductor, la que está conectada a un computador. Este tiene un sistema que puede detectar la cara del pasajero con un 98% de efectividad. Desde el Ministerio de Transportes aseguraron que con esta tecnología se busca frenar el mal uso de beneficios tarifarios como el de los pasajes de adulto mayor y escolares.

Dicha medida actualmente se encuentra funcionando en cinco buses y el plan contempla extenderlo a 10 para ampliar la capacidad de alcance de esta tecnología y evaluar su efectividad. Sin embargo, algunos plantean sus reparos al uso del reconocimiento facial.

Los principales riesgos del reconocimiento facial en el espacio público

El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Claudio Álvarez, recordó que Chile cuenta con una nueva Ley de Protección de Datos Personales que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026. “Es fundamental que la ciudadanía se informe desde ya sobre estos derechos, y esté preparada para exigir su cumplimiento una vez que la ley entre en plena vigencia“, señala. Además, explica que si esta tecnología se instala en la totalidad del transporte, es indispensable que se alinee con los principios constitucionales vigentes.

“La implementación anticipada de tecnologías intrusivas sin garantías adecuadas puede ser jurídicamente cuestionable, y debe contar al menos con base legal clara, consentimiento explícito, evaluación de impacto y control público efectivo. Si no cumplen con estas condiciones, su uso debería suspenderse o desactivarse”, recalca el académico. “El uso de reconocimiento facial para pagar el transporte público plantea riesgos significativos para los derechos fundamentales. Aunque se trate de un espacio público, la imagen facial es un dato biométrico sensible según la nueva ley, y su tratamiento requiere consentimiento expreso”, afirma.

Asimismo, Álvarez sostiene que “la vigilancia invisible y automatizada puede generar efectos inhibitorios en el comportamiento de las personas, erosionando libertades como la reunión o expresión. Además, los sistemas de reconocimiento facial arrastran sesgos de precisión que podrían afectar desproporcionadamente a ciertos grupos. Existe también el riesgo de reutilización indebida de los datos, filtraciones de bases sensibles y una preocupante normalización de la vigilancia. Si no se asegura una base legal clara, evaluación de impacto, transparencia y garantías técnicas y jurídicas, esta tecnología puede vulnerar más derechos de los que pretende facilitar”.

“Su uso solo debería permitirse en situaciones excepcionales”

Consultado sobre los límites que debería tener el uso de esta tecnología por parte de las policías o el gobierno, el académico indicó que este “debe estar estrictamente limitado para proteger los derechos fundamentales de las personas. Según la Ley 21.719, la imagen facial es un dato biométrico sensible y su tratamiento requiere una base legal clara, proporcionalidad y salvaguardas efectivas. Su uso solo debería permitirse en situaciones excepcionales, justificadas por una finalidad legítima como la prevención de delitos graves. Siempre con control judicial o supervisión independiente.

“Debe evitarse su implementación masiva o indiscriminada, especialmente en protestas o contextos de vigilancia política. La ley exige además una evaluación de impacto en protección de datos cuando se trata de monitoreo en espacios públicos. Los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos de acceso, oposición y supresión. En ausencia de estos límites y garantías, el uso estatal de esta tecnología puede derivar en prácticas autoritarias y discriminatorias”, añade Álvarez.

Con respecto a lo anterior, el académico advierte que “el reconocimiento facial tiene un alto potencial de convertirse en una herramienta de control social si no se regula estrictamente. A diferencia de otras tecnologías, permite identificar y seguir a las personas sin que lo sepan, en tiempo real y a gran escala. Esto lo hace especialmente atractivo para fines de vigilancia estatal, pero también riesgoso. En contextos donde falta transparencia o control ciudadano, su uso puede derivar en monitoreo masivo de la población”.

“Incluso en democracias, si se normaliza sin límites claros, puede crear un entorno en que las personas internalizan que siempre están siendo observadas, lo que afecta su autonomía y libertad”, plantea.

“Debe evitarse la normalización de la vigilancia permanente”

Álvarez llamó a la ciudadanía a exigir “que su identidad biométrica —como el rostro, la huella digital o el iris— sea tratada con el máximo nivel de resguardo, pues son datos sensibles e irreemplazables. Primero, debe demandarse consentimiento expreso y libre antes de cualquier uso, conforme a lo que establece la Ley 21.719. Segundo, es clave exigir transparencia: quién recolecta los datos, con qué finalidad, por cuánto tiempo y con qué medidas de seguridad. Tercero, se debe requerir que toda implementación de tecnologías biométricas incluya una evaluación de impacto en derechos fundamentales y sea supervisada por un organismo independiente”.

“Las personas deben poder ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y supresión. Por último, debe evitarse la normalización de la vigilancia permanente: la ciudadanía tiene derecho a moverse por el espacio público sin ser monitoreada ni perfilada sin causa legítima ni control democrático”, agregó.